Para las élites empresariales, la clase política especializada en el manejo de la cosa pública representa un actor pobremente modernizado, muy vulnerable a la corrupción, populismo, prebendalismo y sin ninguna visión de largo plazo en la gestión gubernamental. Esta desconfianza hacia la clase política tradicional hizo que los empresarios imaginen un modelo de economía privatizador, utilizando el discurso de “dejar atrás el manejo ineficiente” y benefactor del Estado.
El empresariado se pensó a sí mismo como un agente modernizador en América Latina creyendo superar los problemas estructurales del sistema de partidos políticos y argumentando tener una sólida formación profesional obtenida, muchas veces, en el extranjero, junto con múltiples nexos en el entorno económico de la globalización.
Luego de 36 años de democracia (1985-2021), esta imagen contrasta con el surgimiento de conflictos tremendamente destructivos, desatados a consecuencia de la presencia de los empresarios en Venezuela, Ecuador, Bolivia, Paraguay y Argentina, quienes demostraron ser un actor anacrónico que utilizó el aparato estatal para mejorar su posición en los negocios, sin aportar mucho a la administración pública, en la que nuevamente brotaron los escándalos de corrupción y enriquecimiento ilícito a costa de recursos públicos.
Una redistribución de roles dentro del sistema político latinoamericano intentó colocar a la élite empresarial al lado de la vieja clase política para corregir los errores del Estado patrimonial. Los parlamentos mantuvieron su carácter esencialmente político con los partidos políticos a la cabeza, mientras que los Poderes Ejecutivos quedaron, durante la década de los años noventa, bajo el liderazgo de algunos empresarios que trataron de fomentar un órgano eminentemente técnico y profesional.
El ideal era lograr una complementariedad entre los dos sectores, sobre todo para los fines de gobernabilidad y aplicación de la privatización. Todo fracasó porque no se modificaron las prácticas políticas, sino que se reprodujeron las actitudes rentistas y los efectos del poder para favorecer negocios en forma particular, dejando postergada la integración social y el combate a la desigualdad.
Ni el trabajo de la clase política tradicional ni el administrativo encargado a los empresarios fueron, en sí mismos, suficientes para modernizar los Estados latinoamericanos; en muchos casos, las experiencias demostraron ser contraproducentes y destructivas. El hecho de que las élites empresariales controlaran el poder no quiso decir que fueran exitosas. Los empresarios pueden estar dotados para el manejo administrativo en el ámbito privado, pero la gestión del gobierno era un escenario político, descubriéndose que el empresariado sesgó sus posibilidades y oportunidades: sus decisiones no fueron puramente técnicas, sino que en el espacio gubernamental priorizaron su fortalecimiento como clase, alejándose de los ideales democráticos de equidad para el desarrollo humano. Es más fácil que atraviese un camello por el ojo de una aguja que ver el liderazgo de los empresarios orientado hacia la promoción y consolidación de un modelo de democracia que priorice la igualdad de oportunidades para erradicar la pobreza en América Latina.
Si bien las decisiones gubernamentales son políticas y técnicas simultáneamente, el Estado en manos de las élites empresariales representó un factor de “organización hegemónica” tendiente a la perpetuación de las desigualdades socioeconómicas, en la medida en que el bloque empresarial en el poder no puede asegurar la dominación sino en virtud de la combinación efectiva entre la técnica de hacer dinero a costa del poder y el ejercicio de un conjunto de acciones políticas para ampliar más las brechas entre las élites económicas, clases medias y sectores pobres.
Si el Estado constituye un factor de unidad política del bloque en el poder bajo la égida de la clase o fracción dominante; entonces los empresarios, como gobernantes, sesgaron sus decisiones y acciones, marginando la calidad de la democracia en América Latina, de tal forma que los intereses económicos empresariales ingresaron en una profunda polarización con los intereses democráticos de otras clases sociales pobres y grupos indígenas, evitando que puedan modificarse las orientaciones oligárquicas en los regímenes democráticos. Los empresarios en el poder constituyen una odiosa marca de desigualdad y un abuso utilitario que agujerea la democracia y tiende a estimular su naufragio.
Franco Gamboa Rocabado es sociólogo
