Con la puesta en vigencia de la Constitución Política del Estado del 2009, la palabra “descolonización” como un principio fundamental de una supuesta lucha de los pueblos indígena originario campesinos, se ha convertido en el fundamento del discurso político e ideológico que ha permitido el control de los “movimientos sociales” y de la máxima expresión de sus luchas reivindicativas.
Es difícil medir el alcance del discurso “anticolonialista”, pero no cabe duda que ha tenido consecuencias negativas para el país, porque de trasfondo contiene discursos de odio basados en la raza, el color de la piel, la ascendencia, el lugar de nacimiento, en fin una serie de elementos que alimentan el resentimiento y dividen al país entre quienes se sienten discriminados, oprimidos y víctimas de maltratos que vienen siglos pasados, heridas que la izquierda populista utiliza para insuflar, en el colectivo, una mentalidad que impide sanar heridas.
El problema está en que ni siquiera quienes promueven la “descolonización” explican con claridad que significa y cuál es su propósito. Existen muchas contradicciones, discursos sesgados y verdades a medias. Veamos, por ejemplo, lo expresado por Evo Morales, en un artículo titulado “CPE: La revolución de la Conciencia”, publicado en la revista de análisis político “La Migraña”(N°32), el 2019, cuando dice: “Quiero reafirmar, yo llegué a la conclusión de que el nepotismo, la burocracia del Estado y, sobretodo, la corrupción habían sido un derecho del Estado colonial; por tanto, tenemos que descolonizar a este Estado colonial y uno de los temas centrales es el tema de la corrupción. Quiero aprovechar esta oportunidad, a ningún corrupto se perdona, sea masista o no masista; corruptos a la cárcel, sean familiares o no familiares”.
El “Estado colonial” coloca en la misma bolsa a todos aquellos gobiernos anteriores al 2006; pero, principalmente los denominados “neoliberales”, en dicho contexto, es una lucha contra todos los vicios heredados desde la colonia, que a partir del gobierno de Evo Morales y a través de un proceso de descolonización, se acabarían.
Sin embargo, encontramos escandalosos hechos de corrupción durante el gobierno del MAS, uno de los más grandes ocurrió con el Fondo Indígena; prueba clara de que la corrupción no discrimina, seduce tanto a hombres con camisa y corbata o poncho y sombrero, como a mujeres de pollera o vestido. La corrupción no discrimina por el color de la piel, el lugar de nacimiento o el grupo social al que se pertenezca, tienta a quien ve la oportunidad de enriquecerse con los fondos públicos; por tanto, la tan mentada “descolonización”, ha sido un rotundo fracaso y sólo ha servido como un efectivo discurso de control y manipulación social.
En una nota de prensa publicada el 15 de junio de 2017, en el medio digital “Inmediaciones”, en relación al tema del nepotismo, se extrae el siguiente texto: “En cuanto a la postura del presidente, Evo Morales, solo dice que no ve “ni pecado ni delito, que los familiares trabajen”. Entre los ministros que tienen varios parientes en sus respectivos ministerios u organismos dependientes a estos entes, son: Justicia, Economía, Presidencia, Desarrollo Productivo, Salud y en algunas alcaldías, entre otras instituciones del Estado”. Esto demuestra que los vicios de los gobiernos coloniales perduraron. Más recientemente, tenemos el caso de los hijos del expresidente Arce que ahora son investigados por actos de corrupción, en especial por lo ocurrido en YPFB y la ANH. Cabe aclarar que Arce Catacora llegó al poder catapultado por Morales y dio continuidad a esa visión estatista y “descolonizadora”.
En otro artículo, publicado en la revista “La Migraña” (N°32) en el 2019, titulado “CPE: elementos para su desarrollo normativo”, con respecto a la descolonización Idón Moisés Chivi Vargas, dirá: “La crítica a la naturaleza colonial en Bolivia proviene de la intuición política y capacidad organizativa de los más humillados en toda la historia de Bolivia: los pueblos indígenas originarios campesinos”. Para este autor, a partir de la nueva Constitución boliviana, todo el cuerpo normativo que se desarrolle debe implicar una lucha “emancipatoria” de los sectores históricamente sometidos.
Este discurso en apariencia de alto contenido social encierra por debajo un fuerte contenido de odio, resentimiento y porque no decirlo de discriminación hacia lo que se considera colonial y foráneo a los usos y costumbres, y valores ancestrales que deben recuperarse con la lucha anticolonial. El ejemplo más claro de ello, ha ocurrido en los más de 50 días de bloqueos que ha sufrido el país, con efectos devastadores en la economía nacional y un costo social difícil de dimensionar.
Durante ese periodo de tiempo se ha viralizado a través de los diferentes medios de comunicación social, como también en las redes sociales, discursos de odio, racismo y discriminación, que han pasado desde lo absurdo hasta lo criminal, situación que alimenta la polarización social y regional que hasta ahora el país no ha podido superar, peor aun cuando hay sectores políticos que abren heridas o las producen para obtener aprobación y réditos políticos para hacerse de la administración estatal.
Se ha hecho referencia a la ascendencia para desprestigiar a quienes estaban en contra de los bloqueos y además arroparse con un aura de superioridad moral por su pertenencia a sectores indígena originario campesinos, como si la ascendencia fuera un pecado o diera mayor “bolivianidad”. Se escuchó decir cosas tan absurdas como: “Nosotros somos los verdaderos dueños del país, porque tenemos tierra y territorio”; “ellos son inquilinos, nosotros somos originarios”; y, entre una de las declaraciones más desconcertantes que escuche a un dirigente, que hacía referencia a que como en los tiempos de la colonia las mujeres serían obligadas a acostarse con los patrones en el día de su matrimonio.
En resumen, detrás del discurso de la “descolonización” se está manipulando las luchas indígenas y campesinas con fines políticos, las desnaturalizan en beneficio de las elites dirigenciales, está claro, que Bolivia ha vivido, y aun lo sigue haciendo, un periodo marcado por la “dictadura sindical”.
Bolivia debe buscar un horizonte común, respetando las diferencias, pero caminar juntos hacia un país con democracia plena y respeto hacia los derechos individuales y colectivos.
Yuri Omar Valencia Linares es comunicador social y abogado.
