Jorge Lizarraga Torrico
Es como si todos los días no solo se hablara de ajuste de cuentas por narcotráfico sino también de vejaciones contra niños o adolescentes y por si fuera poco ni la policía, ni el ministerio publico menos aun los llamados en defender a la niñez o adolescencia hacen algo, y para colmo de males, incluso la ex presidenta de la APDDHH se apiada de violadores por el solo hecho de ser de la tercera edad, por favor¡¡
Desconozco si la gestión gubernamental actual haya propuesto algo o quizá la que venga haga algo al respecto, más allá de ampliar penas que eso cualquiera propone pero no muchos identifican que el problema es aún mayor que solo eso (que además genera hacinamiento en las cárceles, sentencias que se hacen esperar, libertad condicional, arresto domiciliario, etc.) porque aun digan que la justicia cambiara, en los hechos ni el consejo de la magistratura y mucho menos el Tribunal Supremo de justicia hacen, hicieron y dudo hagan algo al respecto, en el marco de sus competencias y/o atribuciones. Cabe hacer mención
a la promulgación este miércoles 10.09.2025, de la Ley 1636, de Protección de la Integridad Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en entornos Digitales, introduciéndose cinco nuevas figuras penales específicas para enfrentar la criminalidad digital contra menores, pero suficiente en relación al título del artículo?.
Al igual que lo señalado en el párrafo inicial, las noticias de todos los días o se refieren a los ajustes de cuentas en el oriente boliviano o describen con horror lo que niños o adolescentes viven producto de vejámenes y/o violaciones contra su humanidad, y aun así todos indolentes y que se siga el procedimiento vigente dicen, pero como seguir un procedimiento donde a pesar de identificar a los malhechores todo sigue igual y nada avanza para hallar justicia? Esperamos la justicia divina? ¿Si es así para que tenemos un aparato estatal que se piensa sirve para algo?
Hoy por hoy, en nuestro país, pienso se ve con normalidad, de que autoridades públicas o privadas se hayan acostado con sus empleados, dependientes, pero ¿aceptar que se hayan acostado con menores?, incluso de por medio existe un antecedente inverosímil cual es que un ex jefe de Estado tenga una orden de aprehensión por haber “presumiblemente” cometido un ilícito contra menores de edad, y hasta ahora nada ni nadie hace algo, por tanto, ¿que podríamos hacer con el resto de pedófilos o violadores? ¿Muy poco no creen?
Asimismo, es patético que algunas personas incluso habiendo ejercido un rol de defensa de los derechos humanos, increpe a familiares de niños o adolescentes violados por ex sacerdotes o llamados hombres de Dios, y por el contrario impulse su sobreseimiento o su declarativa de inocencia o peor aún, proponga un perdón judicial por su avanzada edad, de estos criminales que cuando gozaban de salud plena abusaron y se aprovecharon de la nobleza de niños y adolescentes y hoy que son viejos o de la 3ra edad “llamados ketos”, pretendan acogerse a un derecho por el simple razonamiento de su edad?, eso no puede ser posible aceptar ni en Bolivia ni en el mundo, y debe ser este país que alguna vez de ejemplo de algo, no creen? Violador o pedófilo siempre será así o alguien podría indicar que salvo enfermedad mental un violador o pedófilo no ¿planifico, organizo y ejecuto el ilícito?, háganme el favor ¡
Es preciso recordar que, en Bolivia, la protección de niñas, niños y adolescentes está regulada principalmente por la Ley 548, Código niña, niño y adolecente, que establece derechos fundamentales y mecanismos de protección integral. Asimismo, se tiene en nuestro ordenamiento jurídico la Ley 054 de protección legal, que complementa el código y prohíbe toda forma de maltrato, así como contamos con la Ley de Leyes, aunque muchos “se limpian con ella” que reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho y su protección es inevitable y más bien un asunto de Estado, por tanto si bien contamos con instrumentos legales de protección, lo mínimo que debemos hacer, es hacer cumplir las normas y aplicar ejemplarmente sanciones contra quienes abusen de niños, niñas o adolecentes, porque quizá sea uno de los delitos más temibles, atroces y atentatorios contra la dignidad humana, y no por ser creyentes en Dios no debamos exigir que las penas a imponerse sean drásticas y contundentes como debieran serlo también contra corruptos y maleantes que han creído del Estado ser su feudo y pretendan hacer lo que quieran, para todos estos, pero principalmente para abusadores de niños o adolescentes, las penas deben ser ejemplarizadoras y contundentes, caso contrario todo lo que se diga en contra de estos, caerá en saco roto y jamás se avanzará para remediar males como esos.
Finalmente, si bien es cierto que es obligación el Estado asegurar el ejercicio pleno de los derechos de la niñez y adolescencia en todos sus niveles, no es menos evidente que frente a pedófilos o violadores infantiles todos debemos armarnos de valor y tomar decisiones decisivas contra estos, ya que digan lo que digan no son más que lacras inservibles para la humanidad y quien toca a un niño o niña o adolecente debe pagar esas acciones, y cuya consecuencia no debe ser menos que grabar en su frente la leyenda “violador-pedófilo”, cuya marca sea indeleble o quizá algo peor, o que piensan?.
Jorge Lizarraga Torrico es abogado
