Miguel Alfonso Ávila
Las recientes declaraciones del ministro José Luis Lupo han encendido las alarmas en el ámbito político y ciudadano, no solo por lo que expresan explícitamente, sino por los elementos reveladores que se desprenden entre líneas. Al admitir que mantiene a militantes del Movimiento al Socialismo (MAS) en su cartera bajo el pretexto de una supuesta «falta de personal capacitado», el funcionario no solo ignora a miles de profesionales bolivianos independientes que buscan contribuir con su experiencia al desarrollo del país, sino que deja al descubierto una vulnerabilidad estratégica alarmante para la gobernabilidad y la eficiencia del aparato estatal.
La falacia de la indispensabilidad
Es inverosímil sostener que en toda la geografía nacional no existan técnicos calificados, con formación académica y trayectoria profesional contrastada, capaces de ocupar cargos clave en la administración pública y reemplazar a quienes ostentan puestos por vínculos políticos más que por méritos. El argumento del ministro no es más que una confesión de derrota: o bien el sistema de reclutamiento estatal está secuestrado por intereses partidistas que priorizan la lealtad sobre la competencia, o existe una marcada falta de voluntad política para sanear las instituciones y restaurar su funcionalidad.
Sin embargo, el error de diagnóstico es de fondo: la solución real no pasa simplemente por sustituir un color político por otro en los cargos públicos, sino por reducir el tamaño mismo del aparato estatal. Un Estado elefantiásico, con estructuras redundantes y planillas infladas, siempre será rehén de quienes lo operan desde adentro, ya que su complejidad se presta fácilmente al clientelismo y a la gestión partidista de los recursos.
Mientras el Gobierno se desgasta en justificar la existencia de organismos innecesarios y burócratas sin funciones claras, el ciudadano de a pie carga con el costo de una administración que no le brinda servicios de calidad. Por el contrario, esta se sirve de sus impuestos para mantener un sistema de clientelismo arraigado que ha generado desconfianza en las instituciones durante décadas.
El peligro del sabotaje interno: lecciones históricas y actualidad
Más allá de la ineficiencia inherente a este modelo de gestión, existe un riesgo histórico que este Gobierno parece ignorar peligrosamente: el boicot y la parálisis administrativa desde las propias entrañas del Estado. No podemos olvidar que fueron precisamente estos cuadros partidistas —quienes ahora se presentan como «indispensables»— los que, durante la gestión de la expresidenta Jeanine Áñez, orquestaron desde dentro la parálisis de gestiones públicas, el sabotaje sistemático de procesos y la desorganización de servicios esenciales para la población.
Recientemente, el Gobierno boliviano ha mencionado la existencia de un sabotaje relacionado con la gasolina de mala calidad (denominada «gasolina sucia»). El presidente Rodrigo Paz Pereira declaró el 7 de febrero de 2026 que estas situaciones forman parte de un intento de boicot contra su administración, argumentando que los problemas en el sector de combustibles llevan 20 años sin resolverse y no pueden solucionarse en solo tres meses de gestión.
Además, Yussef Akly, presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), informó sobre el despido de 360 funcionarios de la estatal y la investigación de una posible «mano negra» que afecta la distribución de combustible. Según Akly, esto genera problemas en la calidad del producto y podría estar relacionado con actos de corrupción y «mafias internas» en las instituciones estatales. Las autoridades indicaron que el problema no es nacional; se identificaron lotes específicos con gasolina residual que ya fueron retirados del mercado, y se reforzarán los controles para evitar situaciones similares.
Este caso confirma que el riesgo de desestabilización interna no es una amenaza pasada, sino una realidad presente. Mantener a funcionarios con fuertes vínculos partidistas en cargos de decisión no constituye un acto de pragmatismo, sino permitir que el enemigo duerma en casa. Un militante con acceso a sellos oficiales, recursos presupuestarios e información estratégica no responde primordialmente al interés general del Estado, sino a la estructura de poder que lo colocó en su puesto. El boicot no siempre se manifiesta en protestas visibles; a menudo ocurre de forma silenciosa: en un trámite demorado indebidamente, un proyecto estratégico atascado en burocracia artificial, la filtración de datos sensibles o la introducción de productos defectuosos que ponen en riesgo la seguridad ciudadana y la economía.
Conclusión: menos grasa, más eficiencia
El Gobierno actual debe entender que cada salario destinado a un militante que ocupa un cargo sin méritos técnicos es un recurso público que, además de generar un gasto innecesario, financia su propia inestabilidad. La ruta crítica para revertir esta situación debe ser doble: por un lado, la reducción drástica del gasto en personal no calificado y, por el otro, la depuración inmediata y transparente de la administración mediante procesos de selección basados en méritos.
El Estado no debe ser una agencia de empleos para quienes buscan desestabilizarlo o beneficiarse de él. Si el ministro Lupo afirma no encontrar personal capacitado fuera del círculo del MAS, el problema no radica en la falta de profesionales en el país —Bolivia cuenta con universidades de renombre y expertos con experiencia internacional—, sino en que su ministerio es una estructura sobredimensionada, diseñada para albergar el clientelismo y solo manejable por quienes participaron en su construcción.
Es hora de podar el exceso del Estado, simplificar sus estructuras y devolverle a la administración pública su verdadero propósito: servir al pueblo boliviano. De lo contrario, el árbol institucional terminará por caer desde adentro, víctima de los mismos elementos que deberían cuidarlo.
