Mauro Salazar J.
Mientras el neoliberalismo ha reducido el modelo chileno a velocidad de acumulación y servicios, la «revuelta nómade» (octubre de 2019) que tuvo lugar en Santiago y en regiones, aún mantiene en vilo la «potencia igualitaria», resistiendo los embates provenientes de las elites progresistas (Partido neoliberal que concilia a la Concertación y la derecha aliancista que en tres decenios han preservado un pacto juristocrático) y sus expertos («empleados cognitivos») que, luego del «estallido social», no cesan de imputar toda disidencia ciudadana en nombre del «demonio populista” (2019) e invocan la ausencia de retóricas normativas. Ello ha tenido eco en expresiones estigmatizantes sobre la demanda popular donde Emilio Durkheim ha sido confinado al mero “control social” por la vía de la “anomia” y una obsesiva búsqueda de orientaciones normativas que restituyan la «pax social» contra una multitud que abrazó el «golpe popular» de aquel octubre (2019). A la sazón nuestros Centro de Estudios, intelectuales de Estado o cortesanos de turno, se han enfrentado a un agotamiento interpretativo y epistémico (1990-2011) para descifrar y administrar la histeria del presente neoliberal. Y así, Rectores, investigadores, politólogos, Senadores y los Think Thank como Chile 21, Libertad y Desarrollo, y el Centro de Estudios Públicos (CEP) y toda la «mayordomía transicional» (Partidos progresistas y agentes facticos de la transición chilena a la democracia) obviando cualquier «radicalidad ética» se mantienen aferrados al tiempo de la «gobernabilidad transicional» (1990-2011) so pena que han abrazado el hito de Abril para una nueva Carta Constitucional, superando el trazado jurídico legado por la Dictadura de Pinochet, pero manteniendo un quórum de 2/3 y sin alterar el mapa del poder que instaló la modernización pinochetista. Ello en virtud de administrar una dialéctica entre un pueblo destinado (o codificado a priori) y un constitucionalismo que busca establecer, con distintos énfasis, la «captura representacional» del 18 de octubre de 2019 (multitudes sin partido, liderazgos, vanguardias, en ausencia de toda filosofía de la historia) y un campo heterogéneo de reivindicaciones que se resta a la representación de sus demandas -al menos en una clave hegemónica-. Sin embargo, la fantasía usurpadora de nuestras elites, pese a estar reducidas a la «factualidad» del capital financiero y a la ausencia de retratos proyectuales, no ha cesado en su afán normativo por soslayar los «gritos de la plebe» y aplacar el excedente de significación y sentido que comprende un constitucionalismo de enmiendas («singularidades de vida») que trascienda los dispositivos bio-médicos de «control securitario» expresado en una nueva Constitución política del Estado, con prescindencia del movimiento popular de Octubre. Y es que el Partido neoliberal (elitario-hacendal, sea conservador e incluso en su variante «progresista»), hizo estallar la vida cotidiana luego de tres decenios de contratos modernizantes. Y así, aún no se ha dimensionado todo el alcance del «golpe plebeyo» (18/0), pues ahora en una nueva «política del poder» nuestras elites y sus «burocracias cognitivas» se esmeran por suturar, léase institucionalizar, las relaciones entre democracia y mercado secuestrando la fuerza transformadora del movimiento popular iniciado en octubre (2019). Tal empeño busca climatizar un fervor retórico para «gestionar» el «fárrago derogante» del movimiento de calle en un «pacto juristocrático» donde el pueblo polisémico -que persiste en el movimiento de calle, y ocultado por la industria mediática- se tornaría administrable al pueblo constitucional. Si bien, una nueva carta Constitucional es un indiscutible avance cívico y político para la destitución de la letra pinochetista, y refrenda la potencia simbólica y ritualista (legitimidad) de la «revuelta derogante» (2019), la actual descomposición institucional abre variados dilemas. La nueva fase que se inaugura en Abril de 2021 más allá de institucionalizar violentamente la protesta social, merced al «lafware congresal» (noviembre, 2019), ello podría representar el inicio de nuevas «tareas democráticas» que pueden inaugurar facultades instituyentes por parte del campo popular. Con todo ulteriormente ello también puede derivar en escenarios llenos de incertidumbre y un riesgo de “revival transicional” marcado por un retorno a las narrativas de la mesura y procesos modernizantes que presuponen un “pueblo productivo» y gerenciable en una «segunda transición» ocultando la polisemia de la movilización popular donde pueblos, cuerpos y territorios cultivaron fisonomías irreductibles a la producción jurídica del derecho neoliberal. Luego de la nueva Constitución no podemos descartar la llegada de expertos en gobernanza, heraldos del management y jurisconsultos liberales y, porque no, tentaciones centristas vinculadas a un eventual “consenso de las mercancías” que ampliando cuotas de gastos fiscal mantendrían intacta la vertebración intensamente elitaria del Chile post-Pinochet. Es verdad, luego de la nueva Constitución el Pinochetismo quedará reducido a expresiones periféricas, y ello tendrá un ligero efecto re-legitimador, pero qué hay del nuevo pacto oligárquico. Y qué podemos decir de la insalvable debacle reputacional del sistema de partidos, en ausencia de una agenda de derechos sociales (heterogeneidad radical de pueblos inmigrantes, derechos de la mujer, lo regional y los pueblos indígenas).
Con todo en Abril de 2021 se renovarán los pactos elitarios y los mínimos programáticos del progresismo neoliberal que comprende el campo de la ex Concertación (el universo de sus barones y un mapa de poder inalterable). Y es, precisamente, este juego de complicidades (pos)transicionales el pivote de un “elitismo plebiscitario» que aún se esmera por recrear prácticas modernizantes que no asimilan si quiera etnográficamente la crisis de hegemonía del moribundo «milagro chileno» (1981). La «línea divisoria» del nuevo pacto oligárquico viene establecer las condiciones de fractura y negación de la «revuelta popular», evidenciando una insalvable grieta entre vida cotidiana, revuelta nómade (insubordinación de símbolos) y pacto oligárquico. La nueva Constitución en su condición de “neoliberalismo constituyente» no viene a ensanchar la distribución social del poder político. Bajo esta hipótesis el movimiento popular podría agudizar posiciones antagónicas ante el nuevo «partido neoliberal», y una amplia «capa media popular» que perdió la capacidad de acceso crediticio (acceso a servicios) no aceptaran una re-afiliación a la moribunda política institucional ante los potenciales usos y abusos jurídicos una vez derogada la constitución de Jaime Guzmán.
De este modo el poder elitario en su afán de domesticar la movilización en la celda del derecho -un pueblo domesticable, tendencialmente homogéneo- deberá enfrentar el hastío de los movimientos ciudadanos que aún no elaboran un vocabulario político que pueda articular a los pueblos, cuerpos y subjetividades del 18/0 (2019) en una demanda politológica o normativa. Aludimos a ese momento tan ansiado por cientistas políticos y sociólogos de la oligarquía chilena librados a la profesionalización de los objetos del orden. De un lado, tenemos el déficit político de un «viciado parlamento» (¡la grieta a la luz de las encuestas!) y, de otro, la ceguera gubernamental para entender los nuevos modos de subjetividad que se desplegaron en la «revuelta» (2019) respecto a las relaciones entre el poder y las instituciones. Y para muestra un botón: una multitud devocional se apropió de “saberes vagabundos” lacerados por la violencia de la acumulación neoliberal y nuestras oligarquías académicas se quedaron «sin teoría social» para descifrar el llamado «estallido social» (2019). La «potencia imaginal» -aquella que separó imaginación y poder institucional- no responde a la pregunta del «orden deseado» formulada por los pastores letrados de la modernización y su majadero eslogan con sus vítores sobre el milagro chileno: “¡oh, entre 1990 y 2010 bajamos la pobreza estructural del 45% al 10%!”. En Chile la «desigualdad cognitiva» administra el relato entre los responsables normativos adversus los anómicos violentistas amagando la marcha del 25 de octubre (2019) donde la ciudadanía se expresó masivamente en contra de la racionalidad abusiva de las instituciones. A ello se suman los usos y abusos de la anomia. Y valga un paréntesis. La violencia ha sido representada por nuestros “pastores letrados” (asesores del orden) como una materia normativa o sociológica en función de las circunstancias (¡el debate se ha concentrado en defender la violencia del Leviathan ¡). Siempre se trata de una condena o aceptación de su legitimidad dependiendo de sí la violencia cumple (o no) un determinado propósito soberano/imperial. Y es que, sin negar manifestaciones aberrantes, saqueos y banda de narcos que se esparcen por las calles de Santiago a partir del estallido social (18/0), representan el nudo ciego de nuestra tradición politológica. Ello se agudiza porque la teoría política nunca ha pensado sistemáticamente la violencia de la acumulación capitalista, salvo su rotulación en términos ético-políticos. Todo indica que el problema de la violencia es, esencialmente, el lugar que ella ocupa.
Con todo hoy no existe gramática común que pueda cautelar genuinamente la excepcionalidad de la purga, la rabia erotizada y su densidad ética por nuevas «formas de vida». Dicho sea de paso, la «revuelta de octubre» (2019) en Santiago obró como partera de singularidades de vida (“pueblos”) y sublevación plebeya, rechazando los juegos de poder del movimiento universitario (2011) y sus eslabones elitarios con la propia estructura política. El carácter destituyente/derogador del 2019, que incluyó una extensa capa media popular- tampoco está en continuidad con la maquinaria de pactos que secuencialmente se han ido gestando en los últimos meses desde la cultura (post) concertacionista. El hito fundamental fue el Lafware del 15 de noviembre donde mediante un golpe institucional el Congreso salió a inmunizar el juego de intereses elitarios que se reproduce en distintos ciclos oligárquicos.
Si bien la revuelta de 2019 tuvo el fulgor de lo inasible y el riesgo del desborde, qué cabe responder frente a la melancolía soberana de nuestros pastores letrados que en los últimos meses con desesperación reclaman un nuevo ciclo de consensos, mesuras y realismos. Quizá hay que iniciar la pregunta por un nuevo «republicanismo salvaje» -cuestión que comprenderá una política del poder- pero tal imaginario instituyente se debe desprender radicalmente de las lógicas de abuso modernizador que el campo institucional ha codificado durante por más de tres decenios de «mayordomía transicional», donde inclusive la nueva Constitución no dice mucho sobre el régimen soberano o materias asociadas digitales y ciberseguridad a propósito del Covid-19. De otro modo, la interrogante por el «horizonte post-neoliberal» será siempre una grieta que no se puede restringir a la administración jurídica de la diversidad, ni a la física de las pasiones, ni menos a la exclusión de la demanda popular, a saber, un riesgo inminente de la nueva Constitución.
Biografía
Mauro Salazar J., Sociólogo (2002) y ensayista. Doctorante en Comunicación, Universidad de la Frontera-Universidad Austral (2020) y miembro del Proyecto Anillo de ANID–CHILE SOC180045, Converging Horizons. Se ha desempeñado como académico de la Academia Humanismo Cristiano, Universidad Andrés Bello, y teoría de la Comunicación del Instituto profesional ARCOS. También ha impartido clases en el Magister de Comunicación de la Universidad de Chile (2015-2018) y Magister de Políticas Educativas de UDD (2016-2017). Actualmente se desempeña como académico de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago (USACH, 2021). Ha publicado en materias vinculadas a la sociología política, la teoría cultural, movimientos sociales y cambios en la subjetividad (Joignant, Valderrama, Avelar, Cabezas. VVAA, LOM, 2004) Fue Director de la Revista Actuel Marx Intervenciones 2002-2004. Autor y editor junto a Alejandro Osorio del libro: Democracia y Antagonismos en el Chile Contemporáneo. Perspectivas pos-transicionales (Móulian, Garretón, Avendaño, Cea,2010). También se ha especializado en el análisis discursos de la educaciónsuperior (Atria,Brunner,Riveros,Bengoa,VVAA,UDD-UDP,2016).
Es miembro de diversos consejos editoriales de revistas de ciencias sociales nacionales e Investigador Asociado al CISEC, Universidad de Santiago (USACH 2020). Ha sido investigador principal/innovador del Estudio de Riesgos Psicosociales «Guía de medidas y buenas prácticas para la intervención en riesgo psico-social laboral en Pyme». Fundación de estudios laborales». FIEL/ACHS (2019). Actualmente es columnista estable de distintos medios digitales (La Tercera, El Mostrador, The Clinic, BioBio.Chile, La voz de los que sobran) concentrando su análisis en la comunicación política de elites.
