Cierra el año bajo los potentes ecos de despiadadas peleas políticas, desnudas de cualquier relación con visiones diferenciadas de cómo se concibe el futuro del país. Aunque la rudeza de los ataques verbales o judiciales avanza a saltos, las distancias entre los planes de los contendientes están estancadas alrededor de la idea de que el estado debe predominar sobre el mercado o que se tiene que hacer exactamente lo opuesto. Pero, sin omitir que cada uno de esos enfoques tiene consecuencias significativas, es inocultable que ambas parten de la falsa noción de que los recursos de la naturaleza son interminables y tienen que extraerse sin límites.
La gravedad de las amenazas que encaramos como resultado de preservar esta visión ha vuelto a mostrarse con la intensificación de “fenómenos naturales” como sequías e inundaciones que, sin alcanzar los extremos de otros momentos, son suficientes por su reiteración caótica para subrayar que los ataques humanos contra la naturaleza se pagan muy caro.
La posibilidad de que la ciudad de La Paz enfrente un desecamiento de sus reservas de agua, como pasó en 2016, y que Santa Cruz de la Sierra sufra daños de magnitud en sus fuentes, ha sobrevolado en las últimas semanas. Estos riesgos están asociados a influencias mayores –globales– sobre las que tenemos poco o ningún control, pero, también, a fuerzas locales.
En Santa Cruz, la multiplicación y ascenso de la violencia en tomas de tierras urbanas y rurales ha quedado completamente clara en situaciones como la de los acuíferos de las Lomas de arena y, antes, en la disputa sobre una nueva carretera que atravesaría la reserva del Amboró para abreviar la conexión entre la capital y la conexión con el occidente del país.
En La Paz, la sequía de este año vuelve a poner de manifiesto la precariedad de las reservas disponibles y los daños que sufren en sus márgenes por la minería ilegal que roe la cordillera, despachando una continua carga de tóxicos que genera esa actividad, Al mismo tiempo, una pelea interna del municipio ha desnudado la brutal influencia que ejercen grupos inmobiliarios sobre concejales y funcionarios, dispuestos a lo que sea para beneficiar a sus patrones, capaces de moverlos como títeres para acumular riquezas instantáneas a costa de arriesgar las vidas de quienes necesitan una vivienda económica.
En la sede de Gobierno, igual que en todas las demás ciudades que crecen aceleradamente, los grupos inmobiliarios están dispuestos a liquidar cualquier límite con que tropiece su voracidad y la multiplicación de construcciones de ínfima calidad, para lo que cuentan con la complicidad del decadente mundo de los políticos profesionales, de cualquier bando, a cambio de los pagos que ofertan las compañías que, al estilo de nuevas logias criminales, operan entre tinieblas y silencios bien remunerados.
En otro espacio, la lógica del desarrollismo a ultranza, con su fachada de promesas industrialista de los siglos XIX y XX, pesa cada vez más en actividades como la gran minería clandestina del oro, manejada por transnacionales agazapadas detrás de la pobreza y desesperación de familias, sin otro empleo, fuente de ingreso o de construcción de futuro y de la complicidad y complacencia de la burocracia estatal que cierra los ojos o vuelca la mirada, frente a la gigantesca y continua depredación de bosques, biodiversidad y nuestras principales cuencas, inundadas por mercurio, desechos de combustibles y otros residuos que deja esta actividad; o la fabricación de cocaína, para citar otro ejemplo de la permisividad del Estado.
Bajo la misma lógica funciona el avance irrefrenable de la colonización, quema y desaparición de bosques en nuestros parques nacionales, reservas naturales y territorios indígenas en beneficio del mercado clandestino de tierras para cultivos transgénicos y ganadería, en su forma más primitiva y destructiva que son presentadas como el gran modelo de crecimiento y desarrollo, también patrocinado por las mayores firmas transnacionales del área.
Tomando en conjunto la situación, se comprueba que el avance de los rencores y violencia política, tolerada y amplificada por el copamiento de la administración de justicia y aparatos de seguridad, apenas puede disfrazar que tan feroz pugna nos priva de ver, conocer, reflexionar, discutir y deliberar sobre los mayores y sustanciales problemas que tienen que ver con el cambio de la matriz productiva y energética.
El bien mayor, que es el fondo mismo de esa discusión, es dejar de postergar el cambio hacia la producción de alimentos sanos, con agricultura regenerativa, del incremento de visitantes externos dispuestos a apoyar y comprometerse con un país que fusiona el cuidado de la naturaleza y su armónica convivencia con culturas ancestrales. Esto, indispensablemente conjugado con la recuperación más selectiva de tecnología y la promoción de la investigación y el rescate del talento creativo, productivo y comercial de nuestra gente.
