El título no se refiere a su precio simbólico, sino a su precio en dinero. Piense el lector en la cantidad de dinero que cuesta un diputado o senador que tiene a su disposición asesores, un vehículo de alta gama y un chofer, entre otras facilidades. Multiplicando lo que cuestan esos legisladores por el número de curules con que cuentan las cámaras (más lo que cuestan los suplentes y los representantes supraestatales), tenemos que la Asamblea Legislativa, mediocre desde hace muchos años, es una institución dispendiosa. Sin embargo, el costo de la democracia no se reduce solo al dinero que el Estado eroga para mantener el “templo de la democracia”: contempla también el pago de todos los burócratas que cobran por trabajar (¿?) en pro de la democracia. Imagine el lector lo que cuesta mantener la Defensoría del Pueblo, institución en la que no solo gana gordo salario su jefe, o sea el defensor del Pueblo, sino también su equipo de delegados, técnicos, coordinadores, jefes y administrativos, cuyos resultados son realmente imperceptibles.
No se me malentienda: sigo pensando que la democracia es el sistema menos malo para la organización de un país, pero no por ello puedo dejar de criticar la crisis estructural por la que atraviesa —sobre todo en países subdesarrollados como Bolivia— o dejar de decir que pienso que la democracia está en un declive… a mi parecer irreversible.
Una de las propuestas más interesantes que escuché en todo este tiempo de nuevo gobierno y nuevos legisladores, es esa del senador Nilton Condori que plantea reducir los salarios de los legisladores. “No sé por qué ganamos Bs 23 mil, si no hacemos nada…”, fue la frase con la que el honesto senador fundamentó su propuesta. La verdad, sin embargo, es que no hay que ser Condori para saberlo. Todos quienes trabajan en la Asamblea, desde ujieres hasta el oficial mayor, e incluso las personas del común, se deben dar cuenta de que el trabajo en aquella institución es laxo y flojo. Ahora bien, sabemos que la propuesta de Condori quedará en nada, como queda en nada la de suprimir la irrazonable renta vitalicia de expresidentes y exvicepresidentes, ya que para defender sus pingues rentas, tanto exmandatarios como legisladores sí están dispuestos a parlar y sacar las garras. O más bien a hacerse los tontos y guardar silencio.
Pero ¿se debate? ¿Se plantean políticas públicas? No. Y muchos legisladores no lo hacen porque no pueden, ya que su indigencia intelectual y cultural no se los permite. ¿Y el país está representado? Tampoco. Diputados y senadores sirven solo de barniz democrático, y el hecho de que los bloqueos o paros sean herramientas de resolución de conflictos (varios analistas piensan que son señal de robustez democrática o pluralidad) es otra prueba de que el Parlamento no sirve para hallar consensos o pacificar el país.
Hay varios pensadores que desde hace décadas vienen advirtiendo la decadencia de la democracia liberal y, en general, de Occidente. Con ciertas salvedades, comparto esa apreciación. El declive de los sistemas democráticos no es rápido ni drástico, sino lento e imperceptible. Pero en muchos países como Bolivia el sistema de representación ya es hoy una fachada, pues existe un quiebre absoluto entre los (supuestamente) representados y los (supuestamente) representantes. Y así, los que realmente gobiernan los Estados y toman las decisiones son burócratas entendidos en asuntos económicos, tecnológicos, educativos y de salud pública (algo así como lo que pasa en la República Popular China).
A medida que pasa el tiempo, los representantes 1) tienen por menos contacto con los intereses de las multitudes y, sobre todo, 2) entienden menos de las difíciles cuestiones sobre las que hay que legislar: medioambiente, transición energética, datos, eutanasia, transhumanismo, consumo de drogas, IA, etc. Estos dos factores contribuyen al declive de los sistemas de representación. Y si a eso se añade una cultura beligerante como la boliviana, el Parlamento queda más inservible todavía. (Más o menos las mismas cosas se puede decir de los Concejos municipales o las Asambleas Departamentales, que también cuestan mucho dinero y probablemente son más inútiles que la Asamblea Legislativa.) La solución para salvar la democracia no está en el hecho en sí de bajar salarios, pero, ya que estos legisladores no trabajan como deberían y la representación actual está viciada porque no representar realmente al ciudadano, y además teniendo en cuenta la severa crisis económica actual, reducirles los sueldos no es descabellado.
Para terminar, lanzo una pregunta incómoda: ¿Qué vale más: una dictadura de burócratas iluminados y honestos o una blanda democracia en la que deciden las estúpidas mayorías y se paga pingüemente a supernumerarios prescindibles?
Ignacio Vera de Rada es politólogo y comunicador social
