En un operativo de alto riesgo realizado en la madrugada del viernes 13 de marzo de 2026, fuerzas policiales bolivianas capturaron al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, considerado uno de los criminales más peligrosos y buscados de la región. La acción se llevó a cabo en el exclusivo barrio Las Palmas de Santa Cruz de la Sierra, donde agentes de élite irrumpieron en una vivienda que servía como refugio del prófugo. Junto a Marset fueron detenidas tres personas de su entorno inmediato.
La operación fue el resultado de meses de trabajo conjunto entre la Policía boliviana y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay, que compartieron información de inteligencia para dar con el paradero del líder del denominado Primer Cartel Uruguayo (PCU). El despliegue incluyó un cerco de seguridad en la zona y unidades tácticas especializadas, lo que permitió neutralizar cualquier intento de fuga. “El objetivo ya se encuentra asegurado”, confirmó Jalil Rachid, titular de la Senad, al anunciar oficialmente la captura.
Sebastián Marset, prófugo desde 2021, es señalado como responsable de coordinar rutas de tráfico de cocaína desde Bolivia y Paraguay hacia Europa y África. Su nombre se convirtió en sinónimo de impunidad tras evadir una orden de captura internacional hace más de cuatro años, consolidando su figura como uno de los principales líderes del narcotráfico en Sudamérica.
Las reacciones oficiales fueron inmediatas. El Ministerio del Interior de Uruguay celebró la noticia y aseguró que la detención “marca un antes y un después en la lucha contra las organizaciones criminales que operan en la región”. En Asunción, el presidente paraguayo destacó que “la cooperación entre países es la única vía para enfrentar mafias que no reconocen fronteras”. Desde La Paz, el ministro de Gobierno de Bolivia afirmó que el operativo demuestra la capacidad del Estado para enfrentar amenazas internas y externas, aunque reconoció que el país sigue siendo vulnerable como territorio de operaciones ilícitas.
La captura de Marset representa un golpe contundente contra el crimen organizado y envía un mensaje claro: la coordinación internacional puede quebrar la impunidad de quienes se creían intocables. En un contexto de tensiones políticas y sociales en Bolivia, este hecho se convierte en un símbolo de la necesidad de fortalecer la seguridad interna y la cooperación regional para enfrentar redes criminales que desafían las fronteras y las instituciones.
