La reciente determinación judicial que ordena 100 días de detención preventiva para el alcalde Johnny Fernández no es solo un golpe jurídico a su gestión, sino un síntoma de una administración que parece haberse enredado en la maraña de sus propias prácticas administrativas. Lo que comenzó como observaciones técnicas y requerimientos de la Contraloría General de la Nación —con el fin de garantizar la transparencia en el uso de recursos públicos— ha terminado por sentar al máximo autoridad ejecutiva municipal frente a un juez en una audiencia cautelar, desnudando una realidad que muchos ciudadanos ya intuían: la profunda desconexión entre lo que se consigna en los documentos oficiales y lo que realmente se materializa en obras y servicios para la población.
El núcleo de la imputación presentada por el Ministerio Público es tan sencillo como devastador en sus implicaciones. Al aceptar los hallazgos de la Contraloría, el alcalde reconoció implícitamente que existe una discrepancia significativa entre los montos económicos pagados por la municipalidad y el alcance real de las obras ejecutadas. En el ámbito de la administración pública, una firma en un acta, contrato o certificación no es un mero trámite burocrático: constituye la máxima validación de la confianza que la ciudadanía deposita en quienes ejercen el poder, al garantizar que los recursos comunes se destinan de manera eficiente y honesta a satisfacer las necesidades colectivas. Admitir que existen diferencias entre lo certificado como concluido y lo realmente ejecutado en terreno es, en esencia, reconocer que los mecanismos de control interno municipal fallaron de manera relevante —o, en el peor de los casos, que se permitió que terceros obtuvieran beneficios indebidos a costa del erario público y, por ende, de todos los contribuyentes.
Según la información disponible, las irregularidades se concentran en proyectos de infraestructura urbana y servicios básicos que tenían como objetivo mejorar la calidad de vida de los vecinos de Santa Cruz. Entre ellos se mencionan obras de pavimentación, ampliación de redes de agua potable y mantenimiento de espacios públicos —inversiones que representaron millones de bolivianos y que, según la Contraloría, no cumplieron con los estándares acordados ni con el volumen de trabajo contratado.
La justicia ha sido clara al fundamentar su decisión en la identificación de riesgos procesales, como la posibilidad de obstaculización de la investigación o la desaparición de elementos probatorios. Es importante destacar que la detención de 100 días no constituye una sentencia de culpabilidad, sino una medida cautelar adoptada para garantizar el desarrollo ordenado del proceso judicial. Sin embargo, este hecho envía un contundente mensaje: en el Estado de derecho, nadie está por encima del principio de rendición de cuentas, independientemente del cargo que ostente.
Más allá de los pasillos de los tribunales, la ciudad se enfrenta ahora a una parálisis administrativa preocupante. Con el alcalde privado de su libertad, el Concejo Municipal se ve obligado a navegar en aguas turbulentas para cumplir con los trámites legales que permitan designar un sucesor interino capaz de mantener a flote la gestión y garantizar la continuidad de servicios esenciales: limpieza pública de calles, avenidas y canales; mantenimiento de vías; atención en materia de salud, educación y respuesta a las demandas de la comunidad. Algunos concejales han señalado que, aunque existen protocolos para estos casos, la lentitud de los trámites podría afectar la ejecución de proyectos programados para este semestre.
Ante este escenario, surgen preguntas inevitables entre la población: ¿es esta medida de detención preventiva desproporcionada con relación a los hechos investigados, o constituye un acto necesario de saneamiento institucional para recuperar la credibilidad de las instancias públicas? Mientras el equipo de defensa de Fernández prepara sus recursos de apelación y trabaja en la presentación de pruebas que respalden su inocencia —entre ellas declaraciones de funcionarios y estudios técnicos que, según afirman, aclaran las diferencias señaladas—, la ciudadanía observa con escepticismo y expectativa los pasos siguientes del proceso.
Lo cierto es que estos 100 días representarán una prueba de fuego sin precedentes, no solo para la trayectoria política del alcalde, sino también para la integridad y eficiencia de nuestras instituciones de control y justicia, que deben demostrar su capacidad para actuar con equidad y transparencia. La percepción de la población respecto al proceso será fundamental para fortalecer —o debilitar— la confianza en el sistema democrático boliviano.
La lección que deja este episodio es amarga, pero indispensable para fortalecer nuestra democracia: en la gestión pública, el descuido en los controles administrativos, la falta de rigor en la revisión de documentos o la omisión en la supervisión de obras no son meros errores burocráticos —son el primer paso hacia la posible responsabilidad penal de quienes están a cargo de administrar los bienes de la comunidad. El poder público, por su naturaleza misma, es frágil y requiere de constante vigilancia: tanto por parte de quienes lo ejercen, que deben asumir su compromiso con la transparencia, como de la sociedad en su conjunto, que debe ejercer su derecho a la información y al control ciudadano.
