«Los pueblos que olvidan sus heridas están condenados a repetirlas.» — Eduardo Galeano
Bolivia atraviesa una crisis inédita. Nunca antes en la historia democrática se había registrado un bloqueo tan prolongado: más de cuarenta días con La Paz cercada, con carreteras interdepartamentales interrumpidas, con hospitales sin suministros y con mercados desabastecidos. Las pérdidas económicas superan los dos mil millones de dólares y al menos trece personas han muerto, muchas de ellas por no poder acceder a atención médica debido al bloqueo de vías, la mayoría provenientes de poblaciones. A esto se suma la aparición de grupos armados en distintos puntos de los bloqueos y las amenazas directas que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
La Constitución Política del Estado, en sus artículos 137 al 140, establece que el presidente puede declarar un estado de excepción cuando la seguridad del Estado se ve amenazada por conmoción interna, peligro externo o desastre natural. La medida debe ser aprobada por la Asamblea Legislativa en un plazo de 72 horas y no puede suspender derechos esenciales como la vida, la integridad personal, el debido proceso y las garantías judiciales. La Ley 1740, promulgada en junio de 2026, regula este mecanismo y fija una duración máxima de 90 días prorrogables, habilitando la intervención conjunta de Fuerzas Armadas y Policía.
La historia boliviana conoce bien este recurso. En 1985, bajo el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, se declaró estado de excepción para enfrentar convulsiones sociales en el inicio de la Nueva Política Económica. En 2000, Hugo Banzer Suárez lo aplicó durante la “guerra del agua” en Cochabamba. En 2003, Gonzalo Sánchez de Lozada lo decretó en medio de la “guerra del gas”, lo que derivó en la represión en El Alto y dejó una herida abierta en la memoria nacional. En 2008, Evo Morales recurrió al estado de sitio en Pando tras la masacre de Porvenir, cuando militarizó la región y detuvo al prefecto Leopoldo Fernández. En todos los casos, el resultado fue ambiguo: se logró restablecer el orden en el corto plazo, pero a costa de violencia, denuncias por violaciones de derechos humanos y un aumento de la desconfianza hacia las instituciones.
Pero los cercos a La Paz no son un fenómeno nuevo. En 1781, Túpac Katari lideró un bloqueo histórico que mantuvo sitiada la ciudad por más de seis meses, impidiendo el ingreso de alimentos y suministros. Aquella acción, que buscaba quebrar el poder colonial, dejó una huella profunda en la memoria nacional y constituye un antecedente inevitable cuando hoy se habla de cercos y bloqueos. La historia muestra que el control de accesos a la sede de gobierno ha sido una forma recurrente de presión política y social en Bolivia.
Hoy, el dilema es más complejo. Declarar el estado de excepción podría permitir desbloquear carreteras, garantizar el abastecimiento y devolver cierta normalidad. Pero también significaría suspender derechos y abrir la puerta a un escenario de represión que podría incendiar aún más la polarización. La norma existe, la Constitución lo habilita, pero la decisión no es solo jurídica: es política, ética e histórica.
Bolivia está en un umbral decisivo. El presidente Rodrigo Paz enfrenta una decisión que marcará el rumbo de la nación por décadas. Si opta por el estado de excepción, deberá hacerlo con garantías estrictas, con control legislativo real y con respeto irrestricto a los derechos humanos. De lo contrario, el país corre el riesgo de repetir los errores del pasado y de profundizar la fractura social.
Este editorial interpela directamente a quienes hoy tienen la responsabilidad de decidir. La historia juzgará no solo la capacidad de restablecer el orden, sino también la sabiduría de hacerlo sin destruir los cimientos de la convivencia democrática. El estado de excepción es un arma poderosa, pero peligrosa. Usarla sin agotar las vías del consenso sería un error histórico. Hay quienes piden esta medida, otros la cuestionan. Mientras los movilizados continúan las medidas de presión que vulneran otros derechos de la población.
Y aquí surgen las preguntas que deben abrir el debate nacional: ¿Estamos dispuestos a sacrificar libertades para recuperar la paz? ¿Puede un estado de excepción devolver la normalidad sin repetir los abusos del pasado? ¿Qué garantías existen para que la fuerza no se convierta en represión? ¿Es este el momento de aplicar la Ley 1740 o debemos insistir en el diálogo como única salida? ¿Qué otras opciones le quedan al Gobierno?
Bolivia necesita soluciones que preserven la vida y la estabilidad sin sacrificar las libertades. La salida no puede ser únicamente la fuerza: debe ser también el diálogo, la negociación y la reconstrucción de la confianza. Toda medida requiere un profundo análisis, todo cambio y mejora necesita tiempo. Un país que enfrenta sus crisis con más democracia y más justicia siempre estará mejor preparado para sobrevivir a sus tormentas.
