Cuando uno explora la literatura politológica en busca de luces sobre la relevancia de la institución vicepresidencial, se topa con un vacío sorprendente. Los apuntes son extremadamente puntuales y breves, lo cual resulta llamativo considerando que la gran mayoría de los sistemas presidencialistas de América incluyen esta figura en su arquitectura estatal. Esta omisión teórica sugiere que, para la academia, el «segundo a bordo» es a menudo un actor de reparto en un guion diseñado para un solo protagonista.
Sin embargo, la realidad política latinoamericana suele desmentir esa supuesta irrelevancia. Aunque en algunos países de la región se ha sobredimensionado el papel del vicepresidente —elevándolo incluso por encima de sus facultades y atribuciones constitucionales—, fue sin duda en Bolivia donde la segunda autoridad del Estado cobró un relieve inusitado durante catorce años. No hace falta un análisis exhaustivo para identificar a Álvaro García Linera como el actor que otorgó a la vicepresidencia una notoriedad fuera de todo antecedente histórico. No obstante, esa centralidad no otorgó un carácter edificante al cargo; por el contrario, en el contexto de un régimen con tintes autoritarios, ese «vice» fue mucho más que una segunda autoridad: fue el estratega intelectual y uno de los principales artífices del descalabro económico, moral y político en el que Bolivia se encuentra hoy sumergida.
Pero ese periodo de casi tres lustros fue apenas un oasis de protagonismo en medio de la sequedad que tradicionalmente ha marcado el funcionamiento de esta institución. Históricamente, la vicepresidencia ha navegado en un mar de claroscuros e inutilidad operativa. Es célebre la anécdota del exvicepresidente Jaime Paz Zamora, quien, aludiendo a la vaciedad de sus funciones durante la UDP, confesó amargamente que el presidente Hernán Siles Zuazo «no lo mandaba ni a comprar pan». Ante semejante antecedente de ostracismo, resulta todavía más injustificado y paradójico que algunos países de la región mantengan sistemas que prevén la existencia de hasta dos vicepresidentes, multiplicando una burocracia que carece de un norte ejecutivo claro.
Esta falta de peso institucional nos lleva a cuestionar los criterios de selección que aplican los candidatos presidenciales y sus asesores. Si la teoría política se ocupa poco de la institución, menos aún lo hace de la lógica detrás de la elección del compañero de binomio. ¿Se busca realmente ampliar la representatividad política y social? ¿O la elección responde simplemente a clivajes étnicos o territoriales que, aunque a muchos pese, son la realidad que hoy disecciona la unidad del país? En la práctica, la doctrina se limita a estudiar la relación de pareja política post elección: el grado de lealtad, la capacidad de conspiración y el margen de poder real que el titular está dispuesto a ceder.
En este escenario, surge una duda existencial sobre la carrera política: ¿constituye la vicepresidencia la antesala natural a la primera magistratura, o es simplemente el «techo» dorado donde terminan las aspiraciones de quienes saben que jamás alcanzarán el solio presidencial?
En el caso boliviano, la contradicción es flagrante. A pesar de que el vicepresidente es simultáneamente el Presidente Nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional —lo que debería otorgarle un peso político sistémico—, sus facultades constitucionales efectivas son un espejismo. Aunque la Carta Magna menciona su participación en el Consejo de Ministros, las escasas atribuciones que le otorga están, en última instancia, supeditadas al arbitrio y la voluntad unilateral del presidente del Estado. El «vice» depende de la agenda del «uno».
Hoy, asistimos a una degradación aún mayor de esta figura. El caso más relevante del ejercicio vicepresidencial debería ser la sucesión legítima ante la ausencia del titular; sin embargo, observamos cómo el actual Ejecutivo ha recurrido a artilugios administrativos y decretos para evitar incluso la transmisión de mando protocolar. Esta «sepultura de facto» de las competencias tradicionales de la vicepresidencia responde a una crisis profunda en el binomio gobernante.
La evidencia es clara: el peso de los clivajes que cada uno representa ha sido el elemento central de la escisión. Lo que debió ser un ejercicio de poder en unidad absoluta se ha transformado en un campo de batalla de antipatías personales y enconos ideológicos. Este desbalance no solo perjudica la gestión pública, sino que coloca a Bolivia en una situación de vergüenza continental, demostrando que cuando el binomio nace por conveniencia y no por proyecto, el Estado queda a la deriva de un adorno que terminó por romperse.
Augusto Vera Riveros, es abogado
