Las palabras del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Romer Saucedo, no deberían quedar reducidas a un titular pasajero. Al calificar la situación actual del sistema como una “justicia raquítica”, el magistrado no solo planteó un diagnóstico sincero y demoledor, sino que puso al descubierto una realidad que los ciudadanos vivimos y padecemos a diario: un sistema frágil, asfixiado por la falta de recursos, desprovisto de autonomía y expuesto constantemente a la influencia del poder político de turno.
El propio magistrado lo expresó con total claridad:
“Lastimosamente en Bolivia tenemos una justicia raquítica (…) abandonada en los últimos 20 años donde solo el 0,35% del TGE es destinado a un órgano del Estado. Seguimos en una situación que nos encamina a que la justicia también se nos muera”.
Saucedo añadió una verdad incómoda pero innegable: “Los problemas de fondo no se solucionan con discursos, con mentiras ni con el proselitismo de los políticos”. Y tiene toda la razón. Durante décadas, la reforma judicial ha sido una promesa recurrente en campañas electorales y mesas de diálogo que nunca terminan en cambios concretos. Hemos visto pasar comisiones especiales, cumbres de justicia y compromisos de asignar presupuestos dignos, que se desvanecen apenas se apagan las cámaras o concluye el ciclo político. El país ya no tiene paciencia para la retórica vacía; está agotado de esperar soluciones que nunca llegan. Ha llegado el momento de actuar, de tomar decisiones valientes y de responder a una sociedad que exige justicia transparente, expedita y, sobre todo, igual para todos.
Porque la independencia no se mendiga, se ejerce. Una justicia que depende del favor de los gobiernos o de una asignación presupuestaria insignificante —como lo demuestra ese 0,35% del presupuesto general— es, en esencia, una justicia de rodillas. No puede ser imparcial quien debe su funcionamiento a la buena voluntad de otros poderes. Sin autonomía financiera, sin estabilidad institucional y sin reglas claras para el ingreso y la permanencia de los jueces, el sistema termina sometido a presiones, intereses ajenos y negociaciones que no tienen nada que ver con la ley.
El mensaje del magistrado fue también una advertencia directa y contundente a los otros poderes del Estado. Al afirmar que el diálogo sigue abierto, “pero ya no sobre la base de promesas incumplidas”, traza una línea que no se debe cruzar. Su advertencia final —“El Órgano Judicial es independiente, y eso se debe entender muy bien”— resuena como un llamado urgente para garantizar la supervivencia de las instituciones. Si queremos preservar la democracia, es indispensable que el sistema judicial se blinde definitivamente contra la injerencia partidaria, las presiones externas y la manipulación política.
Aceptar que nuestra justicia siga siendo raquítica es aceptar un país vulnerable e injusto: un lugar donde la ley se aplica con rigor al más débil, pero se diluye, se retrasa o se interpreta a medida para quien tiene poder, influencia o dinero. El llamado hecho desde la más alta instancia judicial debe ser el punto de partida de una transformación profunda, supervisada por la sociedad civil y respaldada por normas claras. Una reforma donde el presupuesto sea suficiente y garantizado, donde el mérito y la capacidad sean los únicos criterios para acceder a cargos, y donde el compadrazgo, la lealtad política y los intereses particulares queden fuera de las salas de audiencia.
Ya no hay margen para excusas ni para dilaciones: o reconstruimos el sistema judicial bajo el principio del imperio de la ley y la independencia real, o condenamos al país a vivir en la inseguridad jurídica y el desamparo institucional. La responsabilidad de dar este paso histórico está hoy, más que nunca, en manos de quienes tienen la facultad de legislar y gobernar.
