En medio de las semanas en las que el precio del dólar parecía aletargado, el abastecimiento de gasolina no presentaba sobresaltos. Mientras que la crónica escasez de diésel mantiene a los transportistas refunfuñando, justamente adoloridos, pero semiresignados, el presidente de YPFB lanza una granada noticiosa al anunciar que ha agotado fondos para importar combustibles.
Las aguas se agitan, las colas explotan, el pánico prospera creando un clima en que la coalición que postula los candidatos Quiroga-Velasco (Libre), plantea en comunicado oficial que “el Tribunal Supremo Judicial (TSJ) están promoviendo actos que pone en riesgo el proceso electoral y pueden derivar, ineludiblemente, en la suspensión de la segunda vuelta” (subrayado mío).
El argumento de Libre para echar al vuelo tan tremenda advertencia es que el juicio contra los autoprorrogados del TCP deja al país sin control constitucional.
Libre instrumenta claramente una estrategia que apunta sumar al pánico económico ansiedades políticas, saliendo en defensa del quinteto delictivo que, lejos de ejercer el control constitucional, ha practicado la tortura incesante y deformación de la Constitución, como también se verifica en que sigan ejerciendo sus cargos, veintidós meses después que su función terminó.
Los redactores del comunicado saben que un juicio contra los cinco sujetos que presumen y se sienten capaces de anular elecciones, o modificarlas, tarda meses, no horas o días; tiene retorcimientos judiciales y legislativos interminables.
Por eso, la defensa implícita, pero inocultable, que hace Libre de “control constitucional” (frente sobre las que guarda silencio total hasta ahora su rival en la segunda vuelta), pasa por alto que los autoprorrogados son violadores seriales de la CPE, que han subyugado previamente a las autoridades electorales, amputando las elecciones judiciales últimas, y que su presidente encara un juicio por evidencia de relacionarse con quien era el representante del criminal PCC brasileño y corresponsal del grupo criminal calabrés Ndrangheta.
Y, en tanto instancia procesal, sus miembros respaldan con sus sentencias a implicados en estafas de casi $us 100 millones, como las del Mercado Mutualista en Santa Cruz.
Están en pie las preguntas: ¿cuáles son las causas y el interés de esta defensa acérrima de quienes han quebrantado sus juramentos, la ley y la Constitución? ¿Por qué atiza la incertidumbre pública? Y, desde luego, sus competidores de la sigla PDC, el gobierno, igual que los miembros de la oposición legislativa, deben explicar su enigmático silencio e indefinición ante la intención de alimentar una situación volátil y explosiva.
Roger Cortéz Hurtado es docente universitario e investigador.
