Incluyendo todas su actualizaciones, enmiendas, modificaciones y sustituciones procedimentales, los juicios de responsabilidades tienen antecedentes remotos en Bolivia, pero los antecedentes de autoridades que gozan del beneficio de caso de corte fueron verdaderamente contados; tan pocos, que hubo solo dos casos en que el antiguo Congreso Nacional se pronunció por una acusación, y de ellos, solo uno mereció una sentencia condenatoria dictada por la Corte Suprema de Justicia.
Aunque técnicamente fue el año 1984 en que la comisión mixta de ambas cámaras dictó auto inicial de la instrucción, tuvieron que transcurrir dos años para que el Congreso Nacional, hace cuarenta años, el 25 de febrero de 1984, dictara el auto de Procesamiento en contra del dictador Luis García Meza por un paquete de hechos ilícitos en que su gobierno incurrió en su fugaz paso por la asaltada Presidencia, con penas que oscilaron entre los dos años de privación de libertad para otros autores y cómplices conformantes del régimen, hasta los treinta años de reclusión sin derecho a indulto para el principal autor de una de las mayores tiranías que se registraron en la historia nacional.
El país desterró felizmente ese tiempo de las bravatas militares, de los cuartelazos y las asonadas (salvo una grotesca puesta en escena de golpe de Estado de hace aproximadamente un año y medio), esa etapa que, con intervalos, por lo menos dos generaciones no tienen constancia, y por tanto ni recuerdo de sus catastróficas consecuencias. Casi de inmediato se ha inaugurado otro periodo político en el país. La democracia formal ha tomado el lugar del siniestro García Meza, que pretendía quedarse veinte años en el poder ilegítimo y de terror; cierto, con un sistema democrático incipiente y unas instituciones débiles, producto de un hibridismo que ha permitido, bajo el velo del voto del soberano, cometer no menos agravios al sistema, a los derechos individuales, al erario, a la ética, a la moral y a todo valor consagrado en la Constitución de 1967 y la que tenemos vigente.
Democracia a media máquina, diríamos en consecuencia. Porque, después de exactamente cuarenta años de haber iniciado el juicio de responsabilizadles contra Luis García Meza, hubo varios presidentes constitucionales a los que se debe someter a procesos semejantes. Evo Morales, Jeanine Áñez y Luis Arce Catacora, habiendo accedido a sus mandatos en acuerdo con la Constitución Política de Estado, rápidamente tergiversaron su papel, para convertirlo en un botín para enriquecer a centenares de personas, y en más de un caso para enriquecerse personalmente.
Se sostiene que, si en un país democrático no impera la ley, realmente no es una democracia plena, y estoy absolutamente de acuerdo con esa postura, porque ¿de qué democracia podríamos hablar si los crímenes se cometen amparados en la impunidad que da el poder? La historia de Bolivia registra incontables hechos de corrupción perpetrados por presidentes y vicepresidentes, pero insólitamente, cuando sobrepasamos los 200 años de vida independiente, solo dos fueron sometidos a juicio de responsabilidades; y los antecedentes enseñan que solo dos casos se instauraron contra expresidentes de la república. El uno contra Hilarión Daza, que quedó a medio camino por el asesinato de este cuando volvía al país para asumir defensa, y el otro contra Luis García Meza y que fue el único que alcanzó una sentencia.
Los precedentes arriba relacionados a cualquier cándido boliviano le harían pensar que acá el ejercicio de la política, pero muy particularmente el desempeño del poder, son una taza de leche, cuando, salvo excepciones, los gobiernos hacen estragos la economía que, por la misma razón, es pobre; por lo que cualquier iniciativa de enjuiciar bajo la modalidad reservada únicamente a las altas autoridades del Estado, queda estancada en instancias como el Ministerio Público o la Asamblea Legislativa Plurinacional, pues el resorte de los compromisos políticos y las lealtades al caudillo determinaron que muchos de los presidentes que ya no están entre nosotros merecieran terminar sus días encerrados en una cárcel. Y algunos de los que todavía están con vida tendrían que correr la misma suerte.
Han transcurrido cuarenta años desde el auto de procesamiento del primer juicio de responsabilidades que obtuvo una sentencia condenatoria, pero acuerdos políticos siempre dudosos evitaron la instauración de otros juicios, y como ocurre en todos los tiempos, el Ejecutivo también es cómplice o encubridor de graves delitos que tendrían que ser investigados en un juicio de responsabilidades, obviando deliberadamente la aportación de pruebas que podrían poner en incuestionable evidencia la comisión de muchos delitos.
Augusto Vera Riveros es abogado
