La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) se gestó por la voluntad aunada de los líderes de la corriente ideológica denominada socialismo del siglo XXI. Entre los más activos Lula da Silva, Néstor Kirchner, Hugo Chávez, Rafael Correa, Fernando Lugo y Evo Morales.
Sus objetivos no pudieron cumplirse ni siquiera medianamente. Sus ideólogos destacaron más por sus ampulosos discursos que por sus acciones. Lo cierto es que la Carta Constitutiva de la Unasur y sus protocolos fueron dechados de buenos deseos que no alcanzaron utilidad práctica. Muchos de los objetivos que la Unasur trazó coinciden con los que la CAN y Mercosur impulsan desde hace varias décadas. Ante esa duplicidad de esfuerzos, lo ideal hubiese sido fortalecer esos dos procesos de integración en lugar de crear uno nuevo, con gran dispendio de recursos.
Pero al parecer los líderes gestores tenían particular interés en aquellos proyectos que por su alcance monumental habrían logrado gran impacto y beneficio económico, especialmente para los países de la élite unasuriana. Me refiero a la integración energética a través de la construcción de grandes oleoductos que partirían desde Venezuela hacia los países de la Unasur geográficamente posibles de conectar.
Refiero también la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Sudamericana (IIRSA), diseñada con numerosos proyectos de infraestructura en transporte, construcción de carreteras, energía y comunicaciones.
Nada de esto se cumplió y el organismo funcionó como un foro político más que como un organismo de integración. Es así que Unasur dejó de lado a los órganos técnicos y ejecutivos, y aplicó la diplomacia directa, instrumentada por los jefes de Estado reunidos en frecuentes encuentros políticos ociosos e infructuosos.
Lo propio ocurrió con la Secretaría General, órgano ejecutivo que también desnaturalizó sus principales funciones. Teniendo a su cargo la función de ejecutar los mandatos de las diversas instancias y velar por la concreción de proyectos, privilegió el protagonismo político, impronta que dejó el finado Néstor Kirchner.
Su incursión en la política interna de los Estados miembros tampoco fue muy afortunada. Desde un inicio abogó por los intereses de los gobernantes de esa élite antes que por el interés legítimo de los pueblos sudamericanos. Ejemplos de esto hay variados. El año 2008, aún sin haber entrado en vigencia el Tratado Constitutivo de Unasur, se formó una comisión para mediar en el conflicto interno suscitado en Bolivia entre oriente y occidente, con evidente parcialidad en favor del gobierno de Evo Morales.
Asimismo ocurrió respecto a Paraguay el año 2012, cuando Fernando Lugo fue destituido mediante un juicio político promovido por la Cámara de Diputados en sujeción a la Constitución Política del Paraguay. En ese entonces, Unasur arremetió contra el sucesor constitucional de Lugo y sancionó al Paraguay, suspendiéndolo hasta que se restituyera el orden constitucional, supuestamente quebrantado.
Otro hecho de manifiesta parcialidad se dio el año 2010, cuando ese organismo aceleró la puesta en vigencia del Protocolo Adicional de Compromiso con la Democracia (Carta Democrática de la Unasur) a fin de amonestar a la oposición Venezolana, que pedía reglas democráticas claras para preservar el Estado de derecho en ese país.
En fin, la congénita politización de la Unasur la ha herido de muerte y con el anuncio de retiro temporal de los seis (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú) el desenlace parece inevitable. Todo indica que este organismo que nació acunado por el socialismo del siglo XXI perecerá en un escenario político diferente.
El desafío para Bolivia en su condición de Presidente pro témpore es gigantesco. Le toca convencer a los seis para que permanezcan en la Unasur bajo otras reglas de juego, seguramente; o, caso contrario, se tendrá que asumir que la imagen de Bolivia en el contexto internacional se ha desdibujado, que no tiene ni presencia, ni influencia en la región.
