Alex A. Chamán Portugal
En el bicentenario de Bolivia (1825-2025), la nación andina-amazónica no celebra una historia de soberanía, desarrollo, prosperidad y bienestar, sino que enfrenta una realidad fracturada por la dominación, el subdesarrollo y las políticas nefastas de sus clases dominantes. Desde su fundación, las élites criollas, oligarquías mineras y burguesías neoliberales, aliadas al imperialismo y sus empresas transnacionales, han sido incapaces de diseñar e implementar un proyecto integral estratégico de desarrollo nacional que garantice progreso científico, industrialización a través de la cualificación de las fuerzas productivas, justicia social y soberanía plena. Este ensayo, analiza cómo el entreguismo, la corrupción y el sometimiento a intereses capitalistas e imperialistas han condenado a Bolivia a una sociedad semifeudal y semicolonial, dejando al pueblo sumido en la pobreza, la explotación y la precariedad. En el contexto de una crisis económica, social, jurídica, política e ideológica, y ante la amenaza de un retorno de la derecha en las elecciones generales del 17 de agosto de 2025, el pueblo boliviano debe organizarse para luchar en defensa de la patria, así como por sus derechos y libertades demoliberales.
1. Las clases dominantes y su fracaso histórico
Desde 1825, Bolivia ha sido gobernada por una sucesión de clases sociales que jamás pensaron en la patria como un proyecto colectivo. Estas clases dominantes, desde los “barones del estaño” como Simón Patiño hasta la burguesía contemporánea, prefirieron enriquecerse mediante la exportación de materias primas (guano, salitres, caucho, plata, estaño, gas, litio) antes que impulsar un modelo de desarrollo endógeno. Nunca diseñaron ni implementaron un proyecto integral de desarrollo nacional que promoviera la industrialización, la diversificación productiva o el fortalecimiento de las fuerzas productivas. En cambio, consolidaron un modelo extractivista que perpetúa el atraso semicolonial, condenando al 80% de la población económicamente activa a la informalidad y la precariedad laboral, sin derechos laborales ni beneficios sociales.
La Revolución Nacional burguesa de 1952, liderada por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), prometió cambios estructurales mediante la “nacionalización” de las minas y la reforma agraria. Sin embargo, las élites cooptaron estas iniciativas, limitando su impacto y perpetuando la exclusión de las mayorías indígenas y campesinas. Desde 2006, el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) intentó revertir esta lógica con el Modelo Económico Social Comunitario Productivo, logrando reducir la pobreza y aumentar las reservas internacionales. No obstante, la persistente dependencia de los hidrocarburos y la falta de inversión en sectores estratégicos evidencian que incluso este esfuerzo no ha fracturado con el modelo semicolonial a través del neoliberalismo.
Peor aún, las clases dominantes fueron responsables del desmembramiento territorial y conversión a país mediterráneo. La pérdida del Litoral en la Guerra por el Guano y el Salitre (1879), la cesión del Acre a Brasil (1903) y el Chaco en la Guerra del Chaco (1938) no solo cercenaron la geografía nacional, sino que hundieron la autoestima del pueblo y debilitaron la economía, no obstante, durante fines de la década de los 1930 e inicios de los 1940 se forjó la conciencia nacional fortaleciendo ideológica, política y orgánicamente al movimiento obrero y popular que desembocó en el ciclo del revolucionarismo nacional. La burguesía, traidora al interés patrio, prefirió viabilizar políticas entreguistas negociando con potencias extranjeras antes que defender la integridad de la patria, dejando cicatrices que aún afectan la identidad y la cohesión nacional.
2. Dominación del imperialismo español, inglés y yanqui sobre Bolivia
El saqueo de Bolivia no terminó con la independencia de España; solo cambió de amo. En el siglo XIX, Inglaterra explotó el guano y el salitre; en el siglo XX, Estados Unidos se apoderó de los hidrocarburos y minerales mediante empresas como Gulf Oil y la “Rosca Minero-feudal”; imponiendo condiciones leoninas que convierten a Bolivia en un simple exportador de materias primas sin valor agregado. Estas potencias imperialistas han utilizado organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para estrangular cualquier intento de autonomía. A través de ajustes estructurales, privatizaciones y deudas externas ilegítimas, estos organismos impusieron políticas que destruyeron derechos laborales, privatizaron servicios básicos y empresas estratégicas, así como, ahondaron la miseria del pueblo boliviano. A inicios del siglo XXI se aprecia la arremetida de capitales chinos en importantes rubros de la economía del país.
Durante los gobiernos neoliberales en Bolivia —especialmente entre 1985 y 2005— se implementaron procesos de privatización y capitalización de empresas estatales estratégicas, como parte de las reformas estructurales dictadas por el Consenso de Washington, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. Estas medidas comenzaron con fuerza durante el segundo gobierno de Víctor Paz Estenssoro (1985-1989), se profundizaron con Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997) y continuaron bajo Hugo Banzer (1997-2001) y Jorge Quiroga (2001-2002).
Durante las décadas de 1980, 1990 y 2000, los gobiernos neoliberales aplicaron las recetas impuestas por los organismos financieros internacionales, subordinando los intereses nacionales a las exigencias del capital transnacional. Las políticas de ajuste estructural impuestas en ese periodo provocaron el desmantelamiento de empresas estatales estratégicas como YPFB, COMIBOL, ENDE, ENTEL, LAB, ENFE, SABSA, la Empresa Metalúrgica de Vinto, además de bancos y otras entidades financieras.
Paralelamente, se desplegó una feroz ofensiva contra el movimiento obrero y popular: se criminalizó la protesta social, se persiguió, encarceló y estigmatizó a dirigentes sindicales, y se atacaron frontalmente las organizaciones sindicales y gremiales. Se conculcaron derechos laborales conquistados mediante históricas luchas y se redujeron beneficios sociales, profundizando la precarización del empleo. Como resultado, se intensificaron la explotación y la opresión, y se agravaron fenómenos como el desempleo, el subempleo, la pobreza y la extrema pobreza.
Este modelo económico de carácter semicolonial ha impedido el desarrollo de una economía soberana, manteniendo a Bolivia en la condición de simple proveedor de materias primas para el mercado global.
3. Un Estado corrupto y al servicio del capital
El Estado boliviano, lejos de ser un instrumento del pueblo, ha sido desde su fundación una maquinaria clientelar al servicio de las élites explotadoras. La corrupción, el nepotismo y los “negociados” son su esencia: contratos amañados con transnacionales, licitaciones fraudulentas y un Poder Judicial que criminaliza a los pobres mientras protege a sus verdugos y esbirros. Desde los “cuartelazos” del siglo XIX hasta los escándalos de corrupción en la gestión de empresas estatales como YPFB en el siglo XXI, el Estado ha sido utilizado para garantizar prebendas, clientelismo y enriquecimiento ilícito.
Esta captura del Estado por las clases dominantes explica por qué las instituciones públicas están corroídas por la corrupción y el nepotismo, incapaces de garantizar derechos fundamentales como trabajo, salud, educación, vivienda digna, entre otros. En 2025, más del 50% de la población vive en pobreza, y el acceso a servicios básicos sigue presentando ciertos problemas. La salud pública es deficiente, con hospitales colapsados y falta de medicamentos; la vivienda digna es inalcanzable para las mayorías; y la educación, en lugar de ser un pilar de liberación, reproduce la ideología burguesa, formando mano de obra barata para el capital transnacional en lugar de patriotas comprometidos con el desarrollo nacional para beneficio de la sociedad en su conjunto, y en particular, para los sectores populares.
4. La educación burguesa como obstáculo al desarrollo
El desarrollo de las fuerzas productivas en Bolivia ha sido obstaculizado por la ausencia de una educación genuinamente nacional, democrática, popular, científica y tecnológica orientada al progreso nacional. Las clases dominantes nunca priorizaron una educación emancipadora, sino una de carácter burgués, diseñada para perpetuar la subordinación al capital transnacional. Las escuelas y universidades, especialmente en áreas rurales, carecen de infraestructura, formación docente idónea y un enfoque teórico-práctico que vincule el conocimiento con las necesidades de las mayorías populares. En lugar de fomentar el pensamiento crítico y la innovación, el sistema educativo produce profesionales desconectados de la realidad nacional, carentes de conciencia nacional, incapaces de contribuir al desarrollo de una industria propia y mercado interno.
En el bicentenario, aunque el analfabetismo ha disminuido (de 37% en 1950 a menos del 5% en 2025), la calidad educativa sigue siendo mediocre. Los centros de educación superior, especialmente las universidades, en muchos casos operan como simples fábricas de títulos, desvinculadas de las necesidades productivas y estratégicas del país. Esta educación de carácter burgués, que niega el pensamiento crítico, la conciencia patriótica y la formación rigurosa en investigación científica orientada a la transformación socioeconómica, ha obstaculizado el desarrollo de una ciencia y tecnología propias, condenando a Bolivia a la casi plena dependencia tecnológica y a la explotación de la mayor parte de sus recursos naturales sin valor agregado, perpetuando así el atraso estructural de carácter semicolonial.
A ello se suma la reproducción sistemática de procesos de desideologización y despolitización al servicio del statu quo, junto con una profunda decadencia ética y moral expresada en la naturalización de prácticas antiéticas e inmorales. La educación superior, lejos de constituirse en una herramienta que coadyuve al progreso, termina reflejando la descomposición de las perversas clases dominantes, de una sociedad en creciente crisis material y espiritual, y de un Estado en ruinas.
5. Bicentenario en crisis: La derecha acecha y el pueblo resiste
En 2025, Bolivia llega al bicentenario sumida en una crisis multidimensional: económica (recesión, escasez de dólares, inflación y desabastecimiento de combustibles), social (mayor desempleo y subempleo, pobreza superior al 50%, narcotráfico, migración), jurídica (un sistema judicial manipulado por intereses políticos y cada vez más corrupto), política (polarización mezquina al interior del Movimiento Al Socialismo facilitando el retorno -al Gobierno- de la derecha vendepatria y antipueblo) e ideológica (tensiones entre un reformismo y populismo frente a un atroz neoliberalismo resurgente). Esta crisis es el resultado directo de la ineptitud de las clases dominantes, la gran mayoría de los gobiernos de turno, civiles y militares, que han subordinado los intereses nacionales a los designios del imperialismo y políticos que no asumen responsabilidades que encaminen una transformación estructural que requiere la patria, la sociedad y el pueblo.
Las elecciones del 17 de agosto de 2025 representan una amenaza inminente: el retorno de una derecha apátrida, aliada y sometida al imperialismo, que busca privatizar empresas estatales, flexibilizar derechos laborales para abaratar la explotación, reprimir las protestas sociales bajo el discurso de “ley y orden” y entregar los recursos naturales a corporaciones extranjeras. Estas políticas atentarán contra los intereses nacionales y populares, conculcando derechos laborales, beneficios sociales y libertades democráticas.
Sin embargo, la historia boliviana demuestra que el pueblo no se rinde. Desde la Guerra del Agua (2000), pasando por la Guerra del Gas (2003) hasta la rebelión contra el golpe de Estado de 2019, las masas obreras, campesinas e indígenas han sido la única fuerza capaz de torcer el rumbo de la historia. Hoy, el desafío es doble: no depositar falsas expectativas en las urnas, y purgar al movimiento obrero y popular de infiltrados que pactan con el enemigo y prostituyen los organismos populares. La organización y la lucha son la única vía para enfrentar a los enemigos declarados y a aquellos que, disfrazados de aliados, traicionan la causa popular.
6. Hacia una perspectiva emancipatoria
El bicentenario de Bolivia no debe ser una celebración vacía, sino un grito de guerra por una perspectiva emancipatoria. La emancipación de la patria exige un proyecto revolucionario que rompa con el modelo semifeudal y semicolonial, basado en los siguientes pilares:
- Ruptura con el imperialismo: Nacionalización real de los recursos estratégicos, como el litio, sin socios extranjeros que impongan condiciones leoninas. Esto implica rechazar las recetas del FMI, el BM y el BID, y cancelar las deudas externas ilegítimas que atan al país a la dependencia.
- Industrialización soberana: Desarrollo de una industria nacional que agregue valor a los recursos naturales, apoyada por una inversión masiva en ciencia y tecnología al servicio del pueblo, no del capital transnacional.
- Revolución cultural y educativa: Transformación del sistema educativo para formar patriotas con pensamiento crítico, capaces de contribuir al desarrollo científico y tecnológico. Las escuelas y universidades deben ser espacios de liberación, no de reproducción de la ideología burguesa.
- Poder popular: Construcción de un Estado controlado por obreros, campesinos e indígenas, que desmantele las redes de corrupción, clientelismo y nepotismo. Este Estado debe garantizar derechos fundamentales como trabajo digno, salud, educación, vivienda, etc.
- Fortalecimiento del mercado interno: Promoción de la integración social y económica mediante políticas que apoyen a los pequeños productores, campesinos y comunidades indígenas, generando empleo digno y combatiendo la informalidad.
Conclusión
En su bicentenario, Bolivia enfrenta el peso de dos siglos de saqueo, corrupción y subordinación a potencias capitalistas e imperialistas. Las clases dominantes, aliadas a potencias extranjeras, han fracasado en construir un proyecto nacional que garantice desarrollo, soberanía y justicia social. La crisis actual —económica, social, jurídica, política e ideológica— es el resultado de su ineptitud y traición. Ante la amenaza de un retorno de la derecha en las elecciones de 2025, que buscará profundizar la explotación y la dependencia, el pueblo boliviano debe organizarse para resistir y construir un futuro soberano. El bicentenario es un llamado a la acción: una segunda independencia que, liderada por las masas obreras, campesinas e indígenas, rompa las cadenas del capitalismo semifeudal y semicolonial, y forje una patria libre, justa y digna, donde el pueblo sea el verdadero protagonista de su destino.
