La Paz vuelve a detenerse por el paro del transporte público de este 25 de marzo, lo cual confirma una realidad que lleva años acumulándose y que hoy se expresa con la acostumbrada dureza. Escuelas sin estudiantes, hospitales con acceso restringido y miles de ciudadanos obligados a caminar o a depender del teleférico retratan una ciudad rehén de un sector que presiona e impone.
Los problemas de combustible son reales, con denuncias de gasolina y diésel en mal estado que habrían dañado decenas de vehículos en la ciudad y cientos en los Yungas, con reparaciones que alcanzan miles de dólares. Sin embargo, ese escenario no justifica el nivel de abuso ni la violencia que se observa en las calles porque lo que ocurre no es solo una protesta, es intimidación abierta. Minibuseros gritando, golpeando, retirando letreros a radiotaxis que intentan trabajar y generando un clima de miedo que paraliza aún más a la ciudad. El mensaje es claro y preocupante…quien no se somete, es castigado.
El conflicto va más allá y también tiene responsables políticos. Iván Arias (alcalde saliente) elevó las tarifas del transporte público y lo hizo siguiendo un patrón que marcó toda su gestión, ceder ante la presión del sector sin exigir mejoras estructurales. Desde el 2025 los pasajes subieron y posteriormente volvieron a incrementarse tras el fin de subsidios; pero el servicio nunca acompañó ese ajuste. Se consolidó así una ecuación injusta, el usuario paga más y recibe lo mismo o menos. La falta de condiciones, la inseguridad, la suciedad, el trameaje y otras prácticas abusivas como el cobro irregular por falta de cambio sigue siendo parte del día a día.
En ese escenario, los abusos de los minibuseros se volvieron rutina. Adultos mayores, estudiantes y personas con discapacidad son ignorados o forzados a pagar tarifas completas pese a disposiciones que los protegen. En una ciudad con miles de personas con invalidez, el transporte debería ser una herramienta de inclusión y no una barrera permanente. Explicar limitaciones físicas a un chofer suele ser inútil porque la indiferencia es la norma. Los estudiantes de escuelas y colegios tampoco escapan a esta lógica pues suben y bajan entre gritos, apuros y maniobras peligrosas que ponen en riesgo sus vidas. Los estudiantes universitarios…ni pensar no gozan de ningún tipo de prerrogativas.
A esto se suma una contradicción difícil de ignorar. Mientras el sector denuncia crisis, los minibuses, por ejemplo, siguen multiplicándose y la actividad demuestra ser rentable. Hay recursos, pero no se traducen en mejoras. Vehículos con asientos deteriorados, ventanas que no funcionan, basura acumulada y olores desagradables son parte del paisaje cotidiano. La conducción temeraria, sin paradas definidas y con frenazos constantes, convierte cada viaje en una experiencia insegura. La prioridad es maximizar ingresos, no garantizar un servicio digno.
El problema es estructural y tiene décadas de abandono. Desde su aparición a fines de los años ochenta, los minibuses crecieron sin control suficiente, ocupando el vacío de un sistema formal débil. Hoy La Paz enfrenta congestión, desorden y uno de los costos de transporte más altos en relación a los ingresos. Para muchas familias, movilizarse consume una porción significativa de su presupuesto. Es un sistema caro, ineficiente y profundamente desigual.
En contraste, el Pumakatari demostró que otra forma de transporte es posible. Seguridad, puntualidad y buen trato marcaron una diferencia clara. Su crecimiento fue una señal positiva, pero su paralización por temor a agresiones revela hasta qué punto la violencia condiciona la movilidad. Cuando un servicio que funciona no puede operar con normalidad, el problema ya no es técnico, es de autoridad.
El nuevo alcalde electo, César Dockweiler, señalado como cercano al MAS, tiene un desafío adicional. Más allá de etiquetas políticas, necesita demostrar con hechos que su gestión estará del lado de la ciudadanía y no subordinada a intereses sectoriales. Quitar ese estigma pasa por decisiones firmes, transparentes y orientadas a recuperar el orden. La ciudad no necesita más concesiones, necesita reglas claras y cumplimiento efectivo.
Eso implica verificar de manera independiente las denuncias sobre combustible; garantizar el respeto a tarifas diferenciadas; sancionar el trameaje; exigir condiciones mínimas de higiene y seguridad; implementar mecanismos de control y proteger alternativas como el Pumakatari. También implica frenar de manera decidida la violencia en las calles. No puede haber diálogo válido cuando una de las partes actúa bajo intimidación.
La Paz no puede seguir atrapada en un ciclo donde cada conflicto termina en bloqueo y cada solución en rendición. El transporte público debe ser un servicio y no un instrumento de presión. Recuperar la ciudad para quienes la habitan es una tarea urgente y ya no admite postergaciones.
