No hace mucho, un hombreo del proyecto hidroeléctico Ivirizu fue arrastrado por la crecida de un río cuando trabajaba como maquinista bajo el mando de supervisores chinos de la empresa Sinohydro. El hecho provocó que nuevamente los trabajadores de la construcción salgan a las calles para exigir seguridad laboral.
Si esta fuera la primer tragedia de un boliviano en manos de empresas chinas quizá existiría un margen de comprensión y posterior reajuste a los controles laborales, pero no es el caso. Desde que el gobierno boliviano y el de China estrecharon lazos podemos mencionar una innumerable cantidad de actos irregulares que van desde la extracción minera ilegal hasta el tráfico de los colmillos de jaguares.
Lo triste es que el Gobierno no le pone límites y cuando uno empieza a buscar explicaciones se encuentra con datos interesantes. Según las cifras del Banco Central de Bolivia (BCB), la deuda externa pública de mediano y largo plazo al 31 de diciembre de 2018 alcanzó los 10.177,9 millones de dólares. La deuda bilateral suma 1.186 millones de dólares, de los cuales 890,5 corresponden a la República Popular de China, constituyéndose como el principal acreedor bilateral.
Por otra parte, en los últimos años, los proyectos de gran envergadura como hidroeléctricas y carreras fueron adjudicados a empresas chinas, tal es el caso de la carretera a El Sillar que es uno de las más caras en la historia del país (426 millones de dólares).
A todo este problema se suma la situación de los empresarios y trabajadores bolivianos que prácticamente quedan a la merced de las empresas chinas, viviendo de subcontratos, alquilando maquinaria y prestando sus servicios como obreros.
Por todas estas razones considero que el Gobierno debe ponerle un freno a las empresas chinas que llegan al país, imponiéndoles multas ejemplares para que dejen de vulnerar derechos laborales, incrementando el control en zonas de alto riesgo para la extracción minera ilegal y con penas máximas cuando se trata de daño al medio ambiente y a la fauna.
