El Congreso de la UAGRM –desarrollado en días pasados- ha planteado una serie de cambios que deben ser llevados a cabo en un futuro próximo, entre los cuales se destacan: 1) no reelección de sus principales autoridades; 2) desconcentración del examen de ingreso a las facultades; 3) asignación de más recursos a la investigación y extensión y; 4) mayor transparencia en las campañas.
No voy entrar en la discusión sobre los detalles técnicos de cada uno de los aspectos señalados, pues contienen su propia complejidad que no es necesario profundizar en este espacio. Sin embargo, hay un punto que me parece importante y necesario de apuntar y debatir: no reelección de sus autoridades.
¿Qué implicaciones políticas y académicas conlleva limitar a sólo una gestión de gobierno a las futuras autoridades electas en la UAGRM?
Considero que este cambio – que tengo entendido se aplicará en el 2020, al cual, prestándome una frase del politólogo Daniel Zovatto para referirse a un conjunto de elecciones presidenciales en Latinoamérica, lo bautizo como el súper ciclo electoral cruceño: se elegirán Rector, Alcalde y Gobernador- es una señal positiva que enseña una lección a los afanes y pasiones populistas de moda: imponer límites al poder en sujeción a las reglas de juego aprobadas desde un pacto social.
A modo de conjetura me atrevo a plantear los siguientes escenarios futuros:
Desde la perspectiva política, disminuiría el juego de tomar decisiones (o no tomarlas) en función de mantener legitimidad política para las elecciones futuras, por ende, los programas de gobierno propuestos en campaña -también suponiendo que se ha empezado a constituir una cultura de transparencia- se aplicarían, pues las autoridades estarían enfocadas en la gestión para las que fueron exclusivamente electas. A decir del politólogo A. Przeworski, uno de los desafíos de la democracia es “asegurar que los gobiernos hagan lo que se supone que deben hacer y no hagan lo que no se les ha mandado hacer”. Por lo tanto, se abre una ventana de esperanza de que las futuras gestiones de gobierno universitario serán más eficientes.
Desde la perspectiva académica –suponiendo, además, que se aplican mayores recursos económicos a la investigación científica- , me remitiré a un ejemplo específico para ser más enfático: ya no tendrían que haber excusas para no llevar a cabo convocatorias públicas que permitan el ingreso de nuevos docentes con maestrías y doctorados acordes con las materias vacantes, pues los cálculos políticos (pensando en la reelección) por la afectación a determinados intereses que aquello supone estarían neutralizados.
Con todo, más allá de las criticas escépticas sobre los límites y alcances de los cambios propuestos por el Congreso Universitario, considero que los arreglos institucionales señalados son pasos importantes acordes a las necesidades emergentes de las circunstancias políticas actuales, pero sobre todo, mandatos que otorgan las condiciones básicas para seguir insistiendo y luchando por un objetivo estratégico: que la universidad pública-estatal cruceña, en un futuro no muy lejano, se meta en ese grupo de elite académica de universidades latinoamericanas.
El desafío inmediato es su real aplicación. Caso contrario, seguiremos con los discursos de las buenas intenciones, los problemas recurrentes como la toma de los predios por estudiantes, y praxis reproductoras de la zona de confort.
José Orlando Peralta B/ Politólogo
