Si el MAS cumple su promesa de las elecciones de 2009 y 2014 e inaugura dentro de unos años la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, habrá puesto fin al pacto que le permitió, desde 1995, abrir su primera rendija de ingreso a la amazonia boliviana. No es poco lo que podría quedar sepultado y más vale analizarlo antes del entierro inminente.
En aquellos tiempos remotos en los que las federaciones cocaleras del Chapare buscaban aliados políticos dentro de las poco hospitalarias tierras bajas del oriente, fueron los indígenas minoritarios de la espesura verde los que les tendieron su mano amistosa. El entuerto del Tipnis y la reincidencia gubernamental en destruir este ecosistema han puesto fecha de caducidad a la alianza que bajo el rótulo de “Pacto de Unidad” permitió que la acumulación de fuerzas del altiplano y los valles encontrara enclaves de irradiación dentro de lo que pronto sería el alumbramiento de la Media Luna, esa zona de terca resistencia al proyecto de Evo Morales.
Poco antes del cambio de siglo, los indígenas de tierras altas y bajas sellaron un acuerdo duradero por obvias razones. Los primeros entendieron que eran mayoría demográfica y que bien podían convertirse en mayoría electoral. Para ello necesitaban agregar votos orientales. Los segundos se guarecieron bajo ese alero para resistir el avasallamiento del agro-capital, aquel que gusta de expandir la frontera agrícola y entronizar el cultivo intensivo de cosechas de exportación. Esta unidad pétrea atrajo a las clases medias y juntos avanzaron hasta conquistar dos tercios del voto nacional. Nueva Constitución mediante, el país se enamoró de la nueva propuesta hegemónica. Lo que no sospechábamos era quién quedaría a cargo del timón.
Todo se mantuvo en esa tesitura, hasta que se produjo el repentino apagón de la llamada Media Luna. Bajo la idea de “aplastar y cooptar”, el gobierno reemplazó su acuerdo con la CIDOB (los indígenas de tierras bajas) por uno nuevo con la CAINCO (el agro-capital). Presenciamos entonces la recomposición funesta del pacto en el poder. Los indígenas de los Andes tomaban distancia de sus pares de la amazonia y anudaban un lazo interregional entre agricultores intensivos de mediana y gran escala; un flamante agro-poder conformado por cultivadores de coca, soya, quinua, caña y girasol. Afuera, como meros observadores, quedaban a la intemperie los pueblos dedicados a la recolección y la pesca. Conforman la minoría que pronto pagará los costos de la al fin alcanzada estabilidad política, social y económica.
Es por eso que el plan de perforación asfaltada del Tipnis resulta ahora tan esclarecedor. La reincidencia gubernamental es algo más que tozudez crónica o mero capricho presidencial. La carretera aprobada por ley es la evidencia más nítida de la dirección que ha tomado la recomposición del nuevo pacto en el poder. Para los pueblos moxeño, yuracaré y chimán, la carretera es el río. Para los campesinos aymaras y sobre todo quechuas que penetran a la zona por el sur, la vida transcurre en las parcelas, los camiones, las tiendas, los coliseos, las canchas de fútbol y las sedes sindicales. No puede haber una divergencia más palpable, dos maneras de encarar la reproducción de la vida colisionan en el Tipnis y la fuerza estatal está ahora del lado de Los Andes. Es el imponente avance que pone fin a la preservación de la naturaleza a cambio de elecciones ganadas y grandes bloques de cemento: “seremos potencia intermedia en el Continente”.
Sin embargo, no nos equivoquemos. La condición indígena del gobierno se preserva, aunque reformulada. La hegemonía se condensa ahora nítidamente en Los Andes, aunque también abraza a las élites del oriente. Alguien dijo que era el matrimonio de dos burguesías, la del Gran Poder y la de Equipetrol. Son ellas las convocadas a deforestar y pavimentar. Cómo no nos va a doler el Tipnis, digo yo.
