San Juan se convirtió en Bolivia de una tradición religiosa y comunitaria en una festividad con enormes cambios debido a la contaminación y al daño producidos por fogatas y pirotecnia. Lo que antes reunía a las vecindades alrededor de una hoguera hoy expone a personas, animales y ecosistemas a riesgos que obligan a replantear por qué y cómo celebramos.
El Ministerio de Medio Ambiente y Agua, por ejemplo, advirtió que las explosiones de pirotecnia y las fogatas incrementan la contaminación atmosférica y el estrés en la fauna urbana y silvestre, mientras que la quema indiscriminada de pastizales y bosques amplifica las olas de humo que invaden ciudades y áreas rurales por igual. Ante esa realidad, la defensa nostálgica de las tradiciones no puede neutralizar la urgencia de proteger la vida y el territorio.
La fecha del 24 de junio siempre tuvo un significado dual porque -por un lado- está la tradición católica que conmemora el nacimiento de San Juan Bautista y -por otro- un calendario ritual que se mezcló con prácticas agrícolas vinculadas al solsticio y a la renovación de los campos. Estudios sobre ritualidad andina explican cómo estas prácticas se cristianizaron y se integraron a comunidades rurales, pero también señalan que los contextos cambian y que el sentido original de purificación a través del fuego hoy choca con limitaciones ecológicas y sanitarias.
Un detalle clave es temporal porque en numerosas regiones del país, el inicio de los chaqueos coincide con las fechas de San Juan, de modo que la temporada de quemas agrícolas se solapa con las festividades. Informes ambientales y balances técnicos documentaron que las quemas domésticas o de apertura de tierras, practicadas desde tiempos tradicionales, crecieron en escala y frecuencia hasta desembocar en incendios año tras año. Ese patrón convierte a junio en un período de alto riesgo porque la combinación de chaqueos y celebraciones aumenta la probabilidad de incendios descontrolados. La coincidencia temporal obliga a ver a San Juan no como un evento aislado sino como parte de un calendario de presiones sobre el territorio.
No es admisible soslayar el papel de marcos normativos que facilitaron la expansión de quemas. Diversas organizaciones civiles y análisis jurídicos denunciaron la existencia de un conjunto de normas promulgadas en la última década que flexibilizaron el uso del suelo y crearon incentivos para el desmonte y el chaqueo, lo que se resumió en la crítica popular a las llamadas leyes incendiarias. Entre esas normas figuran decretos y leyes que aliviaron controles sobre desmontes y ampliación de la frontera agrícola y que en la práctica redujeron la capacidad sancionadora frente a quemas ilegales o de expansión. La coexistencia de permisos ambiguos, vacíos regulatorios y baja fiscalización transformó quemas que deberían ser controladas en herramientas de apropiación territorial con consecuencias ambientales masivas.
La gravedad del fenómeno quedó expuesta en los balances de entidades ambientales que cuantificaron superficies arrasadas en los últimos ciclos de incendios, mientras organismos internacionales llamaron la atención sobre el impacto regional y global de esas pérdidas. Frente a ello, autoridades del área ambiental comenzaron a emitir prohibiciones puntuales para las fechas de alto riesgo y a impulsar campañas para desalentar el uso de pirotecnia sonora y la realización de fogatas públicas. Estas medidas, aunque necesarias, necesitan ir acompañadas de recursos y coordinación para ser efectivas.
La protección de la fauna fue una de las razones más citadas para endurecer normas sobre pirotecnia y fogatas. Autoridades ambientales y defensores del bienestar animal advirtieron que el ruido, las explosiones y el humo causan trastornos graves a mascotas y fauna silvestre; por eso varios municipios y el propio Ministerio de Medio Ambiente y Agua emitieron disposiciones para restringir fogatas y pirotecnia en días festivos sensibles. Estas acciones buscan reducir el sufrimiento animal y los incidentes de seguridad y además contribuyen a mitigar la contaminación aérea en jornadas donde los niveles de partículas finas suelen dispararse por la conjunción de quemas y fuegos artificiales.
La justicia ambiental entra en escena cuando se observa quiénes pagaron el costo del fuego y quiénes, eventualmente, se beneficiaron de la expansión de tierras. Organizaciones de defensa de los derechos indígenas y rurales denunciaron que comunidades campesinas e indígenas soportaron pérdidas de territorios y fuentes de sustento, mientras que procesos de ampliación productiva favorecieron ciertos intereses económicos. Exigir reparación, priorizar recursos para las comunidades afectadas y garantizar su participación en la definición de políticas de uso de la tierra son reivindicaciones que no pueden relegarse a un segundo plano.
Mantener la memoria de hechos trágicos asociados a la fecha también es una obligación social. La conmemoración de episodios de violencia que ocurrieron en fechas de celebración debe integrarse en prácticas de memoria que convoquen a la reflexión pública y que eviten la banalización del daño. Reconciliar la memoria histórica con la obligación de proteger el presente implica que los espacios culturales y educativos incorporen narrativas que vinculen memoria y ecología en las celebraciones de San Juan.
En términos prácticos, las recomendaciones que emergen de diagnósticos técnicos y políticas públicas son claras. Revisar y derogar las normas que facilitan quemas; incrementar financiamiento para brigadas y equipamiento; implementar campañas de sensibilización sobre riesgos de pirotecnia y fogatas; financiar alternativas culturales y apoyar proyectos de restauración ecológica con participación comunitaria. Solo una política pública articulada y sostenida puede transformar las restricciones en oportunidades para resignificar la fiesta sin sacrificar vidas, animales ni territorios.
La invitación a las iglesias, a las autoridades locales y a las organizaciones culturales es a convertir el simbolismo religioso en prácticas de cuidado. Las comunidades religiosas pueden impulsar rituales que reemplacen hogueras por actos simbólicos no incendiarios; los gobiernos municipales pueden facilitar espacios seguros y financiar actividades alternativas y las organizaciones ambientales pueden acompañar procesos de restauración y educación. Si estos actores alinean sus acciones, San Juan puede conservar su sentido católico y comunitario sin recrear las condiciones de riesgo que llevaron a que la celebración se convierta, en muchos lugares, en calamidad.
El desafío es grande y exige que las instituciones públicas y civiles asuman su responsabilidad con coherencia, porque prohibir la pirotecnia y las fogatas es necesario pero no basta. Esas medidas deben ir acompañadas de reformas legales, recursos para la prevención y la reconstrucción, y alternativas culturales que respeten la identidad religiosa sin poner en riesgo la vida ni el territorio. Solo así la conmemoración de San Juan dejará de ser un peligro repetido y podrá convertirse en una oportunidad para demostrar que la fe y la tradición también pueden servir para cuidar la vida, la tierra y a las generaciones que vienen.
