No soy asiduo de las redes, pero la digitalización de la actividad humana, los requerimientos laborales y la información que cada vez más tiende a unir a la humanidad en línea, obligan a formar parte de ese mundillo que, entre otras cosas, permite saber sobre el Brexit, el estado de la guerra entre Rusia y Ucrania o los inacabables insultos entre masistas; mucho más en una época en que los medios de comunicación en Bolivia últimamente han sido “tomados” en su mayoría por el gobierno, y estrangulados los que no se rinden ante su poder que busca su desaparición, como ya viene ocurriendo. La información de los medios controlados por el Ejecutivo no solo es una bofetada al periodismo, sino que provoca nauseas escuchar o leer, tanto más que el internet inclusive, del que por lo menos el usuario tiene posibilidad de decantar la verdad cuando acude a fuentes serias.
La Policía Boliviana tiene entre sus unidades la División Contra el Cibercrimen, que tendría que encargarse de la investigación de esta categoría de delitos cibernéticos que en las últimas semanas, en una especie de prolongación de ese azote que en los Estados Unidos está causando estragos, se ha instalado en Bolivia, con un índice estremecedor de esa variedad de fechoría que, por una parte, invade la privacidad constitucionalmente protegida y, por otra, ocasiona grandes estafas económicas a gente incauta que casi siempre actúa con espíritu de solidaridad con sus amigos internautas.
Ahora bien, investigar un delito desde cualquier perspectiva es una tarea compleja, de eso no hay duda, pero cuando hablamos de ciberdelitos, las dificultades de investigación se incrementan, porque el repertorio de modalidades y actividades de esta categoría criminal supera la complejidad de su resolución a la de los delitos convencionales como el robo, el hurto, el tráfico de armas o de órganos, la usura, etc.
Pero, como decíamos antes, la informática está hoy presente en casi en todos los campos de la vida moderna, y con mayor o menor rapidez todas las ramas del saber humano se rinden ante los progresos tecnológicos y comienzan a utilizar los sistemas de información para ejecutar tareas que en otros tiempos eran manuales. Luego, vivir en un mundo que cambia vertiginosamente implica que hoy la privacidad de nuestras vidas haga equilibrio en la cornisa. Esa nueva realidad obliga a los Estados a tomar acciones efectivas contra esta forma de afectar los derechos de terceros a través de legislación moderna, severamente punitiva y mecanismos de investigación científicos de que la Policía Nacional carece. Es decir, la División contra Delitos Cibernéticos, dependiente de aquella, está lejos de garantizar investigaciones con resultados concretos y esclarecedores.
No es que estemos ante nuevas figuras delictivas, pues el robo, el fraude o la estafa, son tipos penales previstos desde tiempos remotos por las legislaciones del mundo, de donde se colige que más bien estamos ante una nueva forma de llevar a cabo los delitos tradicionales. La comisión de esta categoría de delitos, que bien pueden llamarse “de cuello blanco”, ha tenido una escalada inusitada en las últimas semanas en nuestro país. Y es que, no obstante que para ello es necesario —y así debe estar ocurriendo— tener un entrenamiento aventajado en informática para los delincuentes que de ello se valen, tampoco hay que perder de vista que el mundo de la computación se va convirtiendo paulatinamente en un área común y corriente, gracias a la facilidad con que los modernos sistemas y programas pueden ser controlados; así, dentro de poco la operación de un sistema electrónico será tan fácil como manejar un televisor. El mundo de la ciberdelincuencia es dinámico, ágil y se amolda y conecta según pautas que hace sólo unos años eran inimaginables para nosotros. Por eso es que la ciberseguridad debe actualizarse sin pausa, al mismo ritmo de los piratas informáticos que se asocian en redes internacionales para el cometido de estas ilícitas acciones.
El Código Penal todavía es muy benévolo con esta clase de delitos y muy parcial con la ya amplia lista de modalidades que emplean estos marginales de la ley, del orden, de las buenas costumbres y de la ética.
De otro lado, también la función judicial carece de adecuada preparación por parte de jueces y magistrados tratándose de estos temas, por la especial particularidad de sus delitos y la consiguiente confusión con los tradicionales, que por su estructura típica son incapaces de subsumir a estas nuevas conductas delictivas que tiene a la informática como su medio.
Augusto Vera Riveros es jurista y escritor
