Miguel Alfonso Avila
La reciente propuesta de Enrique García, ex presidente de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y figura clave en la arquitectura financiera regional, no debe leerse como una simple sugerencia técnica, sino como un urgente llamado de atención institucional para enfrentar los desafíos que agobian a Bolivia. En un escenario nacional marcado por la fragmentación política, la volatilidad económica y presiones sociales crecientes —derivadas entre otras cosas de la inflación, el desempleo juvenil y las demandas por desarrollo territorial equitativo—, García pone sobre la mesa dos ejes de reforma que el poder ejecutivo no puede seguir postergando: el fortalecimiento del pragmatismo político y la consolidación de la coherencia administrativa.
El diálogo como signo de madurez democrática
El análisis de García parte de una premisa ineludible en las democracias representativas: nadie puede gobernar de manera efectiva en solitario cuando el parlamento se encuentra profundamente dividido. Su exhortación a que el presidente Rodrigo Paz tome la iniciativa para entablar un diálogo constructivo con Tuto Quiroga y otros líderes de bancada de la oposición no es un síntoma de debilidad institucional, sino un claro signo de madurez democrática y responsabilidad estatal.
La historia reciente de Bolivia y de otros países de América Latina demuestra que las reformas estructurales —tanto en materia de infraestructura como de seguridad social o modernización del Estado— mueren en los pasillos legislativos cuando no existe un acuerdo mínimo de país que trascienda las agendas partidistas. Buscar la concertación no implica claudicar en los principios del programa de gobierno, sino identificar los puntos de intersección que permitan que el Estado deje de estar paralizado por el cálculo electoral de corto plazo.
Un solo mando para enfrentar la tormenta económica
Por otro lado, la propuesta de reordenar la estructura del gabinete para concentrar la conducción económica bajo una única autoridad competente aborda un problema crítico que ha afectado la gestión pública en épocas de crisis: la bicefalia y la dispersión en la toma de decisiones financieras. En momentos de alta volatilidad internacional —con fluctuaciones en los precios de las materias primas, restricciones en el acceso a créditos internacionales y desafíos derivados del cambio climático—, tanto el mercado como la ciudadanía necesitan señales consistentes y transparentes. Un gabinete con múltiples voces y sin una línea estratégica clara genera mensajes contradictorios que ahuyentan la inversión nacional y extranjera, y dificultan la implementación de medidas de ajuste y desarrollo.
La creación de una jerarquía clara en la gestión económica —ya sea mediante la designación de un «coordinador económico» con atribuciones transversales o la consolidación de competencias en un ministro con amplias facultades— permitiría alcanzar objetivos fundamentales:
– Alinear la política fiscal con la monetaria, evitando desajustes que afecten la estabilidad de precios.
– Proyectar solvencia y credibilidad ante organismos internacionales, inversionistas y mercados financieros.
– Ejecutar reformas estructurales con la celeridad y eficiencia que la burocracia actual no siempre garantiza.
– Mejorar la comunicación de las medidas económicas y sus impactos reales en la vida cotidiana de los bolivianos.
Dos caras de la misma moneda: gobernabilidad y desarrollo
Las palabras de Enrique García nos recuerdan que la economía y la política son dimensiones inseparables del proyecto nacional: no hay crecimiento sostenible ni reducción de la desigualdad sin un marco de gobernabilidad sólido y predecible. Sin un pacto nacional que garantice la continuidad de políticas clave —como la promoción de la producción diversificada, la inversión en capital humano y la modernización de la infraestructura— más allá de los ciclos electorales, no habrá reforma que genere los resultados esperados para la población.
El presidente Paz tiene ante sí una oportunidad histórica: mantener la inercia del conflicto y la polarización, o liderar una etapa de concertación nacional que devuelva la certidumbre al país y fortalezca su posición en la región. La unidad no significa uniformidad ni renuncia a las diferencias ideológicas, sino encontrar el camino común que permita avanzar juntos frente a los desafíos que nos unen como nación: construir un futuro más próspero, justo y sostenible para todos los bolivianos.
