Salvo contadas excepciones, los gobernantes en la mayoría de los países afectados por el COVID-19, incrementan su legitimidad -sea por consensos con más actores políticos o sociales, en la búsqueda de soluciones a la crisis, o por la fuerza del Estado que impone ciertas determinaciones, en búsqueda también por solucionar la crisis- o bien, se incrementa la fuerza del Estado en relación a la sociedad. Es lo llamativo de los gobernantes que se enfrentan a una crisis: a medida que se agrava, los mecanismos institucionales son pasados por alto en nombre de alivianarla. Así nacen, algunas veces, los intentos de prórroga en el poder. Otras veces, se dan con la excusa de un “derecho humano”.
La situación boliviana carece de una herramienta para probar si los gobernantes actuales han incrementado su legitimidad. Por otro lado, existen todas las condiciones para establecer que la fuerza del Estado se incrementa y que es un arma de doble filo, sea que se llamen a elecciones o no. El incremento de la fuerza del Estado boliviano se comprueba por 3 elementos: primero, por una ambigüedad respecto a los límites entre lo que se concibe como Democracia y lo que se concibe como Estado de Derecho, segundo, por la militarización y, tercero, por la debilidad de las mediaciones. Se puede decir que la polarización existente en Bolivia mantendría como objetivo la apropiación de ese Estado fuerte, con todas las características que la actual crisis (política, en salud) y la futura (económica, social) le confieren.
Democracia y Estado de Derecho
Quizás involuntariamente, se confunde Democracia y Estado de Derecho. Es decir, que el requisito sine qua non para una democracia es el Estado de Derecho, o bien, el “imperio de la ley”. No pretendo decir que una democracia sobrevive sin el Estado de Derecho, sino que con un Estado de Derecho que funciona para justificar ciertas acciones estatales, la Democracia es incompleta o bien, está al servicio de los gobernantes, lo que no garantiza ni igualdad ni libertad que son, digamos, los fundamentos de una Democracia. En su concepción más básica, democracia viene a ser aquella en la que la igualdad y libertad están garantizadas para todos los que componen un territorio (que se refleja mejor a la hora de votar o deliberar, en todo caso, es el hombre en interrelación o en relación al Estado), pero también la soberanía (algunos le dicen también “autodeterminación”) y el pluralismo. Decir que en un Estado está garantizado que sus componentes ejercen igualdad y libertad, es igual a decir que por democracia y Estado de Derecho, se entienden dos cosas totalmente distintas pero complementarias. Pero si el concepto de Democracia está tergiversado, el Estado de Derecho se convierte fácilmente en una Dictadura del Estado de Derecho porque a) el imperio de la ley está sometido a intereses particulares y b) las leyes no garantizan la estabilidad de un orden, sino que sirven para ser usadas en contra de alguien o algunos. De aquí entonces se concluye que una Democracia es plena siempre que busque reducir la desigualdad y que los componentes de un territorio, puedan llevar su vida en plena libertad. Por supuesto, aquí el poder podría reducirse a la capacidad del gobernante por influir en otras esferas para llevar a cabo esa misión, la de reducir desigualdades y garantizar libertades.
Pero en un gobierno que se encuentra en crisis, ambos conceptos -democracia y Estado de Derecho- tienden a confundirse o, lo que es lo mismo, uno de los conceptos adquiere más relevancia que otro. Esta situación de crisis no es ajena hoy en Bolivia: por preservar un orden -digamos- democrático, es que el “imperio de la ley” está destinado a garantizar el funcionamiento del Estado. Esto tiene consecuencias: si en los últimos años, la gobernabilidad era igual a cooptación, es decir, una participación controlada de la sociedad en el Estado, hoy, la participación de la sociedad en el Estado está condicionada por la ley. En otras palabras, si un sistema político caracteriza por su apertura a demandas de la sociedad, digamos que la participación política en Bolivia, hoy, está condicionada por el imperio de la ley. Se ha virado, entonces, de una participación controlada de la sociedad en el Estado, o bien, de relaciones clientelares condicionadas por la tecnocracia, a una gobernabilidad condicionada por la ley. Hay una tendencia que continúa: los límites entre Democracia y Estado de Derecho siguen siendo difusos.
Militarización en Bolivia
Hace unas semanas, Hugo Moldiz publicó el libro “Golpe de Estado en Bolivia”. Aunque el libro busca ser un ejercicio “autocrítico” que intenta explicar los errores que conducen a la caída del gobierno del Movimiento Al Socialismo, mantiene -extrañamente- que uno de los errores de su gobierno fue no incidir en los militares y policías. Esto resulta, de nuevo, extraño: no se entiende si Moldiz sugiere que también debe cooptarse a militares y policías con el fin de mantener el poder, es decir, Moldiz llama, por poco, “traidores” a ambas instituciones por no devolver ciertos favores (como el hecho que existan militares en misiones diplomáticas, por ej.) y olvida que la caída del Movimiento Al Socialismo tenía más en común con el desgaste de un partido político que no respeta reglas e interviene instituciones, que con teorías de conspiración (Moldiz menciona pero nunca explica la intervención de Estados Unidos en octubre y noviembre de 2020). En otras palabras, el argumento de Hugo Moldiz puede ser tachado de autoritario, pero además erróneo: no respetaría la neutralidad política de las Fuerzas Armadas, y confundiría la preferencia política, partidaria o ideológica de un militar como individuo, con la neutralidad política de una institución.
Tomo el ejemplo de Hugo Moldiz por una razón: la relación entre Estado y militares en Bolivia solo tiende a ser difusa, y tiende a incrementar el poder de los militares frente a una sociedad que estaría incapaz de controlar a las Fuerzas Armadas, que es algo que Moldiz no ve en su análisis y poco discutido entre la intelectualidad boliviana. Si bien el presupuesto en relación al Presupuesto General de la Nación, de las Fuerzas Armadas bolivianas es uno de los más bajos de la región (2%) y no está destinado a armamento, es notorio el incremento a su presupuesto en las últimas décadas. En un artículo publicado el año 2018 llamado “Patria o Muerte. Venceremos. El orden castrense de Evo Morales”, el periodista Fernando Molina alertaba que el presupuesto a favor de las Fuerzas Armadas habría incrementado en 123% en las últimas dos décadas y que la relación entre Estado y el orden castrense era similar a una cooptación, aunque con “continuidades y discontinuidades ideológicas”. Molina no consideraba algunos factores (coincidía, de manera escueta, que había necesidad de una “institucionalización” de las Fuerzas Armadas): por un lado, la carencia de control civil a las funciones militares, por otro lado, y tiene que ver con 2020, que una tergiversación de las Fuerzas Armadas y que amenaza a su profesionalización y causa malestar, es que cumplan funciones distintas a las descritas en la Constitución Política del Estado (Art. 243, 244 y 245), y por último, que de ser así que las Fuerzas Armadas caracterizan por su pragmatismo político, eso confirma que las Fuerzas Armadas son algo así como un “enclave autoritario”, es decir, un lugar en el Estado desde el que se negocian ciertos beneficios a cambio de otros, un cálculo político que convertiría a las Fuerzas Armadas, no en una institución subordinada al Estado, sino en un actor político más, lo que, por cierto, resta neutralidad política a las Fuerzas Armadas bolivianas (algo que sí es visto por Molina, cabe decir).
Ahora, si este es el escenario en el que se desempeñan las Fuerzas Armadas algunos hechos deberían conducirnos a una llamada de atención: a) en noviembre de 2019, se destinaron 34.7 millones de dólares a las Fuerzas Armadas b)un Estado en crisis, no importa en qué dimensión, requiere de un mayor control de flujos en su territorio c) hasta ahora se desconoce de la institucionalización de las Fuerzas Armadas en lo que respecta a su democratización interna. Esto nos conduce a algunas conclusiones previas: las Fuerzas Armadas han visto un incremento en el presupuesto para armamento (a diferencia de años anteriores, que el presupuesto anual estaba destinado a vivienda y condiciones laborales dentro de las Fuerzas Armadas); segundo, la presencia del Estado boliviano no puede darse de otra forma que a través de lo punitivo, en este caso, de las Fuerzas Armadas (a diferencia de, por ejemplo, los big datas o amplias bases de datos como en otros países); tercero, mientras no se actualice el Código Penal Militar, que data de 1976 por iniciativa de Hugo Banzer Suárez, los Altos Mandos Militares seguirán gozando de beneficios y seguirán negociando intereses con cualquier gobierno, siendo incluso que los Tribunales de Justicia Militar están conformados únicamente por Altos Mandos Militares; cuarto, en tanto el Ministerio de Defensa no cuente con civiles especializados en el ámbito militar, el enclave autoritario solo tiende a encontrar una prolongación en el Estado, sin los controles necesarios a la fuerza militar. Esto nos dice entonces, que además del incremento de poder del Estado en los próximos años, de la mano de las Fuerzas Armadas, son las Fuerzas Armadas otro de los lugares del Estado donde la democracia -igualdad y libertad para todos los componentes- no se cumple.
La debilidad de las mediaciones
Partamos de un presupuesto: de acuerdo a Timothy Mitchell en “Sociedad, Economía y el efecto del Estado” (2015) el Estado, además de ser la materialización del poder, es un “poderoso conjunto de métodos para ordenar y representar la realidad social”. Esto supone, por otro lado, que mientras menos resistencia encuentre un Estado, más fácil será ordenar ese orden social al que se refiere. Pero esto adquiere otras connotaciones en un clima político como el boliviano. Primero, porque la historia del país demuestra que los partidos políticos, organizaciones políticas, son casi innecesarias en la relación entre Estado y Sociedad. Segundo, porque de ser importantes, la representación política está sometida a un sistema político que concentra decisiones en el Órgano Ejecutivo, o mejor, en la figura del presidente. Esto nos lleva a dos caminos: que, en tiempos de crisis, se debilitan las mediaciones (sindicatos, partidos políticos, instituciones, etc.) y que, en tiempos de crisis, a nombre de superarla, las decisiones tienden a concentrarse (aún más) en la figura del presidente.
El panorama se dificulta si tomamos en cuenta que, de acuerdo al Proyecto de Opinión Pública de América Latina de la Universidad Vanderbilt, en 2019, el apoyo a militares es superior al de partidos políticos (37% de los encuestados dice estar de acuerdo con un golpe militar si se trata de frenar la corrupción), lo que es igual a decir que los partidos políticos no son vistos como canales de negociación o mediación efectiva entre Sociedad y Estado. Si nos mantenemos con el presupuesto de Mitchell, podemos bien decir que uno de los métodos del Estado hoy, como los últimos 14 años, para ordenar y representar la realidad social boliviana no es el consenso entre actores institucionalizados -aunque esto no quiere decir que no existe negociación, sino que la negociación y consenso está fuera de los partidos políticos- y esto tiene consecuencias: la participación controlada de la sociedad en el Estado (que es igual a decir, la cooptación de movimientos políticos por el Estado) ha caracterizado por “centralizar” al sistema político y marginar voces críticas. En otras palabras, el hecho que exista una participación controlada de la sociedad en el Estado es igual a que los movimientos extrapolíticos sean solo una prolongación del partido o proyecto que gobierna. Es decir, un Estado que encuentra menos resistencia para ordenar a una sociedad.
¿Cómo explicar el descrédito de los partidos políticos y cuál es el mejor escenario en una crisis de representación política? Aunque suene extraño y contradictorio, la solución está en la institucionalización de los mismos partidos políticos. Es probable que una de las causas que explican su descrédito actual es la poca atención a ciertos fenómenos recientes: Luis Fernando Camacho, tan débil como contradictorio, representaba en sus inicios -en octubre y noviembre de 2019- un tipo de liderazgo distinto que atraía al electorado, es decir, un liderazgo mucho más horizontal que camuflaba cierta “rabia” o, mejor, una opción “antiestablishment” que se combinaba con la importancia que daba una importante parte del electorado a vivir en un país democrático. En otras palabras, solo en los inicios y aunque las posturas de Camacho tienden más al autoritarismo que a lo democrático, en el ex presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz se podían ver mejor los factores para determinar una crisis de representación política: la importancia, o no, de un país por seguir viviendo en democracia, la vigencia de movimientos anti-democráticos, el cambio en el paradigma de liderazgo (que muta de lo vertical a lo horizontal), y bien, la apertura del electorado a formas de gobierno no democráticas porque, cómo olvidarlo, es el mismo liderazgo de Camacho -en esto de canalizar un descontento- que invitaba a un gobierno con actores nada políticos.
No quiere decir que los partidos políticos bolivianos deben seguir el ejemplo de Luis Fernando Camacho, sino atender a las causas que, en plena caída del Movimiento Al Socialismo, aceleran su posicionamiento en la opinión pública. Por otro lado, la institucionalización de los partidos políticos pasa por evitar las figuras de alianzas o fusiones, contempladas en la actual Ley de Organizaciones Políticas. Es decir, el respeto a la independencia ideológica de movimientos extrapolíticos, solo pasaría porque el sistema de partidos tenga, en vez de un sistema centralizado, uno en el que las posiciones partidarias estén totalmente diferenciadas. Porque si hay algo que también es cierto, es que la centralización de los partidos políticos no favorece al voto informado y menos a gobernar mediante consensos.
A modo de Cierre
Independiente de la coyuntura actual, crítica, urgen reformas: por un lado, es necesario reformular el concepto de “mayorías” en el parlamento boliviano porque, en un Estado que tiende a concentrar decisiones en una figura, las mayorías favorecen a la no-separación de poderes y sorprendentemente, esto no pasa por reformular el diseño de circunscripciones a nivel urbano y rural, sino por abrir el sistema de partidos y de representación, es decir, que los requisitos para representación política de partidos políticos de alcance nacional en la Ley de Organizaciones Políticas bajen; por otro lado, la llamada “descolonización” en las Fuerzas Armadas es más que necesaria, porque implica revisar el Código Penal Militar -desactualizado- y democratizar un enclave, pero también es importante la profesionalización de civiles en seguridad nacional y en labores de defensa, para un control efectivo a la fuera de las Fuerzas Armadas.
En pocas palabras, luchar contra el incremento de la fuerza del Estado pasa por un compromiso de los actores por un gobierno abierto, transparente y democrático. Porque, nos lo dice el presente, el gobierno actual solo prolonga ciertas acciones de vieja data.
