La tarde del lunes 30 de septiembre, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, dispuso la disolución del Congreso Nacional y convocó a elecciones parlamentarias para el 26 de enero de 2020, esgrimiendo como fundamento para ello la facultad conferida por el artículo 134 de la Constitución de su país que, en efecto, le autoriza a despojar a los congresistas de su mandato, siempre y cuando el Órgano Legislativo haya censurado o negado el voto de confianza a dos consejos de ministros. Cabe aquí alertar a nuestros lectores que al menos, en este particular, Perú opera con un sistema semiparlamentarista.
¿Cuál el contexto que indujo a Vizcarra a emitir ese decreto? Señalemos esquemáticamente los siguientes elementos caracterizadores de ese contexto:
1. Fuerte y sostenido enfrentamiento entre los órganos Legislativo y Ejecutivo desde 2016, cuando gana la Presidencia Pedro Pablo Kuczynski en segunda vuelta, derrotando a Keiko Fujimori, sin contar, empero, con respaldo en el Parlamento. El Congreso quedó bajo control de la corriente fujimorista.
2. 12 organizaciones políticas tienen representación en el Congreso peruano, sin que ninguna de ellas pueda, por sí misma, conducir su funcionamiento.
3. A partir de 2016, consecuencia del escándalo continental desatado a raíz del descubrimiento de los sobornos pagados por la empresa brasilera Odebrecht, la población peruana fue sacudida por las acusaciones de corrupción, primero contra los últimos cuatro expresidentes: Ollanta Humala, detenido preventivamente poco después; Kuczynski, quien se vio obligado a renunciar en marzo de 2018; Alejandro Toledo, refugiado en Estados Unidos, luchando judicialmente para evitar su extradición y Alan García, quien, abrumado por el escándalo, optó por quitarse la vida. A todo ello se añadió el apresamiento de Keiko Fujimori, cabeza de la principal fuerza política peruana, sumida por ello en una crisis impredecible.
4. A esos escándalos pronto se sumó la crisis de la justicia, precipitada por la difusión de audios conteniendo declaraciones comprometedoras de operadores de la justicia. El Presidente del Órgano Judicial se vio obligado a renunciar.
5. En septiembre de 2017, el Congreso le negó a Kuczynski el voto de confianza para su gabinete, obligando al mandatario a negociar un nuevo equipo de colaboradores.
6. A mediados de 2018, poco tiempo después de asumir la presidencia, Vizcarra envió al Congreso cuatro reformas constitucionales para enfrentar -según él- a la corrupción en Perú. El Congreso dio largas al trámite congresal, por lo que el Ejecutivo suscitó cuestión de confianza en septiembre de ese año. Ante la presión, el Legislativo emitió el voto de confianza.
7. Seis magistrados del Tribunal Constitucional peruano cumplieron su mandato, acefalías que deben ser llenadas por el Congreso.
En ese contexto, el Congreso, cumpliendo sus reglamentos, procesó la designación de los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional e inscribió en la agenda parlamentaria del 30 de septiembre la designación de dichos magistrados. En la mañana de ese lunes, el Jefe de Gabinete de Vizcarra acudió al Congreso para solicitar cambio en las reglas de nominación de los máximos operadores de la justicia constitucional, suscitando, al mismo tiempo, cuestión de confianza sobre ese cambio.
El Parlamento llevó adelante dos acciones: designó a uno de los magistrados con las reglas vigentes y, acto seguido, pasó a considerar y votar la cuestión de confianza, la que fue concedida en horas de la tarde. No obstante, Vizcarra ordenó la disolución del Legislativo.
Ahora bien, dado el escenario de dispersión de fuerzas políticas predominante y el cortísimo plazo para las nuevas elecciones (menos de cuatro meses), ¿qué puede esperarse de las próximas elecciones parlamentarias? Emergerá una nueva fuerza política capaz de reconducir, con gobernabilidad, el sistema político peruano?
Tal parece que tanto al Congreso cuanto al Ejecutivo les faltó serenidad y tolerancia para encontrar una ruta concertada capaz de conducirles a viabilizar las reformas políticas, y a mejorar los procedimientos para llenar las acefalías en el Tribunal Constitucional.
Preocupa todo esto en Bolivia porque Perú no sólo es vecino, sino, sobre todo, un importante socio comercial, y porque no está del todo claro lo que las ánforas nos entreguen el 20 de octubre.
Carlos Böhrt I. es un ciudadano crítico
