La reforma electoral que propone la presidenta Claudia Sheinbaum no mejora la deliberación democrática, reduce la presencia de la oposición en los medios, mantiene el modelo de propaganda basado en spots superficiales y pretende regular la inteligencia artificial con disposiciones técnicamente inviables.
Especialistas como Lorenzo Córdova, Javier Martín Reyes, Ricardo Becerra y Javier Aparicio, han desmontado las implicaciones más ominosas de esa propuesta de reforma constitucional que pone en riesgo la diversidad política del Congreso, les quita recursos a los partidos opositores pero mantiene beneficios para Morena y no limita la injerencia política del crimen organizado. Aunque el rechazo de los oportunistas PT y PVEM permite suponer, hasta ahora, que el destino de esa iniciativa será solamente testimonial, hay que tomarla en serio. Si no fuera con reformas constitucionales, el gobierno intentaría imponer algunas de esas medidas en modificaciones a las leyes electorales. Nos ocupamos aquí de dos temas en la propuesta de Sheinbaum: la reducción de los tiempos para propaganda electoral y la regulación de contenidos alterados con inteligencia artificial.
La presidenta quiere disminuir de 48 a 35 minutos diarios el tiempo para mensajes electorales en cada estación de radio y televisión. De los actuales 48 minutos en tiempos de campañas, los partidos disponen de 41 y la autoridad electoral de los siete restantes. Aunque la Ley de Instituciones Electorales permite que ese tiempo sea ocupado con mensajes de 30 segundos, o de uno o dos minutos, en cada elección el INE y los partidos resuelven hacerlo con spots de medio minuto.
La decisión para que la propaganda electoral se difunda en brevísimos segmentos de 30 segundos acentúa la abundancia de spots, en detrimento de los mensajes más amplios. En medio minuto se pueden decir unas cuantas frases, acompañarlas quizá de un breve estribillo musical y nada más. La brevedad de tales spots es directamente proporcional a la superficialidad que transmiten. Se trata de un modelo de comunicación política afianzado en frases efectistas y no en la explicación ni en la deliberación. Ese esquema podría modificarse si, en vez de segmentos de pocos segundos o minutos, los mensajes de los partidos se difundieran en programas de una hora, o media hora, en donde se presentaran y discutieran sus propuestas. La iniciativa de Sheinbaum mantiene el régimen de propaganda con muchos spots, breves y repetitivos.
Utilizados con mensajes de 30 segundos los 48 minutos diarios permiten difundir 96 spots, cada día, en cada estación. En las elecciones de 2024, incluyendo días de precampañas, intercampañas y campañas el INE dispuso, en radio y televisión de todo el país, de espacio para 60.5 millones de spots. 41.6 millones fueron para el INE y otras autoridades electorales y el resto para partidos y candidatos. A Morena, PT y PVEM, les correspondieron 18.2 millones de esos spots. A PAN, PRI y PRD, 17.3 millones.
Esas cifras parecen abrumadoras pero son la suma de espacios disponibles, durante algo más de medio año, en todas las estaciones de radio y televisión. En 2024 el INE destinó mensajes a 2024 radiodifusoras y 1402 televisoras. Entre las 6 de la mañana y las 12 de la noche, que es el horario en el que se difunden spots electorales, un radioescucha que oye la radio, o un televidente que mira el televisor sin parar, se enterarán de 96 spots diarios, de medio minuto cada uno.
Frente a esa cantidad de anuncios políticos, si tomamos en cuenta el tiempo que la ley autoriza para difundir anuncios publicitarios, un radioescucha que atiende a la radio comercial oirá, durante 18 horas, 864 spots de medio minuto cada uno. Cada canal de televisión comercial, en ese lapso, difunde anuncios pagados por un tiempo equivalente al de 389 mensajes de medio minuto, sin contar programas de oferta de productos y servicios. Así que, en la radio, los 96 spots diarios equivalen apenas al 11 % de la publicidad comercial y, en televisión, algo menos del 25 %.
Aunque las frecuencias de radio y televisión son propiedad de la nación y sólo pueden ocuparse mediante concesión del Estado, los empresarios de esos medios a menudo se comportan como si el espectro radioeléctrico fuera suyo. Por eso mantienen un rechazo, que es fundamentalmente ideológico, a los spots electorales. Si los mensajes electorales se redujeran, como pretende Sheinbaum, de 48 a 35 minutos diarios en cada estación, los 13 minutos que se liberarían no podrían ser utilizados por los concesionarios. La obligación para abrir al Estado espacios de transmisión no desaparece con la propuesta de la presidenta.
Una parte del tiempo que se utiliza para los mensajes electorales se origina en la decisión del presidente Gustavo Díaz Ordaz que, para tener acceso televisión y radio, a fines de 1969 estableció un impuesto especial que esas empresas podrían pagar con el 12.5 % de sus tiempos de transmisión, equivalente a tres horas diarias. Dos presidentes han modificado la aplicación de ese decreto, pero no lo han derogado. En 2002 Vicente Fox redujo esos espacios a 18 minutos diarios en televisión y 35 en radio. En 2020 Andrés Manuel López Obrador en plena pandemia, cuando el Estado más necesitaba acceso a los medios, les hizo un nuevo obsequio a los concesionarios al rebajar el tiempo fiscal a 11 y 21 minutos.
Por otra parte, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en una disposición que se ha mantenido desde 1960, asigna al Estado 30 minutos diarios en cada estación. La iniciativa de Sheinbaum no modifica esas normas. Los radiodifusores seguirían obligados a transmitir mensajes del Estado durante 51 minutos diarios en cada radiodifusora y 41 en cada televisora, aunque una parte sería ocupada por contenidos distintos a la propaganda electoral.
La presidenta quiere, además, regular el uso de inteligencia artificial en procesos electorales. La idea de etiquetar contenidos de esa índole no es mala para que sean reconocidos como falsos, pero es imposible obligar a que todos los creadores de mensajes coloquen tales marcas. Mal escrita y peor pensada, la iniciativa involucra a cualquier mensaje, sea o no de los partidos o candidatos, al referirse a “todo contenido relacionado a los procesos electorales”. Luego limita sus alcances al contenido “modificado o alterado” con IA, de tal suerte que un mensaje creado con esa tecnología, pero no modificado, no es susceptible de tal regulación.
La etiquetación, según Sheinbaum, tendría que ser obligación de los concesionarios de radio y televisión, así como de las plataformas de servicios digitales. A los creadores de tales contenidos, no se les hace responsables por ellos. La presidenta y quienes le hicieron esa desmañada iniciativa ignoran que la IA generativa es capaz de producir imágenes, videos o audios que pueden ser indistinguibles de los reales. Ninguna tecnología digital asegura, hoy en día, absoluta eficacia en la identificación de contenidos hechos con IA.
La iniciativa se refiere al uso de IA “o cualquier otra tecnología”. Aplicada con rigor, esa cláusula permitiría sancionar desde la grabación con una videocámara, hasta este texto escrito en un procesador de palabras. Se trata de un desastre jurídico y técnico. La iniciativa presidencial le propone al Congreso legislar sobre tecnologías que no comprende y sobre instituciones que prefiere debilitar.
Raúl Trejo Delarbre
Investigador Emérito en el Sistema de Investigadoras e Investigadores. Sus libros más recientes son: Posverdad, populismo, pandemia e Inteligencia Artificial, conversaciones con ChatGPT.
