En este mes, abril de 2025, Bolivia ingresa simultáneamente en el último tramo para festejar el Bicentenario de la organización de la república y en la definición de fechas, candidaturas y listas para las elecciones generales de agosto.
Doscientos años es un aniversario irrepetible. Hay iniciativas públicas y privadas para celebrarlo: desfiles, encuentros regionales, publicaciones académicas, seminarios, conferencias, muchos discursos.
Por otra parte, las próximas elecciones presidenciales serán las décimo primeras de la etapa constitucional más larga de la historia: 42 años cumplidos, un semestre y algunos días. A pesar de muchos sobresaltos y crisis, la democracia sobrevive. Las tendencias totalitarias no han logrado ahogar el enorme esfuerzo de sucesivas generaciones, a lo largo y ancho del territorio, para defender el precario Estado de Derecho
El presidente del Estado Plurinacional Luis Arce Catacora tiene, en ese contexto, una de las últimas oportunidades para girar la imagen negativa de su gobierno y darle un cariz de reconciliación nacional. Puede descomprimir el caldeado ambiente político -que tanto gravita en la incertidumbre económica- dictando una amplia amnistía para que los bolivianos desterrados puedan volver a su país sin miedo; para que las cárceles se vacíen de los presos por causas políticas y sindicales. Para que los bolivianos celebren la firma del Acta de la Independencia con libertad, igualdad y fraternidad.
Este acto de generosidad tiene varias aristas. En el aspecto legal puede convocar a una comisión de constitucionalistas notables, presidida por el ministro de Justicia César Siles, para que diseñe una hoja de ruta coherente.
Existen exiliados desde 2003. Más de dos décadas sin poder retornar a sus hogares; ni siquiera sus familiares. Es el tiempo de destierro más largo desde 1825. Cifra que representa la mitad de los años de democracia. ¿Cómo es posible que esto suceda? ¿En qué momento la sociedad ha internalizado ese dato como parte de la normalidad?
Ninguno de los presuntos delitos que se les atribuye tendría un castigo tan extenso.
Además, hay personas que fueron forzadas a salir de Bolivia por el solo hecho de haber sido leales a Gonzalo Sánchez de Lozada, presidente constitucional. Para los que se rebelaron contra su mandato hubo perdón.
El otro grupo más numeroso de presos y exiliados está relacionado con los hechos de 2019. Se castiga el levantamiento pacífico de la ciudadanía contra una larga lista de irregularidades, agravadas por el desconocimiento del resultado del referéndum de 2016.
Ningún proceso judicial, un lustro después, pudo probar que hubo un golpe de estado. Al contrario, el propio gobierno actual denuncia una serie de mentiras que fueron fabricadas por anteriores autoridades, como la existencia de un “mar de gas”. Así también se desbarató el inmenso montaje en torno al llamado caso de terrorismo en el Hotel Las Américas.
¿Qué pasó en Senkata y en Sacaba, en Montero, en los incendios a casas particulares, en la quema de buses municipales, en las convocatorias a una guerra civil? Solamente un debido proceso podrá aproximarse a la verdad y a las responsabilidades. Será posible cuando exista un poder judicial independiente.
El apresamiento de la exmandataria constitucional Jeanine Añez, el secuestro del gobernador Luis Fernando Camacho, la detención de Marcos Pumari en una cárcel destinada para los presos más peligrosos fueron condenados por organismos internacionales como violación de derechos humanos.
Existen presos por protestas sociales, de los cuales el caso de César Apaza de APDECOCA es uno de los peores. Informes independientes revelan que en el país existen casi 300 presos políticos, incluyendo dos menores. La sede de la Asamblea de Derechos Humanos está cercada por la policía desde hace 20 meses.
¿Hasta cuándo? El presidente Arce tiene la oportunidad de iluminar ese panorama sombrío. Un gobierno antiimperialista no necesariamente tiene que ser autoritario, como ejemplifican Uruguay o Chile.
La reconciliación nacional y los nuevos pactos serán fundamentales para que el próximo régimen enfrente la actual crisis. Quien quiera que gane tendrá que asumir duras medidas económicas. Si el tejido social está más pacificado, podrá conseguir avanzar. El Bicentenario podrá ser un Jubileo o una bufonada.
