Bolivia necesita inversiones para poder superar la profunda crisis económica que atraviesa. Como muchos expertos han señalado, parte de la solución de esta crisis pasa por atraer inversión extranjera en distintos sectores de la economía. El país ya tiene experiencia en este ámbito. Desde 1986 los gobiernos llamados «neoliberales» promovieron, con acierto y compromiso patriota, el ingreso de inversiones extranjeras en diversos rubros. Esto dio lugar al incremento de la producción y exportación de gas y al crecimiento de otros sectores, como la minería y el agro.
La inversión extranjera requiere de un marco jurídico adecuado, con normas internacionales e internas que, además de motivar, otorguen seguridad jurídica, tanto a los inversionistas como al país receptor de las inversiones.
A partir del Consenso de Washington se impuso un modelo económico impulsado por organismos multilaterales, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Bajo ese paraguas, a nivel mundial, se promovió la firma de Tratados Bilaterales sobre Inversiones (TBIs), llamados también Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRIS). Según informe de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), la totalidad de los países del orbe suscribieron cerca de 2.300 TBIs, incluso aquellos países con gobiernos críticos a las políticas de los organismos financieros, como China, que suscribió 129 TBIs, Rusia 64 APPRIS, Cuba 51, Irán 61, entre otros.
Los TBIs o APPRIS son acuerdos concertados por dos Estados con el objeto de promover y proteger recíprocamente las inversiones de nacionales de un Estado contratante en el territorio del otro Estado contratante. Entre 1987 y 2002, Bolivia suscribió 23 TBIs con países de diversos continentes y adecuó su marco normativo a ese propósito, bajo cuyo amparo muchos inversionistas extranjeros invirtieron en Bolivia.
Los TBIs no deberían ser satanizados como lo hicieron el MAS y los activistas radicales detractores de la inversión extranjera, puesto que la matriz jurídica de dichos tratados guarda armonía con importantes instrumentos internacionales que protegen los derechos de los Estados soberanos, como es la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, aprobada mediante Resolución 3281 de la AG de las Naciones Unidas, cuyo texto establece que “los Estados tienen plena soberanía para dictar medidas de nacionalización o de expropiación, siempre que paguen una compensación apropiada, teniendo en cuenta sus leyes y reglamentos aplicables y todas las circunstancias inherentes a esa medida”.
Esta disposición concuerda con la Resolución 1803 también de la AG de las Naciones Unidas relativa a la “Soberanía Permanente sobre los Recursos Naturales” que protege el derecho de los Estados a gozar, disfrutar y disponer de manera libre y soberana de la propiedad de sus recursos naturales.
Desde 2006, inicio del ciclo del MAS, la política de apertura a la inversión extranjera cambió totalmente. La Constitución Política promovida por el MAS y aprobada el año 2009 introdujo regulaciones que además de desincentivar la inversión extranjera abrieron espacio para denunciar los TBIs, prometiendo una renegociación posterior que nunca se concretó.
En esa lógica de estatizar la economía, el gobierno de Evo Morales inició el proceso de nacionalizaciones y expropiaciones de las inversiones gestionadas por los gobiernos que le precedieron. Estas medidas contra la inversión extranjera generaron millonarias pérdidas que aún no han sido cuantificadas, producto de malas negociaciones, arbitrajes deficientemente administrados y/o permeabilidad en la burocracia gubernamental.
En coyunturas así, lamentablemente, las empresas nacionalizadas o expropiadas con frecuencia realizan peticiones desmedidas, amparadas en la dilatada noción de inversión, buscando retribuciones que no son reales, lo que frecuentemente deriva en demandas arbitrales que solicitan compensaciones millonarias por pago de la inversión revertida, daños y perjuicios ocasionados, presunto lucro cesante, daño emergente y costas del proceso arbitral.
Respecto a los arbitrajes que enfrentó el Estado boliviano recordemos que la Ley 1770 de Arbitraje y Conciliación aprobada el año 1997 fue abrogada por el MAS y sustituida por una nueva ley (708) que incorpora una cláusula que permite evadir la obligación de transparentar los arbitrajes sobre inversiones.
Lo que la norma internacional (CNUDMI) estableció como una regla (transparencia y publicidad en los arbitrajes sobre inversiones) el MAS lo legisló como una excepción facultativa al interés político de la burocracia. Está claro que el objetivo fue evitar que el ciudadano boliviano conozca información sobre los arbitrajes internacionales que se instauraron contra el Estado a raíz de las nacionalizaciones.
De ese modo, se guardó en calidad de secreto de Estado toda la información sobre los arbitrajes, vale decir: montos demandados, indemnizaciones pagadas a los inversores, multas, daños y perjuicios, honorarios de los árbitros, costas, etcétera. Recordemos algunos controvertidos arbitrajes: Entel (Eti Euro Telecom), Guaracachi SA (Rurelec), Quiborax, Pan American Energy, South American Silver, Red Eléctrica de España (REE), Jindal y otros.
Con su retórica antineoliberal también denunciaron el Convenio Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) argumentando que al ser el CIADI una agencia del Banco Mundial era enemiga de los países receptores de Inversión. Nada más falso, ya que la UNCTAD ha proporcionado datos que dan cuenta que, en la mayoría de los casos de arbitraje, el CIADI rechazó las pretensiones de las empresas inversoras.
Las nacionalizaciones dispuestas por el gobierno del MAS no reportaron beneficio alguno para el Estado; sino, más bien, millonarias pérdidas derivadas de las mencionadas demandas arbitrales. Este desastre, que afectó severamente a la economía de Bolivia, no inmutó a Evo Morales ni a su ministro de Economía, Luis Arce Catacora, ya que los costos de los arbitrajes se solventaron con la ganancia que para entonces reportaban los contratos de gas y las exportaciones gestionadas durante los gobiernos llamados neoliberales. Claro, ¡el que no trabaja no sabe lo que cuesta! Los frutos del trabajo y esfuerzo de los neoliberales los disfrutó y los malgastó la dirigencia socialista del MAS.
Habrá que empezar de nuevo y para enfrentar la grave crisis económica que nos agobia debemos gestionar inversión extranjera eficiente y confiable. Para ello el nuevo gobierno deberá mostrar un país con estabilidad política, eficiente gobernabilidad, instituciones públicas sólidas e incorruptibles, garantías y seguridad administrativa, jurídica y judicial; es decir un país con un Estado de Derecho pleno, saneado y atractivo para las inversiones.
Karen Longaric fue ministra de Relaciones Exteriores de Bolivia.
