En el abanico de ofertas programáticas de gobierno de los dos candidatos que en algunas semanas más se medirán en un balotaje que definirá el camino que el país deberá transitar por lo menos los próximos cinco años, el candidato del PDC, Rodrigo Paz Pereira, plantea la nacionalización de los vehículos denominados en el lenguaje popular “chutos”.
Conveniencias políticas y una visión injustificable de país hicieron que los gobernantes de los últimos veinte años se conviertan en cómplices, no solo por omisión sino en gran porcentaje por comisión, al permitir que el territorio nacional aloje a centenas de miles de estos despojos mecánicos que en cualquier país que se respete estarían destinados a los cementerios de chatarra en su mayoría. Al no pagar impuestos y aranceles de importación previstos por nuestras normas tributarias y aduaneras, los vehículos chutos, que con preferencia circulan en las provincias del país, en ciudades intermedias y en algunas capitales de departamento de menor desarrollo relativo, han desincentivado la importación legal, el comercio formal y un daño económico para el erario nacional.
Entonces, si lo anterior es una parte del daño que estos vehículos ilegales provocan en el país, ¿por qué no legalizarlos y permitir su irrestricta circulación?
Pues bien, tradicionalmente el contrabando —que por los deficientes sistemas de control en el país, la corrupción que en todos los gobiernos ha existido y acentuado en el siglo presente, las limitadísimas capacidades del Estado para combatir el flagelo y los intereses de quienes a su turno tienen la responsabilidad de reprimir este delito— ha sido factor no determinante pero influyente en nuestro retraso; pero considerar que el proceso de nacionalización puede aliviar significativamente el déficit fiscal y contribuir al sostenimiento de los ingresos por concepto de tributos fiscales, es un error conceptual, un atentado a la seguridad del país y, en cierta forma, un incentivo al robo y la subsecuente práctica de la internación ilegal, pero además permanente, de vehículos de origen ilícito.
En materia de consecuencias internacionales, la nacionalización de vehículos procedentes del contrabando ocasionará que Chile adopte decisiones que, más que perjudiciales para Bolivia, son vergonzosas para el Estado. No debemos olvidar que hace un tiempo llegamos al colmo de que el presidente Arce Catacora donó una camioneta a la CONAMAQ, que no solo no tenía ningún registro en Bolivia y que era proveniente del contrabando, sino que fue robada en Chile. Papelón total.
Pero los cientos de miles de vehículos indocumentados que consumen gasolina subvencionada, que también son causa del deterioro de nuestras carreteras y que son instrumentos de crímenes contra la vida, violaciones sexuales o hechos trágicos de tránsito, son además instrumentos decisivos de la contaminación ambiental y la emisión de monóxido de carbono y otros químicos nocivos para la salud humana… en un siglo en que la tendencia es reducir los automóviles de combustión interna aun nuevos.
Empero, la posibilidad de quitar la visa Mercosur a Bolivia no nos va a hacer desaparecer como Estado, pero en términos de relaciones internacionales y del derecho internacional constituiría una humillación para el país ser tratados de esa manera perjudicando a miles y miles de connacionales que, por razones de turismo y de trabajo, requieren ingresar al país trasandino permanentemente. Con todo, eso es lo menos preocupante, sin dejar de serlo.
El ingreso al país de vehículos indocumentados es una actividad que abarca varios hechos punibles como el contrabando, la corrupción, el fraude aduanero, el cohecho, la trata de personas, la legitimación de capitales, que son fuente de otras actividades criminales, como el tráfico de armas; la nacionalización de esos vehículos significaría que el Estado boliviano estaría de alguna manera cohonestando la comisión de varios delitos, creando un aliciente en las organizaciones criminales y clanes dedicados a este ilícito, sin contar con las sanciones que en el plano de las relaciones internacionales pudieran recaer en el conjunto del país.
La recuperación económica, que obliga a tomar medidas drásticas desde el próximo gobierno, no puede llegar al extremo inmoral y cómplice de legalizar una categoría de bienes cuya internación ilegal es solo el último eslabón de otras conductas criminales que le anteceden.
Augusto Vera Riveros es jurista y escritor
