En Bolivia, la política ha perfeccionado un arte perverso: convertir el privilegio en agravio y el poder en lamento. En las últimas semanas, algunos diputados y senadores han declarado, sin rubor alguno, que sus altos salarios “no alcanzan” para subsistir. La afirmación no solo es ofensiva; es reveladora. Revela una desconexión profunda entre quienes legislan y quienes sobreviven. Revela, también, que el problema no es el partido al que se pertenece, sino la cultura política que se reproduce con una constancia casi genética.
El salario parlamentario boliviano —acompañado de dietas, viáticos, asesores, transporte, seguros y una red de privilegios invisibles— se sitúa a años luz del ingreso medio de la población. Mientras millones de bolivianos ajustan el presupuesto para cubrir lo básico —alquiler, transporte, alimentos, educación—, la representación política ensaya un discurso de precariedad desde el mármol. No es una torpeza retórica: es una indecencia moral.
Lo más inquietante no es la queja en sí, sino su normalización. Se pronuncia como si el país no registrara informalidad estructural, desempleo juvenil, inflación persistente y servicios públicos desiguales. Se pronuncia como si la política no tuviera una obligación ética: comprender la vida real. Gobernar no es administrar cifras; es habitar el mismo suelo que pisan los gobernados. Quien no entiende el valor de un salario mínimo —porque nunca lo ha vivido— carece de autoridad moral para legislar sobre el trabajo.
A esta escena se suma un fenómeno que el electorado ya reconoce con cansancio: el transfuguismo político. Se cambia de sigla, de bancada o de alianza, pero no se cambia de prácticas. Los mismos rostros, las mismas excusas, la misma arrogancia. La promesa del “nuevo tiempo” se diluye cuando los representantes repiten los viejos vicios. El problema, entonces, no es ideológico; es ético. No es de colores partidarios; es de conductas.
Cambiar de partido sin cambiar de comportamiento es una estafa simbólica. Se presenta como renovación lo que es continuidad. Se vende alternancia donde hay reciclaje. Y mientras tanto, el Parlamento —que debería ser el espacio de deliberación responsable— se convierte en una burbuja autorreferencial, incapaz de medir el impacto de sus palabras en una ciudadanía golpeada por la incertidumbre.
La democracia no se erosiona solo por golpes espectaculares; también se desgasta por microdesprecios cotidianos. Decir que un salario privilegiado “no alcanza” en un país de salarios precarios es uno de ellos. Es una frase que rompe el contrato simbólico entre representante y representado. Porque el mandato no es vivir mejor que el pueblo; es servirlo mejor.
Urge, por tanto, una reforma que vaya más allá de la ley: una reforma moral. Transparencia salarial, rendición de cuentas, evaluación de desempeño, límites reales a privilegios y sanciones al transfuguismo oportunista. Pero, sobre todo, urge recuperar una noción olvidada: la dignidad del cargo público. La política no es un empleo para “subsistir”; es una función para responder.
Bolivia no necesita representantes que se quejen de su sueldo. Necesita representantes que entiendan el país. Que sepan cuánto cuesta un pasaje, un litro de aceite, un cuaderno escolar. Que conozcan el precio de la vida común. Solo entonces la política dejará de ser un espectáculo de lamentos y empezará, por fin, a ser un ejercicio de responsabilidad.
