Si en el ciclo del 52 el sujeto histórico era el obrero o el campesino adscrito a una organización sindical, el presente boliviano está definido por un sujeto multicultural e interconectado que ya no se reconoce en la tutela del Estado protector ni en el gremialismo asfixiante.
La realidad a despecho de las teorías sugiere que «lo popular», en su acepción tradicional de masa corporativizada, tiene escasas posibilidades de supervivencia como motor de progreso, pues ha devenido en una estructura de resistencia conservadora frente a la modernidad capitalista ya metabolizada por la ciudadanía.
Lo que antes era interpelación liberadora; hoy se manifiesta como una defensa de privilegios sectoriales que colisionan con la libertad individual y el derecho ciudadano, la dinámica del capital y los réditos del comercio informal.
Lo “popular” se ha diluido en las cifras de una economía prebendal. Solo basta tomar nota que los sueldos de los dirigentes “obreros” de la COB que suman Bs 11,6 millones al año. Gráficamente, el secretario general de la organización matriz del “proletariado boliviano”, la COB, gana Bs 47.000 mes, ocho veces mi salario después de 38 años de ejercicio profesional liberal.
Por otro lado, la compleja reconfiguración de las fuerzas y las tensiones que vivimos en la actualidad no puede comprenderse sin introducir la dinámica política y económica de la agroindustria cruceña.
Si bien la «burguesía popular» (la de los portentosos “cholets” y el comercio alteño, por ejemplo) opera en los intersticios de la informalidad y el comercio; la agroindustria representa la consolidación de un capitalismo de escala que ha logrado una autonomía relativa frente al centro político paceño.
Oriente y Occidente no solo se “enfrentan” (si cabe el término) en el plano de la cultura, la tradición y las costumbres; se “enfrentan” en la concepción misma de un capitalismo, para unos, anclado en la modernidad eurocéntrica, para los otros, anclado en la adaptación nativa de las leyes del capital.
La agroindustria no solo aporta el sustento material de la seguridad alimentaria y una porción crítica de las divisas, sino que ha construido una identidad política propia que desafía la narrativa de los discursos de corte popular nacidos de las entrañas mismas del Estado nacionalista revolucionario.
Por su parte, la “burguesía popular” entiende que es altamente posible ser muy ricos sin dejar de ser nativos. Probablemente por eso, en los últimos conflictos, fueron los alteños más pobres los que salieron a despejar bloqueos en la ciudad de El Alto.
La teoría marxista diría que hay contradicciones entre dos “fracciones de clase”; la sociología moderna sostiene que hay un clivaje popular en la construcción del capitalismo tardío que, además, se enfrenta frontalmente a las posiciones de la vieja izquierda sumergida en las también viejas categorías y estrategias desgastadas.
Al final del día, empero, un sistemático esfuerzo desplegado por una nueva clase media nativa de origen aymara que construye eficientemente un “capitalismo popular” y una también poderosa burguesía agroindustrial en el oriente se han transformado en las antítesis de todo lo que en su momento representó el MAS y los remanentes históricos del Estado nacionalista nacido en 1952. Son, en última instancia, la negación de las visiones populistas y los artilugios del caudillo.
En este escenario, la posibilidad de que un actor político como Rodrigo Paz sea el encargado de fundar el Estado postmasista depende de la capacidad que muestre para encarnar la «solución de continuidad histórica».
Rodrigo Paz, por su trayectoria y discurso, parece alinearse con la necesidad de una síntesis que supere la dicotomía entre el liberalismo tecnocrático de los años 90 y el populismo excluyente de las últimas dos décadas. Sin embargo, esto no depende únicamente de su propia capacidad de liderazgo, sino, además, de la institucionalización del «poder ciudadano».
Paz tendría la oportunidad de ser el facilitador de este tránsito solo si logra articular un proyecto de Estado que, lejos de negar la inclusión lograda por el MAS, la trascienda hacia una ciudadanía plena donde ni la clase social ni el origen étnico sean un factor de diferenciación jurídica o política.
