La política boliviana nos ha acostumbrado a lo insólito, pero la reciente reunión entre el vicepresidente Edmán Lara y el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, marca un precedente que merece un análisis más profundo que la simple anécdota. Lo que para algunos fue un encuentro de coordinación institucional, para otros es el síntoma de una enfermedad que afecta las bases mismas del Estado: la gestión pública a golpe de clic.
Que el segundo mandatario del país tenga que recurrir a las redes sociales para solicitar que un ministro “se dé un tiempito” para conversar, no es una muestra de modernidad; es la evidencia de una desconexión profunda en las entrañas del poder ejecutivo. En un sistema institucionalmente robusto, los canales de comunicación entre autoridades de este nivel estarían bien definidos y protocolizados. Al saltarse estas vías para recurrir a plataformas públicas, se pone de manifiesto una falla en la estructura interna del Gobierno que, de no corregirse, puede traer graves consecuencias a futuro, debilitando la capacidad de respuesta del Estado ante crisis que requieren unidad, precisión y rapidez de acción.
El encuentro entre Lupo y Lara ha dejado algo más que una simple hoja de ruta administrativa; ha puesto de manifiesto una brecha peligrosa entre la gestión técnica y la verborragia política. Tras el cotejo, las declaraciones del ministro no solo buscaron informar sobre los temas tratados —entre los que se mencionaron la coordinación de políticas sociales y la ejecución de proyectos de infraestructura—, sino que funcionaron como un necesario ejercicio de contención institucional. En la administración pública, la palabra no es un recurso inagotable ni gratuito; cada declaración del Ejecutivo tiene consecuencias directas en los mercados, en la percepción ciudadana y en la estabilidad de los planes estratégicos.
El llamado de Lupo a la “prudencia” y a la “validación de datos” parece un mensaje directo a la oficina del vicepresidente. No se trata de silenciar el debate democrático, sino de entender que, antes de abrir un micrófono o publicar una actualización en redes, es imperativo haber cerrado un análisis técnico y consensuado. La política de Estado no puede permitirse el lujo de la improvisación ni de las opiniones personales disfrazadas de comunicados oficiales. Si Lara busca ser un actor relevante en la transformación del país, debe comprender que el rigor no es un muro opaco, sino un escudo protector para la institucionalidad y la confianza ciudadana. Pensar antes de hablar no es un acto de censura, es el requisito mínimo de responsabilidad para quien ostenta el segundo cargo más importante de la nación.
Cuando la comunicación oficial se traslada del despacho al muro de Facebook o al feed de Instagram, el protocolo no es lo único que se ve menoscabado. Muere también la eficiencia en la toma de decisiones y la transparencia real del proceso de gobierno. ¿En qué estado se encuentra un Ejecutivo donde las jerarquías se diluyen ante la falta de diálogo interno estructurado? Esta tendencia genera una confusión peligrosa sobre cuáles son los canales válidos para la gestión y la toma de acuerdos. Si los mismos gobernantes no pueden comunicarse de forma privada y efectiva, la percepción de inestabilidad se traslada a la ciudadanía, que observa con recelo cómo la administración pública se convierte en un escenario de mensajería abierta mientras los problemas de fondo —como la inflación, la falta de empleo y la débil calidad de servicios públicos— se acumulan.
El hecho de que el ministro finalmente haya accedido a la reunión tras la presión generada en las redes sociales nos deja una lección alarmante: en la política actual, parece que lo que no es visible para el público, no existe. Este enfoque basado en el espectáculo digital desvía la atención de los temas sustantivos que deberían ocupar la agenda gubernamental. Mientras el Ejecutivo se distrae en la gestión de su imagen y en los “likes” de aprobación, la realidad en las calles es distinta. La población boliviana está en una tensa espera de que las medidas económicas del Gobierno finalmente den resultados tangibles que saquen al país de esta crisis prolongada. No hay espacio para la improvisación comunicacional cuando la canasta familiar y la estabilidad del empleo están en juego. El ciudadano no espera una publicación interactiva o una foto de perfil; espera soluciones concretas que alivien el bolsillo y den certidumbre al futuro de sus familias.
La fotografía difundida el miércoles, en la que ambos funcionarios aparecen sentados a la mesa de trabajo con documentos frente a ellos, puede interpretarse como una victoria para el vicepresidente, quien logró concretar el encuentro que buscaba. Sin embargo, para la salud institucional de Bolivia, se trata de una derrota manifiesta. Un Estado no puede gobernarse bajo la premisa de que sus líderes solo se comunican y coordinan acciones cuando la audiencia ciudadana los observa.
La falta de cohesión interna en el Gobierno es un lujo que el país no puede permitirse en momentos de tanto desafío. Si el Ejecutivo pretende enfrentar con éxito las tareas pendientes —como la recuperación económica sostenible, la mejora de la calidad de los servicios públicos y la consolidación de las instituciones democráticas—, debe entender que la gestión del Estado se construye con planes estratégicos, trabajo conjunto en las oficinas y respeto a los procesos establecidos, no con publicaciones que buscan el aplauso fácil o la confrontación mediática.
Esperemos que, de ahora en adelante, las agendas se cuadren mediante canales institucionales y los acuerdos se fundamenten en análisis técnicos. Porque cuando el Estado depende de una notificación de red social para funcionar, es la ciudadanía la que queda en “modo de espera”, con sus necesidades y demandas postergadas por la lógica de la visibilidad momentánea, mientras la crisis económica sigue su curso sin esperar a que nadie se dé “un tiempito” para resolverla.
