Existe un contraste excesivo entre los optimistas pronósticos económicos del Gobierno y las medidas prácticas que adopta e impulsa. Los mayores desencuentros entre expectativas y hechos se encuentran en la escala y origen de la deuda pública y en la magnitud presente y la proyección de los ingresos nacionales.
En cuanto a la deuda, que este año requerirá un desembolso de prácticamente 26.000 millones de Bs (3.714 millones de dólares) y 28.000 en los dos años siguientes, según cifras oficiales, el problema mayor radica en que no estamos pagando por unos recursos que hayan incrementado nuestra capacidad productiva, sino por una carga que solo tiene aptitud para reproducirse y hacerse crecientemente pesada.
Me refiero a que una parte sustancial de las obligaciones que todos pagamos, se destinó a emprendimientos que supuestamente iban a servir para generar riqueza y, con ella, mejora de condiciones de vida y oportunidades colectivas, pero que, en los hechos, crean y acumulan principalmente pérdidas y obligaciones, cada vez más caras e insostenibles.
Allá están los más de mil millones de dólares que se dilapidaron en una falsa industrialización del litio, o la casi idéntica suma que costó inicialmente la petroquímica instalada en el Chapare, que no muestra la menor posibilidad de empezar siquiera a amortizar su costo. Mucho menos, la azucarera del norte paceño que, a falta de materia prima, solo tiene peticiones anuales de más ayuda y créditos para mantener su infructuoso funcionamiento.
En la misma línea, está la planta extractora de líquidos del gas natural que carece de materia prima para operar, pero continúa demandando presupuesto para personal y mantenimiento. Y esto para no hablar a aquellas que jamás pudieron pagar siquiera sus costos de funcionamiento.
La justificación con que se montaron estos emprendimientos está desmentida y cancelada por la experiencia; lo único que permanece en pie es que sirven, lo mismo que ocurrió en épocas del MNR y dictaduras, para crear burguesías burocráticas que escurren recursos públicos para fundar y mantener sus personales negocios y empresas y generar artificiales empleos en beneficio de las clientelas de los gobernantes.
No hay versión posible de reactivación o recuperación, manteniendo esta pesada estructura construida en homenaje a una visión arcaica y corrompida de desarrollo y liberación económica. Menos que menos, cuando continuamos a merced de las oscilaciones y cambios de una pandemia que farmacéuticas y gobiernos prometieron que ya estaría domada con las vacunas, pero que se muestra rebelde e imprevisible ante nuestro vapuleado conocimiento.
El optimismo oficial también resulta resbaloso cuando trata de apoyarse en el repunte de precios, por ejemplo, de minerales que exportamos. Por ahora, los ingresos por la mayor exportación minera, que es la del oro y que se elevó en un momento a los 2.000 millones de dólares, no dejaron más de 50 millones de impuestos, gracias a la legislación de un régimen que debe demasiado a los dueños de cooperativas.
Lo que cuestan ambiental y socialmente las exportaciones auríferas, con su emponzoñamiento y degradación de nuestras principales cuencas, no tiene compensación posible.
Si los planes reactivadores de corto y mediano plazo están neutralizados por lo que debemos pagar por errores pasados y presentes, los de largo plazo son esencia de humo porque apuestan por el sostenimiento de industrias cuyo porvenir está en proceso de cierre y extinción. YPFB perdió su oportunidad en materia de reservas, cuando hace una década no supo aprovechar la posibilidad de asociarse con su par de la Argentina, para invertir en las mayores reservas gasíferas del continente.
La apuesta por el agronegocio, fundado sobre la depredación natural y el mercado especulativo de tierras, proporciona movimiento económico de corto aliento, que lejos de abrir el horizonte del país lo estrangula, en beneficio de un puñado de inversionistas transnacionales. Y la exportación de electricidad, en los términos de la visión oficial, es una falacia sin sustento.
Las bases de una genuina recuperación y transformación productiva están contenidas en las líneas maestras de nuestra Constitución, que señala el equilibrio entre sociedad y naturaleza como única base real y posible de supervivencia y prosperidad.
Roger Cortez Hurtado es director del Instituto Alternativo.
