El año 2020 en el que se espera el alejamiento de Evo Morales Ayma del poder por decisión mayoritaria de los bolivianos, expresada el 21 de febrero de 2016, será también para muchos el año que represente más de una década en el exilio. En efecto, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), acogió favorablemente en diferentes partes del mundo peticiones de asilo político, mientras en otros casos, los perseguidos del régimen boliviano simplemente huyeron al extranjero. Lamentablemente, y pese a la situación legal impuesta por mandato del soberano, Morales Ayma se resiste a dejar el poder con ínfulas de grandeza y expresiones de júbilo junto a su par, el venezolano Nicolás Maduro, frente a la avalancha de críticas internas y externas, que apuntan al virtual cercenamiento de derechos fundamentales y libertades civiles y políticas en Bolivia.
Muestras patentes del caso son el reciente enjuiciamiento criminal contra el Alcalde de Cochabamba con notoria intromisión del Ejecutivo; la omisión y el abandono de autoridades políticas frente a los pedidos de la Iglesia Católica de otorgar amnistía general e irrestricta a favor de los refugiados; la constante amenaza del Ministerio Público y abogados contra autoridades y personas que no se someten al mando del Presidente boliviano y su entorno; los vituperios, las difamaciones, y el linchamiento político de la oposición boliviana desde el inicio del mandato de Morales Ayma; el manejo arbitrario de la cosa pública, a partir de contrataciones directas al margen de cualquier control y fiscalización gubernamental; el impedimento tácito de los medios de comunicación para publicar opiniones de la ciudadanía (aspecto paradigmático en la región latinoamericana); la compra de medios de comunicación privados por parte de gente ligada al Gobierno, con la finalidad de acallar a la prensa nacional, someter al escarnio público u ostracismo a los opositores y disidentes, y paralelamente, retratar con espectacularidad las así llamadas bondades gubernamentales; la nula independencia de poderes, y en especial, el sometimiento pleno del Tribunal Constitucional Plurinacional a los intereses del Primer Mandatario, tal como lo expresa la Sentencia Constitucional que recrea un inédito derecho humano de reelección a favor de Morales Ayma; y un largo etcétera.
Más de una década en el exilio es un motivo suficiente de preocupación en el país, y debería serlo también en la Comunidad Internacional. La Unión Europea, China, Rusia, Estados Unidos, y los países de América Latina, deberían en su conjunto dar muestras de un decidido apoyo a favor de la democracia boliviana. En un mundo globalizado con amplias perspectivas de inversión extranjera directa, habría que preguntar si la falta de controles suficientes es motivo para alentar – y quién lo sabe si poner en tela de juicio – ingentes sumas de dinero de potencias extranjeras y socios comerciales de la región. Y es que la cooperación internacional puesta a prueba por las circunstancias anotadas anteriormente debería, al menos, reflexionar a los actores económicos, sociales y políticos en juego.
Son muchos, sin duda, quiénes se preguntan hasta cuándo tendrán a sus familiares en este largo exilio, que supera con creces al de Hugo Bánzer Suárez y Jorge Rafael Videla, entre muchos otros. El 2020, es la fecha de caducidad de Morales Ayma impuesta por la sociedad boliviana, y ello se halla respaldado jurídicamente por el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, quién en sentido contrario a lo expresado por el Tribunal Constitucional Plurinacional, ha informado – luego de un sesudo estudio legal del caso – que la reelección presidencial no es de ninguna manera un derecho humano. ¿Evo Morales Ayma por afanes personales, así como su entorno, desean tergiversar una vez más el curso natural de la historia y la democracia?.
