La Organización de Estados Americanos (OEA), bajo la Secretaría General del uruguayo Luis Almagro, puso en cierta medida punto final a 14 años ininterrumpidos de poder arbitrario del dirigente cocalero Evo Morales. Y lo hizo, como debe ser, apelando al derecho interno boliviano, luego de haberse comprobado a todas luces el canibalesco fraude electoral del 20 de octubre de 2019 y el “autogolpe” con el que el expresidente boliviano pretendía perpetuarse de manera indefinida. En paralelo, el 22 de noviembre del año en curso, la casi totalidad de los embajadores y delegados acreditados en La Paz saludó a la flamante dignataria de Estado, Jeanine Añez, en un gesto de respaldo pleno de la comunidad internacional a las instituciones democráticas de Bolivia.
En el contexto internacional, se avizora por lo demás días nuevos. La Canciller boliviana, Karen Longaric, fue contundente al indicar que “quedaron también atrás los días en los que la política exterior boliviana era definida con base en intereses políticos mezquinos.
A partir de hoy, Bolivia asumirá un rol activo en el conjunto latinoamericano y mundial. Siempre respetando los principios de libertad y democracia, y el principio de no injerencia en los asuntos internos de otros Estados”.
La zozobra vivida en más de 20 días de paro indefinido, con muertos y heridos, dio paso a un renacer no exento de vicisitudes en el camino, verbigracia, el tiempo perentorio con el que el Tribunal Supremo Electoral debe sanear el padrón electoral, resolver el nuevo calendario para las elecciones futuras, etc. Y amén de lo anterior, otro peldaño en esta ruta que se encuentra pendiente es la consolidación institucional y democrática en todos los poderes del Estado, tarea que a mi juicio deberá ser afianzada por el nuevo gobierno electo.
Un tema que no debe ser pasado por alto en la administración de Áñez, es el referente a la amnistía general e irrestricta demandada por los exiliados y presos políticos del país. En efecto, devolverles la libertad y en su caso la posibilidad de retornar a Bolivia luego de más de una década de destierro injustificado –en especial a quiénes tienen condición de refugiados según la Convención de Ginebra de 1951– es un deber primordial en tanto que el respeto y la dignidad humana son principios elementales de Bolivia, según la propia Constitución.
La presidente boliviana, ya se refirió enfáticamente a este tema capital, que seguramente es motivo de análisis y estudio en el ministerio de Justicia, y lo será luego en el Gabinete. Y es que no es posible hablar de pacificación en el país sin deponer las armas contra los perseguidos políticos durante el gobierno de Morales Ayma.
