El partido del presidente de la República propuso la reforma legal que extiende de dos a cinco años la gestión del próximo gobernador de Baja California. La dirigente nacional de ese partido respalda esa escandalosa modificación constitucional. Andrés Manuel López Obrador ha dicho que “el presidente no se mete en estos asuntos” como si fuesen ajenos a su responsabilidad. Se equivoca.
El titular del Ejecutivo tiene la atribución de promover una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. Posiblemente los legisladores de otros partidos presentarán un recurso de esa índole. Pero el intento de López Obrador para marginarse de la decisión que tomó el Congreso de Baja California no es expresión de respeto sino, en estas condiciones, de complicidad o por lo menos de anuencia.
Todos los partidos, excepto Morena, han denunciado el abuso que implica esa contrarreforma. El mes pasado los bajacalifornianos eligieron a un gobernador por dos años. Después de esa elección, una triquiñuela pretende extender a cinco años la gestión de Jaime Bonilla Valdez.
Bonilla y quienes lo respaldan quieren imponerse sobre la votación de los ciudadanos. Se trata de una inmoralidad pero, antes que nada, de una ilegalidad. Ojalá que la Suprema Corte se ocupe pronto, reivindicando el valor constitucional del voto ciudadano, de anular esa artimaña.
La elección de Bonilla fue por dos años debido a que en septiembre de 2014 el Congreso de BC acordó ese periodo para que en 2021 la elección estatal sea concurrente con la federal. Candidatos y ciudadanos sabían que la votación del 2 de junio sería para elegir a un gobernador de dos años.
Bonilla ha sido empresario de la radiodifusión y de la industria inmobiliaria en Baja California. Fue diputado federal por el PRD en 2012 y tres años después encabezó el comité estatal de Morena. En 2018 fue electo senador. Poco después el presidente López Obrador lo nombró delegado suyo en Baja California y en marzo Morena lo hizo candidato a la gubernatura. Bonilla se ufana de su cercanía con López Obrador, con quien comparte la afición por el beisbol. El ahora presidente ha sido invitado en el palco que Bonilla tiene en el estadio de Los Padres de San Diego.
Bonilla ha intentado, una y otra vez, que su gestión se extienda más allá del plazo de dos años. El 24 de febrero pasado el Tribunal de Justicia Electoral de BC aprobó la ampliación a cinco años del periodo para el que debía gobernar el candidato que ganara la elección de junio. Dos años, dijeron, son pocos para cumplir con el Plan de Desarrollo del estado.
Esa posición, aprobada con dos votos a favor y uno en contra, fue emitida a partir de un recurso de inconformidad que presentó Blanca Esthela Favela, precandidata por Morena. Ella es esposa del diputado de ese partido Víctor Morán. quien propuso la iniciativa de reforma aprobada la semana pasada.
El 28 de marzo la sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación falló contra esa sentencia. El 3 de abril, ya candidato a gobernador, Bonilla presentó un recurso de inconformidad contra el plazo de dos años que, alegó, vulneraba sus derechos políticos. El 7 de mayo el tribunal electoral del estado le dió la razón y extendió el periodo de la siguiente gestión para que llegase a seis años, hasta 2015. El 29 de mayo el Tribunal Federal volvió a rechazar la modificación y ratificó que el próximo gobierno de Baja California sería del 1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2021.
El candidato de Morena, respaldado además por PT, PVEM y el partido local Transformemos, ganó la elección con algo más del 50% de los votos. El segundo sitio fue para Óscar Vega, del PAN, con casi el 23%. Bonilla organizó de nuevo la contrarreforma de la Constitución local.
El lunes 8 de julio, sin discutir las implicaciones de esa decisión, el Congreso de BC aprobó la iniciativa del diputado de Morena Víctor Morán Hernández para modificar el artículo 8.o transitorio de la Constitución. En diciembre pasado Morán fue nombrado coordinador de Seguridad Pública Federal en BC, designación que confirmó su cercanía con el gobierno federal. Estuvo muy poco en ese cargo porque, en febrero, Morena lo hizo candidato para ser electo nuevamente al Congreso local por el distrito 8 de Tijuana.
Una vez que ganó la elección, volvió a su curul para presentar la iniciativa que, si no es modificada por la Corte, le permitirá a Bonilla gobernar por tres años más de los que fue electo. El único argumento para tratar de justificar esa extensión del mandato es la conveniencia de que Baja California gaste menos dinero en la organización de elecciones. “Lo que se necesita es que el recurso público se ejecute en acciones de beneficio tangible para la ciudadanía” dice la propuesta de Bonilla, como si la designación de gobernantes y representantes no fuese indispensable para la sociedad. Ese documento invoca reiteradamente a los ciudadanos aunque busca demoler el pilar esencial de la ciudadanía que son las elecciones democráticas. “Resulta imperante ampliar el periodo de duración del encargo del Gobernador, para satisfacer las necesidades de la ciudadanía”, se insiste.
La flaqueza argumental del documento que respaldaron los diputados de BC no es sorpresiva. Resulta imposible defender esa barbaridad. La extensión arbitraria en el plazo de un gobierno ya electo violenta la decisión de los ciudadanos, transgrede reglas ya aprobadas y cumplidas, vulnera la certeza en los procesos electorales y le obsequia al mandatario electo un periodo de gobierno que no se ganó en las urnas.
Desde el inicio de la sesión del lunes los diputados aprobaron, por 21 votos contra uno, la ausencia de dictamen a la propuesta de Morán. Él simplemente la leyó y luego, en vez de debate, sólo se escuchó una breve opinión del panista Miguel Osuna Millán quien recordó que la elección había sido para dos años y sugirió que ese asunto mejor lo atendiera la siguiente Legislatura —que se instalará el 1 de agosto y en donde Morena tiene mayoría—. Luego votaron, en cédulas, con un resultado de 21 legisladores a favor y un voto —presumiblemente de Osuna— anulado.
Todo ese proceso, desde la dispensa del trámite hasta el cómputo de las papeletas, duró 29 minutos. La contrarreforma fue aprobada por 9 diputados del PAN, 5 del PRI, 3 de Morena, uno del PRD, otro del PT, uno de MC y uno más de Transformemos. Tres diputados no estuvieron en esa votación.
Varios de los partidos cuyos legisladores se allanaron a la propuesta de Morena dicen que los expulsarán. A fines de mayo el presidente del Congreso del BC, el diputado priista Benjamín Gómez Macías, denunció que el encargado de Aduanas en el estado, Alejandro Miramontes, ofrecía hasta un millón de dólares a cada diputado para que fuera modificado el periodo del siguiente gobernador (semanario Zeta, 31 de mayo). A pesar de esa denuncia, Gomez Macías votó a favor de la modificación del plazo constitucional.
En la misma sesión, los diputados designaron a Carlos Montejo como Auditor Superior de Baja California. Será el encargado de revisar las cuentas del gobierno saliente que encabeza Francisco Kiko Vega, a pesar de que ha formado parte de esa administración. Numerosos comentaristas han sugerido que ese gobernador panista estuvo de acuerdo con la modificación constitucional a cambio del nombramiento del Auditor. La convocatoria para ocupar ese cargo se publicó con premura y las entrevistas a candidatos fueron horas antes de la sesión del Congreso. El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción considera que esa designación fue irregular.
Las implicaciones del atropello jurídico y político en BC han sido señaladas por variadas voces. Cuauhtémoc Cárdenas (en La Jornada, 11 de julio) las menciona claramente: “¿Y por qué no suponer que el Congreso de la Unión pudiera pensar en una reforma constitucional que facultara a los congresos de todas las entidades federativas y a sí mismo para alargar o acortar mandatos de funcionarios electos en cualquier momento, en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial?”
Andrés Manuel López Obrador dice que está contra la reelección. Pero él o su partido avalan el disparate cometido en beneficio de uno de los suyos, el gobernador Bonilla.
La contrarreforma en Baja California es un abuso del gobernador electo y sus aliados y, de esa manera, un abuso de Morena. La presidenta de ese partido, la señora Polevnsky, apoya esa ilegalidad con la cantinela de que “la gente está cansada de tanta elección”. Otras voces en Morena comparten la indignación que se ha extendido ante tal barbaridad. Porfirio Muñoz Ledo plantea la desaparición de poderes en Baja California. En este asunto se dirimen la adhesión o la renuncia a la democracia.
