Educación, lamento boliviano silencioso

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La educación interesa tan poco en el país que no alcanza siquiera para sumarla a la lista de lamentos bolivianos. La educación no es noticia, no es información, no hace parte de nuestra comunicación, no es ni dime ni direte. La educación no forma parte de las opiniones públicas, ni de las refinadas ni de las populares; la educación no está en la preocupación ni ocupación de nadie; no está en agenda.

El “recuperemos nuestro mar” o el “Viva mi Patria Bolivia de clásico dominguero” se mantienen vivos en el imaginario colectivo ofreciéndonos, de vez en cuando, fugaz esperanza de algún día tener salida al océano pacífico y de volver a entonar el himno nacional que sonó –fuerte y claro– en Chicago el 94. En cambio, la educación se ha convertido en un lamento boliviano silencioso… sin himnos emotivos ni cánticos festivos, y claro, sin eslóganes posibles.

El 2020 vino un Ministro y con la venia de la Presidenta y sin pena ni gloria, clausuró el año escolar el 1 de agosto. Este 2021, llegó un Presidente y dijo que este sería el año de la recuperación del derecho a la educación, una grandilocuencia cabal sólo al típico marketing político masista.

En definitiva, habría que cuestionarse por qué la educación formal y no formal del boliviano no constituyen parte protagónica de la agenda política, institucional y mediática, demostrando con esto que a los bolivianos nos interesa muy poco algo que hace parte del problema mayor del país.

Lo que hay que observar de este tema

  1. “…más de tres millones de estudiantes de educación regular, alternativa y especial dejaron de asistir a los establecimientos educativos” desde agosto del 2020, según el Gobierno. ¿Cuántos de estos estudiantes han logrado volver a educarse a la fecha? No hay que olvidar que el motivo principal de la clausura fue que al menos un tercio de esta población no tenía acceso a internet y que se hacía imposible que asistiera a las modalidades señaladas en el Decreto Supremo 4260. ¿el 2021, esta situación cambió? ¿Todos accedieron a internet? ¿Se solucionó el problema de fondo? Sabemos que no, entonces, ¿cuántos estudiantes han recuperado su condición?
  2. “El año 2020 se ha caracterizado por un conjunto de situaciones y circunstancias que han derivado en la interrupción del derecho a la educación, principalmente de los estudiantes de establecimientos educativos fiscales y de convenio”, afirma el Gobierno. Coincidimos, los centros educativos privados han tenido, de lejos, mayores posibilidades de adaptación a la virtualidad; ¿no es esto una clara muestra de la necesidad de repensar la educación pública en términos de autonomía de gestión, capacidad académica, flexibilidad curricular, acceso a tecnología y pertinencia del perfil docente?
  3. “La reapertura de las unidades educativas conlleva la implementación de rutas de actuación y prácticas diferentes a las que existían previo al cierre”, asegura el Gobierno. Ciertamente que sí. Volver a las aulas físicas en las mismas condiciones de antes al 2020, sería un despropósito pedagógico, pero, además, un atentado sanitario; es decir, que los escolares retornen para sentarse a escuchar la sabiduría de sus maestros, y sin las medidas efectivas de bioseguridad, sería un doble crimen. Pregunto ¿Cuánto hemos aprendido autoridades, directores, maestros, pedagogos y estudiantes de esta experiencia? ¿Las hemos capitalizado en procura de la calidad educativa? ¿Somos capaces de, por ejemplo, gestionar una educación híbrida de calidad? ¿Podemos ofrecer espacios seguros y libres de contagio? ¿Todas las escuelas han experimentado con éxito relativo sus protocolos de bioseguridad?
  4. La vacunación del 100% de maestros (en caso de que así fuera) no constituye una medida segura para toda la comunidad educativa ni para ellos mismos. ¿Que se autorizó vacunar a jóvenes de 16 y 17 años? Bien, pero esta medida (en caso de ser exitosa) tampoco garantizará seguridad plena para ellos ni para los no inoculados menores de 16. Entonces, es evidente que la pretendida tranquilidad de los padres no pasa por anunciar vacunas solamente, sino por un “paquete” de medidas de bioseguridad que exigen información y una rigurosa disciplina de la comunidad educativa, infraestructura y recursos económicos para que los baños tengan agua, y exista disponibilidad de barbijos y alcohol en las aulas, además de un plan de distanciamiento físico que facilite la detección y control de posibles contagios. ¿Estamos preparados?
  5. “Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal…” señala el artículo 17 de la CPE; “La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla”, reza el artículo 77 de la CPE; y finalmente, “El Estado garantizará el acceso a la educación y la permanencia de todas las ciudadanas y los ciudadanos en condiciones de plena igualdad”, dicta el artículo 82 de la CPE. ¿El Gobierno de Arce Catacora cumple a cabalidad lo que señala la Constitución Política del Estado? ¿Los ciudadanos de a pie lo comprendemos, asumimos y demandamos?
  6. En los tres últimos estudios latinoamericanos de la calidad de la educación, Bolivia ha ocupado puestos por debajo de la media; y lo más preocupante, no participará de las evaluaciones internacionales que se anuncian para el 2022 porque la medición de la calidad educativa es algo que en las últimas dos décadas ha sido algo así como un secreto de Estado, y lo sigue siendo, claro está.

Podríamos mencionar muchas más razones que debieran justificar que la agenda de la educación se imponga en el tratamiento político, institucional y mediático, pero por razones de espacio y paciencia de nuestros lectores, las omitimos; empero, considero que las razones expuestas acá, deberían ser suficientes para que la educación deje de ser un lamento boliviano silencioso. ¿No lo cree?

Mónica Patricia Olmos Campos es comunicadora social y doctora en Ciencias de la Educación