Parece una manifestación o un bloqueo. Al ingresar cualquier lunes, desde el norte amazónico y los Yungas con la ciudad de La Paz, el turista se topa con cuadras llenas de bultos de coca dispersos por veredas y calzadas; camiones y buses parqueados en doble fila; carretillas de diversos tamaños y formas; gente sin barbijos, caminando apresurada ofreciendo o comprando la mercadería; vendedoras de mates o jugos de linaza; cargadores. Gritos, muchos gritos.
El recorrido en la ruta Kalahahuira que normalmente consume de cinco a diez minutos puede durar entre una hora a dos horas, sobre todo si alguno de los transportistas decide detenerse para bajar las decenas de bolsas de yute con el oro verde que valdrá más cuando se vuelva oro blanco.
Una fila de policías bien armados vigila el negocio, mientras transitan hacia galpones algunos campesinos con abarcas, muchas mujeres cargando criaturas, y otros hombres con rostros con cicatrices, sin tapabocas, algunos con los típicos pasos de la embriaguez. Fajos de dinero.
Así es en este 2021 el mercado de venta de coca en La Paz, después de los continuos asaltos al mercado legal de Villa Fátima de militantes del Movimiento Al Socialismo, con apoyo del gobierno. El edificio de Apdecoca, que supuso un orden con control social de las organizaciones de los cocaleros yungueños, está ahora cercado.
Al no poder tomar las instalaciones, los masistas protegidos por la policía usada por ese partido político, han creado un mercado ilegal callejero, donde nadie sabe quién, cómo, cuánto vende de coca y, sobre todo, a quiénes y para qué.
El afán del presidente Luis Arce por seguir las líneas del dirigente cocalero del Chapare, Evo Morales Ayma, ha desencadenado el caos, la injusticia, la disputa entre hijo y padre, entre coripateño y coroiqueño, entre hombres y mujeres y ha hundido la legalidad de la venta de la coca yungueña tradicional. Además, con latente violencia cada jornada.
Así como la venganza por los hechos de noviembre de 2019 destruye la institucionalidad policial y militar, también se encarga de anular a las dirigencias sindicales elegidas por sus bases. Antes, el MAS encarceló al líder yungueño Franklin Gutiérrez al punto de no permitirle ni siquiera asistir al entierro de su guagüita de cuatro años; ahora persigue a todos los dirigentes que no obedecen al partido.
En el otro extremo de la ciudad, en la sede de la que fue orgullo de la industria nacional, Fábrica de Tejidos SAID, los cocaleros afines al MAS construyeron galpones de ladrillo visto para almacenar coca. En ese momento los respaldó el gobernador César Cocarico. Aquella construcción hermosísima y cálida que albergó al proletariado ilustrado paceño fue convertida en feria de ropa usada y de coca ¿legal?
Arce visitó Coripata esta última semana. Prometió obras azules si votan por el MAS y sus aliados. ¿Qué obras? ¿Cómo llegaría, en helicóptero o en vehículo? Si pasó por la carretera habrá comprobado que 15 años después de anuncios, bombos y cintas, el camino sigue de tierra, con puentes en mal estado y los carteles con Evo prometiendo progreso para la zona desaparecieron, porque nada se cumplió. En cambio, se han multiplicado los vehículos chutos que se convierten en chatarra junto a las naranjas y mandarinas que se pudren bajo los últimos árboles frutales.
El No Estado tiene en los Yungas paceños un triste ejemplo. Aquella tierra que era la gran productora de coca, café, tabaco, cítricos, arroz, chocolate y que dinamizaba la economía regional, hoy es apenas una sombra.
Lupe Cajías es periodista
