Inmediaciones
En las dos últimas décadas, Bolivia ha transitado por un ciclo económico marcado por la bonanza de los recursos naturales, la expansión del gasto público y, más recientemente, por el incremento acelerado de su deuda externa. Desde el año 2005, cuando el país vivía un proceso de nacionalización de hidrocarburos y un auge en los precios internacionales del gas y los minerales, la economía boliviana experimentó un crecimiento sostenido que permitió reducir la pobreza y ampliar la inversión estatal. Sin embargo, ese mismo modelo, basado en la renta extractiva y el financiamiento externo, ha mostrado sus límites en los últimos años.
Entre 2005 y 2014, Bolivia vivió lo que muchos analistas denominaron “la década dorada”. El PIB creció a tasas superiores al 4% anual, las reservas internacionales llegaron a superar los 15.000 millones de dólares y el país logró acumular superávit fiscal en varios ejercicios. En ese período, la deuda externa se mantuvo relativamente estable, en torno al 20% del PIB, gracias a los ingresos extraordinarios por exportaciones de gas hacia Brasil y Argentina. El entonces presidente del Banco Central de Bolivia señalaba que “la fortaleza de las reservas internacionales nos permite mantener un endeudamiento controlado y sostenible”.
De la bonanza al endeudamiento creciente
A partir de 2015, el panorama comenzó a cambiar. La caída de los precios internacionales del gas y los minerales redujo drásticamente los ingresos fiscales y las exportaciones. El gobierno, para sostener el gasto público y los programas sociales, recurrió cada vez más al endeudamiento externo. El Ministerio de Economía reconoció en 2017 que “el financiamiento externo es necesario para mantener el ritmo de inversión pública en infraestructura y energía”. Desde entonces, la deuda externa ha crecido de manera constante, pasando de 7.000 millones de dólares en 2005 a más de 14.000 millones en 2025.
En los últimos cinco años, la situación se ha vuelto más compleja. El déficit fiscal se ha mantenido en niveles elevados, las reservas internacionales han caído por debajo de los 4.000 millones de dólares y la deuda externa ha alcanzado el 24,6% del PIB, el nivel más alto de la historia del país. El presidente del Banco Central declaró en 2024 que “los indicadores de deuda aún son manejables, pero requieren una estrategia de diversificación productiva para evitar riesgos futuros”.
Voces oficiales y advertencias de analistas
El analista económico Luis Fernando Romero Torrejón advierte que el problema no es solo el volumen de la deuda, sino su destino: “Bolivia ha utilizado gran parte del endeudamiento para cubrir déficit fiscal y gasto corriente, en lugar de proyectos productivos que generen divisas. Esto compromete la sostenibilidad y aumenta la presión sobre cada ciudadano”. Según sus cálculos, la deuda externa per cápita se ha incrementado en 169% en los últimos 13 años, lo que significa que cada boliviano carga con una proporción cada vez mayor de la obligación financiera del Estado.
La Fundación Jubileo, en un informe reciente, advirtió que “el endeudamiento externo ha crecido de manera acelerada en los últimos años, y si bien los indicadores aún son manejables, el país debe replantear su estrategia de financiamiento para evitar riesgos futuros”. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en su último reporte, aseguró que “los niveles de endeudamiento están bajo control y se mantienen dentro de los límites establecidos por organismos internacionales”. Sin embargo, la misma cartera reconoció que el crecimiento de la deuda responde a la necesidad de cubrir déficit fiscal y sostener programas sociales.
La composición de los acreedores revela una fuerte concentración en organismos multilaterales. El Banco Interamericano de Desarrollo representa el 32% del total, la CAF el 22% y el Banco Mundial el 12,3%. El viceministro de Tesoro y Crédito Público sostuvo que “la deuda externa es un instrumento de desarrollo y permite financiar proyectos estratégicos en infraestructura y energía”. No obstante, informes de la Contraloría General del Estado han alertado sobre la necesidad de mejorar la eficiencia en la ejecución de proyectos financiados con deuda externa, para garantizar que los recursos generen impacto económico real.
El espejo latinoamericano
En el contexto latinoamericano, Bolivia se ubica en una posición intermedia. Argentina enfrenta una deuda externa superior al 80% del PIB, con recurrentes crisis de pago. Brasil mantiene un nivel cercano al 60%, con diversificación de acreedores pero alto costo financiero. Chile ronda el 35% del PIB, acompañado de estabilidad fiscal y crecimiento sostenido. Perú se sitúa alrededor del 40%, con reservas internacionales sólidas y disciplina fiscal. México, por su parte, alcanza cerca del 50% del PIB, pero con diversificación de fuentes de financiamiento.
El Ministerio de Economía de Chile destacó recientemente que su estrategia ha sido “mantener un endeudamiento controlado y vinculado a proyectos de inversión pública con retorno económico”. En Perú, el Banco Central de Reserva señaló que “la disciplina fiscal ha permitido enfrentar el endeudamiento sin comprometer la estabilidad macroeconómica”. Estas experiencias contrastan con la situación boliviana, donde el endeudamiento ha servido más como paliativo fiscal que como motor de crecimiento productivo.
De mantenerse la tendencia actual, la deuda externa boliviana podría superar los 15.000 millones de dólares en 2026, con un ratio cercano al 27% del PIB. El Banco Central insiste en que los indicadores aún son manejables, pero analistas como Romero Torrejón advierten que la falta de inversión productiva y la caída de ingresos por exportaciones de gas comprometen la sostenibilidad a mediano plazo. El Ministerio de Economía ha señalado que “la estrategia del Gobierno es utilizar el endeudamiento como palanca de desarrollo, priorizando proyectos de infraestructura vial, energía y salud”.
El endeudamiento creciente tiene efectos directos sobre la política social. El gobierno ha utilizado parte de los recursos para sostener programas de transferencias y proyectos de infraestructura, pero el costo futuro recae sobre las generaciones venideras. Romero Torrejón advierte que la deuda externa per cápita se ha incrementado en 169% en los últimos 13 años, lo que significa que cada ciudadano boliviano carga con una proporción cada vez mayor de la obligación financiera del Estado.
En el plano político, el endeudamiento se convierte en un tema de debate sobre la sostenibilidad del modelo económico. Mientras las autoridades insisten en que los indicadores aún son manejables, los analistas alertan sobre el riesgo de que Bolivia se acerque a un escenario de vulnerabilidad similar al de países con crisis recurrentes de deuda. La Contraloría General del Estado ha señalado que “la eficiencia en la ejecución de proyectos financiados con deuda externa es clave para garantizar que los recursos generen impacto económico real y no se conviertan en un lastre financiero”.
