De varias maneras, con insinuaciones y presiones, con calumnias y amenazas o a través de amañados recursos administrativos, el gobierno está reconstruyendo mecanismos para acotar, y si se puede ahogar, la libertad de expresión. Al presidente y a muchos de los suyos les irritan las versiones que los contradicen, las opiniones críticas, los otros datos.
El desacuerdo del poder político con los medios que difunden contenidos que le incomodan es normal en las democracias y, cuando se expresa con argumentos e informaciones, puede contribuir a la deliberación pública. Pero al presidente López Obrador no le gusta discutir: lo suyo es la prédica o, en otras circunstancias, las falsedades y el dicterio. Esa repulsión al contraste, los contrapesos y la diversidad —es decir, a las reglas de la democracia— se traduce en acciones autoritarias que afectan la libertad en los medios de comunicación.
El gobierno promueve acciones de censura a través de por lo menos cinco actitudes.
a. El presidente ha creado un contexto de descalificaciones a la prensa crítica. Las expresiones contra periodistas y medios de comunicación que le disgustan han incluido adjetivos burlones y señalamientos personales. En un país con el presidencialismo reconcentrado que tenemos en México tales desacreditaciones son especialmente ominosas cuando se dicen en cadenas de televisión desde Palacio Nacional. Luego, hay empleados y acólitos del presidente que las vulgarizan y multiplican en redes sociodigitales. Cuando reprende a periodistas y medios cuyas noticias y apreciaciones le incomodan, el presidente no ofrece datos diferentes ni refuta sus apreciaciones. En vez de ello, esparce murmuraciones sobre a las empresas y personas que difunden tales contenidos.
b. En el contexto así creado, hay funcionarios de diversos rangos más que dispuestos a congraciarse con el presidente, intimidando o presionando a los medios y periodistas que lo han contrariado. Cuando el servilismo, la discrecionalidad y la ilegalidad se combinan, los resultados pueden ser muy riesgosos.
c. Las ganas de complacer al presidente, o para quedar bien con el gobierno, también se manifiestan fuera de la administración pública. En las empresas de comunicación, sobre todo en épocas de vicisitudes financieras como las que se experimentan ahora, es frecuente que haya quienes prefieren la complacencia, a la independencia. Los recursos del Estado, como fuentes para alimentar a los medios, pueden ser más atractivos que el respaldo o la confianza de la sociedad. De allí surgen casos de censura empresarial, o de autocensura.
d. El ejercicio de dinero público para recompensar y castigar a los medios sigue funcionando con el gasto de miles de millones de pesos que se ejerce de manera discrecional a través de la publicidad oficial. El gobierno actual gasta en publicidad menos recursos que los anteriores pero con la misma discrecionalidad que desplegaban las gestiones del PRI y el PAN para favorecer o acorralar a los medios.
e. Para desacreditar a medios incómodos se propalan mentiras sobre su situación administrativa o sus finanzas, o se les atribuyen intereses que no tienen. En vez de transparencia en el ecosistema mediático y sus relaciones con el Estado, el gobierno tiende una nube de distorsiones y confusiones.
Por otra parte, se mantiene e incluso se incrementa la violencia física contra periodistas que es perpetrada por grupos delincuenciales. El gobierno no propicia esas agresiones pero hace poco para enfrentarla. El Mecanismo de Protección para Periodistas a cargo del gobierno federal recibe menos atención que en gobiernos anteriores y sus recursos están constantemente en riesgo.
Esas circunstancias han existido desde hace décadas pero el actual gobierno ha intensificado los amagos, especialmente contra medios y periodistas críticos. El escenario es más peliagudo, además, debido a la crisis de los medios que tienen menos ingresos publicitarios y con frecuencia audiencias más reducidas y que ha empeorado en la pandemia.
En medios muy diversos, desde el año pasado se registra un arrinconamiento de opinadores y periodistas críticos con el gobierno, al mismo tiempo que las voces y plumas favorables a la llamada 4T reciben espacios más destacados. Los artículos deben ser más breves o de periodicidad más espaciada, los honorarios por ese trabajo disminuyen o desaparecen. Esas medidas se deben a decisiones empresariales que no se pueden atribuir a instrucciones directas del gobierno pero los propietarios y directivos de medios no son ajenos al desagrado presidencial con sus críticos.
Hace poco Pablo Hiriart, cuyas apreciaciones críticas respecto del presidente López Obrador y su gobierno han sido perseverantes y consistentes, anunció que ahora sus colaboraciones en El Financiero se ocuparán de la campaña electoral en Estados Unidos. El 27 de agosto Leonardo Kourchenko escribió en ese periódico: “En semanas recientes el director de Información Política de este diario decidió convertirse en corresponsal y trabajar en temas internacionales desde Miami. Pablo Hiriart lo anunció de forma pública en estas páginas. ¿Lo corrieron? No. ¿Recibió la sutil invitación del régimen a abandonar el país? No –que sepamos. Lo que sí sucedió fue el señalamiento directo desde el púlpito presidencial en contra de aquellos columnistas ‘adversos a la transformación’ con nombre y apellido”.
El acoso contra Nexos ha sido ampliamente conocido. La Secretaría de la Función Pública le impuso una multa desproporcionada e inhabilitó a la empresa que publica esa revista debido a una falta que no ha sido demostrada. Nexos ha publicado, y exhibió a las autoridades cuando se los pidieron, los documentos de pagos al INFONAVIT y al IMSS que según la SFP son irregulares. La Función Pública rebuscó en el historial administrativo de esa empresa una supuesta anomalía para magnificarla y lesionar con ello las finanzas y la fama pública de Nexos. Esa maniobra ha resultado fallida. A partir de la resolución de la SFP y de la politizada defensa de ese caso que ha hecho la titular de esa Secretaría, la solidaridad con Nexos ha sido muy extendida, inclusive entre ciudadanos que han simpatizado con el actual gobierno. El intento para golpear a Nexos ocurre cuando esa revista ha publicado algunos de los diagnósticos mejor documentados de la inhabilidad del gobierno en la atención a la pandemia.
A ocho organizaciones sociales y a Animal Político, el gobierno los acusa de recibir financiamiento de fundaciones extranjeras para oponerse al Tren Maya. Si así fuera, no sería ilegal. El periodismo de investigación y las organizaciones de la sociedad civil, en México y otros sitios, se apoyan con éxito en fundaciones privadas. Pero la información que presentaron el viernes 28 de agosto el presidente y su coordinador de Comunicación está plagada de falsedades. La Fundación Kellog, por ejemplo, no depende de la empresa de cereales y tiene un funcionamiento autónomo. Sin embargo al presidente y al otro funcionario les pareció que allí estaba el hilo de una madeja conspirativa, son “los que venden Corn Flakes y frutilupis” que, claro, son comida chatarra como la que tanto enfada al gobierno. Animal Político, queha indagado y denunciado estafas del poder político, nunca fue vilipendiado por el gobierno de Peña Nieto como ahora le sucede con López Obrador.
La censura, de acuerdo con las definiciones contemporáneas, no se limita a la supervisión previa de contenidos ni a la prohibición para que circulen. Censura es el control sobre las informaciones que recibe la sociedad y que es ejercido por el Estado, o por algún poder capaz de evitar que circulen o de afectar sus contenidos. Es, indica otra definición, cualquier “proceso que abarca el bloqueo, la manipulación y el control de todo el mensaje original o de parte de él” (O’ Sullivan y otros, Conceptos clave en comunicación y estudios culturales). Hay censura directa como la restricción establecida antes de la circulación de un medio, e indirecta que castiga a sus autores. Hay censura del Estado o del gobierno, y censura empresarial o ejercida por otros agentes con influencia suficiente. En México la censura ha sido mulitifacética y omnipresente. La sociedad y los medios han ganado márgenes de libertad que no hubo durante casi todo el siglo pasado y, por eso, los indicios de censura reciente son tan graves.
La censura, para decirlo con sencillez y de acuerdo con una definición que circula ampliamente, es el uso del poder para controlar la libertad de expresión. Junto con episodios y/o amagos recientes de censura, hay que deplorar la cara dura de quienes, para defender al gobierno, justifican esas acciones. No son pocos los que, al disculpar o minimizar acciones de censura, niegan la realidad o, peor aún, dicen que no es para tanto. La erosión de la democracia se alimenta, también, en el cinismo.
