Santos Pariamo
Luis Fernando Córdova, alias, sí tal como se lee en el mundo del hampa, Ticoco, estuvo profundamente involucrado en un crimen el 27 de enero de 2009, cuando Bolivia se vio sacudida por el asesinato del empresario tarijeño Jorge O’Connor Darlach, un hecho que rápidamente se convirtió en uno de los episodios más sonados de la historia reciente del país, no solamente por la violencia del crimen, sino por las ramificaciones de corrupción que posteriormente se destaparon alrededor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), terminando en el arresto y condena de quien fuera presidente del Senado y heredero político de Evo Morales, Santos Ramírez.
De acuerdo con las investigaciones policiales de hace 10 años, O’Connor Darlach fue víctima de una emboscada, mientras se dirigía a concretar un pago de 450 mil dólares. La operación, que debía formar parte de la ejecución de contratos con la empresa Catler Uniservice, terminó convertida en una tragedia por la “traición” de alguien de su entorno más cercano: Luis Fernando Córdova, alias Ticoco. Este individuo era íntimo amigo de O’Connor, de manera que fue a recoger el dinero con O’Connor, además de haber orquestado el robo.
Córdova urdió un plan para apoderarse del dinero, pero no se pudo comprobar si también hubiera estado involucrado en los sobornos y la corrupción de YPBF, con Ramírez a la cabeza. La estrategia consistía en organizar un “asalto simulado” con la participación de delincuentes que, en apariencia, debían perpetrar un robo vulgar. Sin embargo, la emboscada salió fuera de control y culminó con el asesinato del empresario, generando conmoción nacional.
El caso no solo reveló la traición de Córdova, sino que, por inercia y casualidad, dejó al descubierto una red mucho más compleja. En el centro de las acusaciones apareció el entonces presidente de YPFB, Santos Ramírez, considerado una de las figuras políticas más cercanas a Evo Morales. Las investigaciones del Ministerio Público y de la prensa evidenciaron que el pago que transportaba O’Connor estaba vinculado a un tráfico de influencias, cohecho y comisiones ilegales relacionadas con la adjudicación de contratos millonarios a Catler Uniservice para la construcción de una planta separadora de líquidos en Río Grande.
El escándalo creció aún más, al descubrirse la participación de familiares de Ramírez, entre ellos sus cuñados y su esposa, los hermanos Navia, quienes habrían actuado como intermediarios en el esquema de corrupción. Los Navia estaban en coordinación con el Ticoco y todos trataron de aprovecharse de O’Connor, aunque este personaje buscaba hacerse millonario, a costa de propiciar la corrupción y contratos lesivos al Estado. La combinación del asesinato, traición y podredumbre política estructural dejó en evidencia la fragilidad institucional del Estado boliviano y la penetración de redes criminales en la administración pública. Ahora Ticoco vuelve a las andanzas, esta vez tratando de actuar en la política con el Partido Demócrata Cristiano (PDC), organizando la campaña para la segunda vuelta electoral de Rodrigo Paz.
El impacto político del asesinato de O’Connor fue inmediato. Santos Ramírez terminó siendo destituido de su cargo, procesado y posteriormente condenado por delitos de corrupción y enriquecimiento ilícito. El caso Catler Uniservice se convirtió en símbolo de cómo los intereses particulares y la ambición podían infiltrarse en las estructuras más sensibles del poder estatal. Además, la traición de Córdova con O’Connor expresó cómo la amistad puede, tranquilamente, convertirse en un justificativo para llevar a cabo las peores vilezas. Todo por dinero. El razonamiento de Córdova fue erróneo pero descarnado: “si O’Connor es capaz de corromper a Santos Ramírez, por qué no aprovechar y tomar un dinero que, de todos modos, ya está sucio”.
Más de una década después, el asesinato de Jorge O’connor Darlach sigue siendo recordado como un crimen marcado por la traición de un amigo y por la corrupción enquistada en la empresa estatal más importante del país, que hoy en día está en total quiebra. El nombre de Ticoco quedó asociado a la traición criminal, mientras que el de Santos Ramírez, sus cuñados y su ex esposa, Jiovanna Navia, se convirtió en sinónimo de la descomposición política y moral que, en aquel momento, manchó la imagen del proceso de cambio.
Lo más llamativo es que, pese a su historial, Luis Fernando Córdova, reaparece hoy en el escenario político. Distintos reportes confirman que ocupa la jefatura departamental de campaña en La Paz por el Partido Demócrata Cristiano (PDC). Este hecho no solo sorprende, sino que pone en entredicho los filtros éticos y de responsabilidad política que deberían regir en un proceso electoral. Córdova trata de controlar toda la bancada del PDC para, según se cree, “negociar políticamente y aprovechar insertarse en el poder”. De hecho, hay evidencia clara de las relaciones entre los hermanos Córdova (Ticoco y Ernesto), Ramiro Ossio, Sandra Rivero, Víctor Hugo Velasco, del PDC.
La contradicción y amenaza a la democracia es alarmante. Un hombre vinculado a una de las traiciones más dolorosas en la historia empresarial y judicial de Bolivia, ahora intenta reinventarse como operador político, aprovechando, nada menos que la candidatura presidencial de Rodrigo Paz. Lo que en otros contextos democráticos sería impensable, en Bolivia se naturaliza bajo la lógica del pragmatismo electoral, donde cualquier estructura de apoyo es bienvenida, sin importar los antecedentes. Los seguidores del Ticoco afirman que se les ha ofrecido, inclusive, “acceder al control total de Bolivia TV y la presidencia de la Cámara de Diputados”.
La participación de Ticoco en la campaña plantea preguntas incómodas: ¿qué tipo de política se construye cuando se habilita a actores con antecedentes criminales? ¿Hasta qué punto la ambición electoral puede justificar alianzas con figuras cuya trayectoria está marcada por la corrupción y la violencia?
Este retorno del Ticoco, revela también una falla estructural: la débil memoria política de la sociedad boliviana. Casos que deberían marcar un “nunca más”, terminan reciclándose en nuevas candidaturas, lo que expone un círculo vicioso en el que el poder se abre paso sin reparar en la ética.
Más que un hecho aislado, la reaparición de Ticoco como jefe de campaña ilustra cómo la política boliviana, lejos de aprender de los escándalos del pasado, reincide en ellos. Y, peor aún, compromete la credibilidad de candidaturas que deberían ofrecer una alternativa limpia frente al descrédito generalizado. Rodrigo Paz y Edman Lara deben expulsar, de inmediato a Luis Fernando Córdova de todo proyecto político, aun cuando éste diga que ha invertido cerca de “110 mil dólares, movilización de bases, una oficina en el edificio Hansa de La Paz y todo tipo de automóviles”, en la campaña para la segunda vuelta.
