“Una nación puede sobrevivir a sus necios, e incluso a los ambiciosos.
Pero no puede sobrevivir a la traición desde dentro.”
— Cicerón
La ciudad amaneció paralizada. No por un desastre natural ni por una emergencia sanitaria, sino por la decisión de un grupo que, en nombre de sus intereses, bloquea la vida de miles. El paro de transporte es el recordatorio brutal de que en Bolivia la ciudadanía puede ser rehén de minorías que confunden derecho con chantaje, libertad con coerción, protesta con tiranía.
George Orwell lo advirtió: “La tiranía es el ejercicio de poder más allá del derecho.” El paro de transporte es exactamente eso: una tiranía disfrazada de protesta. No es defensa de derechos, es imposición de intereses. No es libertad, es coerción.
Cicerón, hace más de dos mil años, señaló: “Una nación puede sobrevivir a sus necios, e incluso a los ambiciosos. Pero no puede sobrevivir a la traición desde dentro.” Y lo que hoy vivimos es precisamente una traición desde dentro: quienes deberían garantizar un servicio público esencial son los mismos que lo interrumpen, dejando a la ciudad sin movilidad y a la ciudadanía sin dignidad.
Los transportistas piden disculpas, pero esas disculpas no devuelven las horas perdidas, no restituyen los salarios descontados por llegar tarde, no compensan las clases suspendidas ni las citas médicas incumplidas. ¿Quién responde por ese daño? ¿Quién asume la responsabilidad de haber paralizado la ciudad entera?
Cada jornada de paro significa pérdidas económicas millonarias para comercios, empresas y trabajadores independientes. Significa retrasos en la educación, en la atención médica, en la vida cotidiana. El costo no se mide solo en dinero: se mide en confianza rota, en frustración acumulada, en ciudadanos que sienten que sus derechos son vulnerados sin que nadie los defienda.
La paradoja es brutal: quienes deberían prestar un servicio público esencial son los mismos que lo interrumpen. Y lo hacen en nombre de demandas sectoriales que, aunque puedan ser legítimas, jamás deberían imponerse a costa de la ciudadanía. La protesta deja de ser derecho cuando se convierte en chantaje.
La democracia no se sostiene en disculpas vacías ni en la fuerza de minorías eficaces. Se sostiene en el respeto mutuo y en la convicción de que los derechos de unos no pueden atropellar los derechos de todos. El paro de transporte no es un acto de justicia, es un abuso, que resta legitimidad a la demanda porque afecta a las mayorías, más aún cuando se recurre a agresiones, imposiciones y amenazas.
La pregunta que duele y que debemos lanzar a quienes bloquean es directa: ¿hasta cuándo van a seguir secuestrando la ciudad? ¿Hasta cuándo van a seguir imponiendo su fuerza sobre la vida de miles? ¿Hasta cuándo vamos a tolerar que nos roben la libertad de movernos, de trabajar, de vivir? ¿Cómo poner límites a este abuso sistemático?
La ciudadanía merece respeto. La movilidad no es un privilegio, es un derecho. Y cuando ese derecho se vulnera, lo que se rompe no es solo el transporte: se rompe el pacto social, se quiebra la confianza y se hiere la democracia.
La propia Constitución Política del Estado es categórica. El Artículo 21 (Derechos de las bolivianas y los bolivianos) enumera varios derechos fundamentales y, en su inciso 7, reconoce expresamente el derecho de toda persona a circular libremente por el territorio nacional y a elegir su residencia. Este derecho, inscrito en el Título II: Derechos Fundamentales, tiene un carácter esencial e innegociable. Bloquear las calles y paralizar la ciudad no es protesta: es una violación constitucional. Convertir un derecho en chantaje es despojarlo de legitimidad, y el chantaje contra la ciudadanía no es otra cosa que tiranía.
