Un nuevo paro laboral debía realizarse este jueves en la Caja Nacional de Salud (CNS), suspendiendo una vez más los servicios de salud a miles de personas afiliadas a la Caja, que trabajosamente habían logrado conseguir una cita médica o, después de sortear dificultades varias, al fin lograron el señalamiento de día y hora para una intervención quirúrgica. Felizmente la temida huelga se suspendió gracias a que los ejecutivos del principal ente asegurador del país y la Federación Sindical de Médicos y Ramas Afines (Fesimras) llegaron a un acuerdo para satisfacer las demandas de los profesionales y personal administrativo que motivaban la medida de presión.
El pliego petitorio que casi frustra las expectativas de esos centenares de aseguradas y asegurados estaba integrado por cinco planteamientos: 1) la permanencia en sus cargos del personal jerárquico procesado por hechos irregulares, lo cual, naturalmente, atenta contra la transparencia de las investigaciones en curso; 2) institucionalización de los puestos de trabajo en la entidad, ejecutivos, intermedios y de base; 3) incumplimiento de los convenios firmados los pasados meses de abril y junio; 4) desabastecimiento de medicamentos e insumos varios a nivel nacional, y 5) rechazo a la Ley 1069, de reciente promulgación, por vulnerar el Código de Seguridad Social. Volveremos sobre estas demandas al cerrar esta columna.
Conocidas estas demandas, el país en general y especialmente la población afiliada a la CNS se pregunta: ¿Cuál es la situación real de la Caja? ¿La solución a esos cinco puntos mejorará la calidad de los servicios prestados por la entidad, de manera tal que justifiquen los sacrificios que implican las repetidas huelgas? Para contestar estas interrogantes se necesita evaluar los siguientes datos sobre la situación real del mayor ente gestor del seguro de salud:
Número total de personas aseguradas: 3.320.707, de los cuales 1.279.158 son titulares; es decir, los que pagan sus cotizaciones, y 2.041.549 beneficiarios o dependientes de los primeros. Para que una entidad gestora de salud sea considerada viable en el mediano y largo plazo, internacionalmente se asume como estándar que entre el 35% y 40% de los aportantes deben ser trabajadores activos, cotizando en los máximos señalados en la ley, empero, en la CNS ese porcentaje peligrosamente va bajando año tras año, al punto que en la actualidad sólo alrededor del 25% de los titulares son laborantes en ejercicio.
La entidad cuenta con sólo nueve establecimientos de tercer nivel y 26 de segundo nivel en todo el país, con una capacidad instalada que, en el mejor de los casos, podría atender las demandas de 1.300.000 personas.
Al 31 de diciembre de 2017 la CNS pagaba los salarios de un total de 13.891 empleados efectivos, entre los que figuraban únicamente 3.573 médicos, 5.202 paramédicos y 5.116 administrativos, sin contar los puestos acéfalos, vale decir que en esta Caja vienen operando 1,07 médicos por cada 1.000 asegurados, contrariando el estándar internacional que recomienda al menos tres médicos por cada 1.000 personas. Este dato y el de la capacidad instalada son los que explican por qué los asegurados hacen incómodas filas y las esperas son tan largas en la CNS.
A pesar de los datos anteriores, la situación financiera parece ser positiva. En 2017 el presupuesto programado de la CNS fue de 5.672 millones de bolivianos, aunque lograron ejecutar tan sólo 3.857 millones, equivalentes al 68%. Consecuencia de la ineficiencia administrativa, de data antigua, en el balance contable de la entidad figuraban en la cuenta “activo disponible” (caja y bancos) alrededor de 5.900 millones de bolivianos, o lo que es lo mismo, 850 millones de dólares.
Volvamos ahora a los cinco puntos demandados por la Fesimras: exceptuando el punto 4 (desabastecimiento de medicamentos e insumos), al parecer se trata de reivindicaciones gremiales cuya satisfacción sólo marginalmente podría traducirse en mejora de las deficitarias condiciones imperantes en la CNS. ¡Más de tres millones de personas necesitan servicios de salud efectivos, permanentes y oportunos, por los cuales pagan sus aportes los 12 meses del año! Y esta exigencia no implica ir en contra del pedido de que los denunciados de hechos irregulares deben abandonar los puestos de mando, menos todavía contra la institucionalización de los cargos jerárquicos.
