¡Ah, el título…! Bueno, es una forma de decir a lo que judicialmente se decidió respecto a la expresidenta constitucional Jeanine Áñez. Es probable que cuando este artículo salga a la luz haya novedades respecto a ella misma y también sobre Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, y de estos últimos, la efectiva cesación de sus detenciones preventivas, sobre los que la (in)justicia ya se pronunció.
Pero aquello del título no es más que una forma de expresar la interrupción de decisiones judiciales, en promedio de hace cuatro años y que de jurídicas no tuvieron nada. La persecución política impuesta por el gobierno del tirano Evo Morales y la sumisión de la justicia al bárbaro presidente, privaron de libertad a estos tres actores de la política nacional.
Sin embargo, en estas líneas quiero referirme únicamente a quien, hasta la fecha, ha merecido una resolución judicial que determinó la nulidad del proceso penal ordinario por el caso Senkata, dejando sin ninguna validez jurídica todo lo actuado. La resolución dictada por el Tribunal de Sentencia Cuarto de esta ciudad, en ningún caso supone dejar en impunidad hechos delictivos que pudieron haberse cometido —y, de hecho, se cometieron varios— en el gobierno de la exmandataria.
“Justicia retrasada es justicia denegada” (William Gladstone). Y es que la percepción generalizada de la sociedad y los hechos motivan a confirmar que la persecución penal justa desde hace veinte años en Bolivia dentro del marco del debido proceso que ejercita el Estado es un mero ideal, un delirio que el caudillo de Orinoca se ha encargado de practicar; una fantasía usual cuando de sus enemigos políticos o de quienes durante dos décadas han tenido la osadía de denunciar delitos graves cometidos por ese nefasto gobierno, o han disentido con él, habiendo bastado un chasquido de dedos del déspota para que la Justicia se rinda y, solícita, cumpla la orden del caudillo. Así metió a la cárcel a cientos de sus detractores y destruyó familias y vidas.
Y como estas líneas no pretenden ser una apología del delito, así como la nulidad de un proceso de la jurisdicción ordinaria —además, por un delito como el de la masacre de Senkata el año 2019— de responsabilidad exclusiva de hordas afines al MAS, Áñez, por ese y otros graves tipos penales, debe ser juzgada a través de un juicio de responsabilidades, porque aquello de que ese procedimiento no es aplicable por haber accedido a la Presidencia por vía de hecho, primero que es una falacia grande como la Casa Grande del Pueblo, y segundo que, aun si hubiese sido así, Áñez no deja de haber ejercido la primera magistratura. El caso es que su procesamiento por la vía ordinaria fue un capricho del tirano Evo Morales, según confesión de Iván Lima, muy cercano en su tiempo a aquél.
No se puede decir siquiera que en el caso que nos ocupa la justicia hoy ha reparado un monstruoso acto de tráfico de la ley, porque Áñez ha permanecido durante cuatro años y medio privada de libertad, lo cual nada, ni siquiera una indemnización pecuniaria, que tarde o temprano el Estado boliviano tendrá que pagarle, puede compensar. Es así: cuando la justicia es tardía, ya no es justicia. El caso de corte que le es aplicable, dirá —si es que algún día tenemos una justicia proba— si ella, como jefa de Estado, estuvo implicada en ese aciago caso de Senkata o en los graves casos de corrupción en que varios de sus ministros han incurrido, para lo que, como manda la CPE, quienes tengan interés en el esclarecimiento y punición de quienes hayan estado comprometidos en los execrables hechos de 2019 durante su gobierno, deben presentar su proposición acusatoria. Es probable que la Asamblea Legislativa, cuya autorización de juzgamiento depende del acuerdo de dos tercios de sus miembros presentes, lo cual veo poco probable, no dé curso a ningún juicio, pues si existe coherencia en la Alianza Libre, que considera que Añez no cometió ningún delito, y en la bancada de Unidad, que obedece a Samuel Doria Medina, que fue acompañante de fórmula en una candidatura fallida, no habrá tal enjuiciamiento en un proceso de privilegio.
Pero si la justicia, que cambió de postura en torno a la expresidenta gracias a los “milagros” que en este país puede hacer el cambio de gobierno, perdiéndole en consecuencia el miedo que durante dos décadas le tuvo al Ejecutivo, que ya está de salida, debe juzgar a Áñez por su corto gobierno por otros delitos que se perpetraron durante su mandato, debe hacerlo en el marco del debido proceso, en libertad y con todas las garantías, para que pueda demostrar su inocencia o, en su caso, purgar condena por los ilícitos cometidos.
Augusto Vera Riveros es jurista y escritor
