Los casi nueve minutos que el peso de un robusto policía aplastó el cuello de George Floyd fueron más que suficientes para ahogarlo y matarlo. Ni Chaveau, ni sus otros tres colegas que arrestaron al ciudadano negro, bajo un cargo incierto y eventualmente trivial, prestaron atención a Floyd, quien suplicó todo el tiempo “déjenme respirar!”.
El episodio gatilló la furia en Minneapolis, en todo Estados Unidos, y, luego, en el mundo, porque esta muerte vuelve a confirmar el acentuado racismo policial, estatal y general que no supera Estados Unidos hasta hoy y la violencia que permanecen sufriendo los negros en ese país.
En Bolivia vivimos una asfixia peculiar, vinculada al comportamiento del gobierno interino. que debió durar 90 días, pero cuya vigencia ha superado el doble de ese lapso por causa de la emergencia sanitaria, y, por lo mismo, se triplicará, si se cumple el plazo definido por el Tribunal Supremo Electoral para la realización de elecciones.
El motivo de la prolongación es comprensible. Lo que no se explica y, con cada día que pasa, se tolera menos es que a mayor alargamiento se hace más constante la reiteración de actos, estilo y los reflejos del anterior régimen, que cayó a pocas semanas del final de su mandato.
El déficit de transparencia, honradez y la incongruencia entre palabras y hechos es el principal estímulo que eleva la crispación social, al punto que la Presidenta interina se ha visto obligada a pedir disculpas públicas en más de una ocasión. No se trata que lo haga a diario, sino de que las conductas cambien y, antes que nada, que la burocracia deje de ahogar a la transparencia, que es la mejor forma de asfixiar a la democracia.
Están en curso investigaciones, algunas por meses, que se eternizan y no dan resultados. La más reciente es la de los exorbitantes precios pagados por 170 respiradores y que en vez de acelerarse se extravía en oscuros recovecos vinculados a la decisión de la Fiscalía de declararla “reservada”. Para rematar, el Ejecutivo ha aprobado un decreto que esconde los contratos de material sanitario.
Sabemos que aparatos, por los que las autoridades nacionales se comprometieron a pagar más de 28.000 dólares por unidad, costaron, según sus fabricantes, menos de 8.000 dólares y que fabricados en Bolivia se ofrecen a un precio de 600 a 2.000 dólares; pero los nacionales no tienen autorización para comercializarse.
Hasta ahora, tres funcionarios están presos, también un “testigo”-intermediario, mientras sus dos colegas se hallan libres, sin imputación-.
El principal de ellos, dueño de la oscura firma IME Consulting, moviéndose y gastando dinero en agencias de relaciones públicas para presionar por el pago total de los cinco millones que reclama por equipos que, según los datos disponibles, no deberían costar ni la mitad del crédito otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entidad que no ayuda en las investigaciones, aludiendo una pretendida inmunidad diplomática.
Dado el comportamiento del (BID) la solución podría ser que esa entidad pague y asuma el gasto que avaló y se niega a esclarecer.
Hasta mientras, la firma IME, intrigando y maniobrando, distrae la investigación, acusa a unos, exime a otros, impone su ritmo, no presenta las facturas de lo que pagó en Cataluña. De ese modo, aquí seguimos hablando del “presunto” sobreprecio y las cosas no se aclaran; lo que debió ocurrir a pocos días de las detenciones de personas.
En vez de eso, aparecen nuevos oscuros y prontuariados intermediarios, esta vez en material policial y militar; mientras quedamos con la pregunta de cuántas veces se ha podido trampear con las compras sanitarias, con pacientes que mueren y se apilan en las puertas de los miserables y desprovistos centros heredados de la opulenta administración de Morales Ayma.
En tanto, el secretario ejecutivo de la Gobernación cruceña denuncia que sus excorreligionarios, a cargo hoy del gobierno central, mantienen inmovilizados unos 4.000 millones de bolivianos que podrían usarse para aliviar la crisis sanitaria, sin que éstos atinen siquiera a escucharlo, porque están demasiado entretenidos disputando la fecha de elecciones y planeando como zurcir los muchos huecos que acumula su candidatura.
Roger Cortez es director del Instituto Alternativo.
