El informe Bachelet

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Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, ha hecho hasta aquí más por la democracia en Venezuela que la tropa tricéfala formada por Donald Trump, Luis Almagro e Iván Duque.  La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos fue mucho más lejos que aquellos coléricos caballeros. Ingresó en persona al país cuestionado, se reunió con el gobierno en ejercicio y con el gobierno paralelo, desplazó equipos de expertos, entrevistó a 558 víctimas y familiares de las mismas, y a 159 autoridades en 17 ministerios, fue detrás de los exiliados o refugiados en ocho países y emitió un informe publicado sólo siete días después de su visita a Caracas.

Ese documento, cuyos hallazgos son más relevantes que todos los berrinches gesticulados por Almagro desde su cuenta de Twitter, nos entrega un diagnóstico nítido de la situación política y económica de Venezuela.  Dos son sus esclarecimientos más notables: el gobierno chavista distribuye regularmente cajas de alimentos a seis millones de familias y el asesinato sistemático de opositores se perpetra bajo el disfraz de la lucha contra la delincuencia. ¿Por qué son medulares ambos datos para entender al país?

Nadie hasta acá había retratado mejor las hondas razones por las que Nicolás Maduro no ha podido ser derrocado pese a toda la presión internacional ejercida. Cuando un gobierno hace uso de la pobreza de millones para recluir a los necesitados dentro de un sistema de distribución de comida, no parece haber manera para que dicho régimen pierda una elección. Maduro ganó los comicios del año pasado no sólo porque la oposición se negó a participar en ellos, sino sobre todo porque seis millones de personas hicieron fila para marcar en su favor.

Aquel respaldo iba de la mano de cuatro letras: CLAP, la sigla de “Centros Locales de Abastecimiento y Producción”. En efecto, las cajas, dice el informe  Bachelet, son distribuidas por los mandos del partido de gobierno. Las pruebas de este clientelismo rampante aparecen por cualquier lado. La misma Cancillería venezolana, en su documento de crítica a Bachelet, se enorgullece de dar de comer a 24 millones de personas. Pues bien, quien queda excluido de la lista de entrega debe soportar un promedio de 10 

horas diarias de espera en las filas que generalmente se forman para comprar alimentos. Es el castigo específico para quien se ha hecho fama de opositor. 

Segundo pilar: si alguien no necesita caja CLAP o sencillamente ha decidido pagar el precio de disentir, el sistema le ha reservado la mano despiadada de las FAES, las Fuerzas de Acciones Especiales, un cuerpo de élite dependiente de la Policía Nacional Bolivariana. Estos uniformados de negro, con rostro cubierto y letalidad garantizada, poseen licencia para matar.  El gobierno reconoce que sólo en 2018 le quitaron la vida a 5.287 supuestos delincuentes. 

El informe Bachelet sostiene que muchas de esas víctimas mortales en realidad son opositores. La tropa de élite decora esas ejecuciones extrajudiciales como resoluciones violentas en respuesta a un acto de supuesta resistencia a la autoridad. A eso, en Colombia, se le llama “falsos positivos”.  Actualmente hay 388 efectivos de las FAES sometidos a investigación, lo cual evidencia la proliferación de numerosos abusos.

Aún hay que sumar a todo 72 denuncias de tortura presentadas a la Fiscalía General de Venezuela y un número de 135 presos, acusados de delitos supuestamente cometidos durante las miles de jornadas de protesta contra el gobierno. El esquema de amedrentamiento es tan eficiente que incluso funciona una comisión de la verdad, justicia, paz y tranquilidad pública que se ocupa de atender a los allegados de tanta víctima. 

El gobierno desembolsa ahí compensaciones monetarias por los daños admitidos. De ese modo, las quejas se silencian con dinero. 

Como se observa, el informe Bachelet es mucho más que una denuncia fundamentada; es una radiografía de cómo funciona la dominación política en un país entrañable como Venezuela. El esquema para ganar elecciones y anular a la oposición parece inspirado en la ruta cubana de pulverización de la sociedad civil mediante la acción disolvente del Estado. 

Por lo expuesto, queda claro que la recuperación de la democracia venezolana no procede mediante una invasión militar norteamericana y tampoco con la insubordinación de los militares. Es un camino mucho más largo y complejo. Pasa por descartar un mesías y entender lo averiguado por Bachelet para traducirlo en acción paciente, y minuciosa.
 

Rafael Archondo es periodista.