Muchos bolivianos son sometidos a tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes por efectivos de la Policía, principalmente, que utilizan esta práctica ilegal como método de investigación.
Fernando Cantoral
Un grupo de policías encapuchados con armas largas derribó la puerta de una oficina en un centro comercial de la ciudad de El Alto la mañana de un martes, hace 10 años. ¡Todos al suelo, carajo!, vociferó uno de los uniformados. Quienes se encontraban en el lugar fueron reducidos con golpes e insultos. El fiscal de turno, que llegó con los encapuchados, contemplaba impasible el cumplimiento de las órdenes.
Freddy (nombre cambiado para preservar su identidad) fue enmanillado y subido a una camioneta. Lo ubicaron en medio de dos encapuchados y partieron con rumbo desconocido. Los policías le exigían nombres, contraseñas, información que él desconocía. Uno de los efectivos le puso una bolsa con gas lacrimógeno en la cabeza. El otro le sacó el aire del cuerpo con un golpe en el vientre. Freddy se asfixiaba. El vehículo se detuvo en una ladera-barranco, límite entre El Alto y La Paz. Freddy fue bajado y amenazado con ser lanzado al precipicio. Otro policía le puso un arma en la cabeza y le dijo que ahí mismo podría matarlo.
Luego de cinco horas de maltrato, fue llevado a una celda de la policía anticrimen (FELCC) de El Alto. Un colchón de paja viejo y roto era la única pieza en el calabozo pestilente y frío. Permaneció más de 16 horas sin abrigo ni agua ni comida y sin la posibilidad de asearse o ir al baño. El médico forense que lo visitó un día después ignoró sus denuncias, y al ver sus muñecas cortadas por las esposas, solo dijo: ¡Ah, manillitas!
Así como Freddy, muchos bolivianos son sometidos a tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes por efectivos de la Policía, principalmente, que utilizan esta práctica ilegal como método de investigación. Pese a existir centenares de denuncias, ninguna ha llegado a sentencia, lo que ha marcado en el país un derrotero de impunidad y fomento de la tortura, que va de la mano cómplice de las autoridades judiciales y hasta legislativas, que pese a más de 20 años de la primera recomendación del Comité contra la Tortura (CAT), de reformar la figura legal, no lo realizan.
De enero de 2013 a mayo de 2022, la Defensoría del Pueblo registró 1.033 denuncias de tortura, de las cuales el 72% es contra de la Policía, 12% contra las Fuerzas Armadas y el 4% contra Régimen Penitenciario y el Ministerio Público.
En abril de este año se conoció que la Fiscalía General del Estado tramitó desde 2019 hasta abril de este año 110 denuncias por tortura. Ninguna llegó a sentencia.
Son varios los factores que confluyen para que policías, militares y funcionarios públicos civiles apliquen la tortura, o la permitan, sin temor a ser sancionados: una normativa no adecuada a las leyes internacionales, la falta de garantías de las autoridades hacia las víctimas, recargar a las víctimas el costo del proceso legal, la escasa formación de los funcionarios judiciales, la «alianza perversa” entre policías y fiscales, el desinterés de los jueces por investigar estos casos y la falta de voluntad política de los gobiernos de turno y los legisladores.
Un delito sin castigo establece un historial de impunidad y promoción del crimen. Victoria López, representante de la Plataforma de Sobrevivientes de las Dictaduras, da fe de ello y lamenta que el Gobierno pretenda encubrir los “crímenes de lesa humanidad” como la tortura, ocurridos en los gobiernos de facto y democráticos.
"No conocemos ningún caso de sentencia por temas de tortura, el único caso y el único juicio que se ha hecho es al general Luis García Meza y a Arce Gómez, no ha habido otro, por eso nosotros protestamos y decimos por qué el Gobierno quiere cubrir con un manto de impunidad todo lo que ha ocurrido durante los 18 años de dictadura y lo que ocurre ahora". Victoria López, representante de la Plataforma de Sobrevivientes de las Dictaduras
De acuerdo a la Convención contra la Tortura, se entenderá por el término “tortura” todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales con el fin de obtener de ella, o de un tercero, información o una confesión (…), por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia.
Puñetazos y patadas, golpes con toletes y culatas de armas de fuego, choques eléctricos, sofocamiento con gas lacrimógeno, obligación de permanecer de rodillas por horas con las manos en la nuca, cubrimiento de los ojos con vendas o bolsas plásticas, privación de agua y alimentación y privación del uso del baño, son parte del actuar de la policía boliviana identificada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en la crisis política 2019-2020. A estos se suman amenazas de muerte con cuchillos y armas de fuego e incluso abuso y violencia sexual a hombres y mujeres, de acuerdo a testimonios recogidos por ANF.
“La tortura es una violación atroz de los derechos humanos”, señaló en un mensaje el secretario general de la ONU, António Guterres, y agregó que “bajo ninguna circunstancia se debe permitir que los crímenes de los torturadores queden impunes y se deben desmantelar y transformar los sistemas que permiten la tortura”.
Las consecuencias que se producen en las víctimas son numerosas y afectan tanto a la salud física como a la psicológica, siendo esta última, normalmente, la más difícil de reparar. “El uso de la tortura y otros malos tratos destruye a las personas, corroe el Estado de derecho, menoscaba el sistema de justicia penal y erosiona la confianza de la población en las instituciones públicas y el Estado al que representan”, señala Amnistía Internacional.
Sin esperanzas de justicia
Freddy junto a su abogado puso la denuncia por tortura en la fuerza anticrimen y el primer obstáculo que encontró fue la misma policía. Los efectivos no querían recibir la denuncia. Uno de ellos le dijo, justificando el delito: ¡Qué habrás hecho!
Tras lograr la denuncia en contra de los policías encapuchados como los responsables y evidenciar la participación de un fiscal en el operativo, el fiscal asignado al caso respondió: “Yo no soy de los que cita a otro fiscal”.
El fiscal del caso pidió informe al Comando de la Policía sobre el operativo y la lista de los efectivos que participaron. La jerarquía policial respondió que no brindará la información por ser un tema reservado. El fiscal le dijo a Freddy: “No se les puede obligar a dar el informe, no puedo hacer nada” y le reiteró que es él -la víctima- quien debe dar información para identificar a los policías.
La fiscal de materia de La Paz Sarina Guardia consultada por ANF sobre qué hace la fiscalía en un caso similar, si la víctima no ha podido identificar a los agresores al estar encapuchados, respondió: “Es un poco complicado, no tenemos una bola de cristal para poder identificar e imaginarnos si son esas personas, pero como digo, por lo menos debería aportarse algún conocimiento para poder identificar, si la víctima no lo ha podido identificar, cómo podríamos saber los demás quiénes eran exactamente, no podemos adivinar”, dijo.
Freddy sostiene que en todo el proceso al fiscal no le interesó indagar las responsabilidades sobre quiénes eran los jefes policiales que participaron del operativo. “El fiscal no quiso avanzar más, y cuando pusimos a la denuncia el nombre del capitán a cargo del operativo, el fiscal paro todo y dijo: ´no podemos continuar porque esa persona tiene derechos’; abogó más por los derechos de los torturadores”, recuerda.
Pero uno de los principales problemas que impidió el avance del proceso, recuerda Freddy, fue los gastos que debía asumir desde un principio: desde pagar al notificador hasta alquilar un vehículo, similar al que se usó el día de los hechos, para la inspección técnica ocular. “El alquiler del vehículo era de 500 dólares, además me pidieron que pague por el revelado de las fotos”.
“Como tampoco tenía dinero para tanto gasto y es fiscal no tenía interés, lo cerró”. El caso fue cerrado en 2015 y Freddy fue notificado del hecho en 2022. Actualmente el caso se encuentra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la etapa de fondo.
Para Andrés Gautier, responsable del área terapéutica del Instituto de Terapia e Investigación (ITEI), existe una “alianza perversa” entre fiscales y policías, junto a los jueces, para encubrir este tipo de delitos debido a que reconocen que “necesitan esos métodos para conseguir información”. Al trabajar policías y fiscales de manera conjunta “se cuidan las espaldas, encubren el delito”, y como no hay sanción “se sienten protegidos”.
“La justicia protege a los torturadores”, afirma.
ANF solicitó de forma reiterada información a la Unidad de Comunicación de la Fiscalía General del Estado sobre los casos de tortura y una posición institucional sobre el tema. Nunca recibió una respuesta.
El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), coronel Sergio Bustillos, dijo respecto a los 769 casos de tortura y malos tratos atribuidos a la Policía, que no desmerece las denuncias pero que de pronto se requiere realizar un análisis de cada uno para tener la certeza, sin embargo, afirmó que en la institución verde olivo existen niveles de control y seguimiento a sus efectivos, pero “como en cualquier lugar de pronto no son suficientes”.
Remarcó que estos hechos inequívocamente son atribuibles a la conducta de la persona y no así a la institución policial que “no fomenta ese tipo de actos en la investigación, bajo ningún contexto”.
Agregó que en el tiempo que lleva en la dirección de la FELCC, y antes en la FELCV, no conoció ningún caso de abuso contra investigados y que quien normalmente hace la denuncia es la víctima. En caso de que el jefe policial se entera del abuso a un investigado en su dependencia, “tiene que pedir la investigación a otra instancia”.
De enero a mayo de esta gestión, la Defensoría del Pueblo registró 45 casos de tortura y malos tratos.
El director del Instituto de Investigaciones Sociológicas (IDIS) de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Raúl España, no coincide con el coronel Bustillos y considera que el sistema judicial coludido con la estructura policial impide que estos casos de tortura salgan a la luz o se dé continuidad a las investigaciones, debido a que “se trata de invisibilizar esta problemática porque dejaría muy mal parada a la institución del orden, mostraría que no hay ni siquiera profesionalismo en su accionar y que estarían los supuestos defensores de la ley rompiendo la propia ley”.
La fiscal Sarina Guardia responde que “de ninguna manera los fiscales podrían ser cómplices de algo ilícito”, ya sea dentro o fuera de la institución. Asegura que en el tiempo que lleva de fiscal, “el trabajo que se ha realizado con la Policía siempre ha sido transparente, por lo menos de lo que yo he podido verificar”.
Para el Coordinador del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, dependiente de la Defensoría del Pueblo, Juan Carlos Ledezma, “hay una naturalización de la tortura en la Policía Boliviana -y parte del Ejército- y principalmente ocurre al momento del arresto, de la aprehensión”. Ledezma también advierte “deficiencia” en los funcionarios judiciales para velar por los derechos de las personas detenidas.
"Un juez o un fiscal que vea que una persona ha sido traída por la policía con evidentes signos de golpes o malos tratos, debería inmediatamente solicitar los informes correspondientes para ver e iniciar una investigación sobre qué es lo que ha pasado con esa persona”. Juan Carlos Ledezma, coordinador del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Defensoría del Pueblo
De acuerdo a los casos revisados para este reportaje, pese a que las víctimas denuncian tortura en la audiencia cautelar ante el juez, éste no las toma en cuenta, como también lo constató Nadesdha Guevara, exdirectora del Sepret (Servicio para la Prevención de la Tortura, hoy Mecanismo), debido a que “eso obligaría a la autoridad jurisdiccional a reconocer que las pruebas obtenidas por la policía están viciadas al haber sido concebidas en un momento de violencia”.
Funcionarios insensibles y sin formación
Para Ledezma, aparte de las limitantes en la normativa, están las deficiencias en las capacidades investigativas que tiene la Policía y el Ministerio Público respecto a los lineamientos internacionales como el protocolo de Estambul, con directrices para una investigación efectiva en temas de tortura, y el protocolo de Minnesota, para investigar muertes potencialmente ilícitas, “que todavía la Fiscalía no tiene la capacidad para implementarlo”.
Además, dice, muchos exámenes no se realizan de manera adecuada ni lo antes posible y “se pierde evidencia valiosa y los procesos terminan cayéndose, rechazados, desestimados, sobreseídos y archivados”.
La falta de formación especializada, agrega Gautier, tiene consecuencias y es que los jueces y fiscales no se interesan en derechos humanos. Indica que desde la misma Universidad no hay una debida formación en derechos humanos, en presunción de inocencia, en debido proceso, entre otros aspectos, lo que ha conllevado a tener un “sistema de ignorancia y de incompetencia” en las autoridades judiciales.
Da como ejemplo que en el caso de Jeanine Áñez, cuando en febrero de este año la exmandataria cumplía una huelga de hambre, un juez quiso imponer que se le aplique suero. “Eso va contra los derechos humanos, ha tenido que ser el Alto Comisionado y la Defensoría del Pueblo que vayan a hablar con el juez para que suspenda esa determinación”, refiere Gautier.
"Es un ejemplo típico de la falta de saber, la ignorancia de una justicia que nunca quiso interesarse en derechos humanos, cuando derechos humanos y justicia no tendrían que ser antípodas, sino estar mano a mano”. Andrés Gautier, responsable del área psicoterapéutica del Instituto de Terapia e Investigación (ITEI)
“Dice que el GIEI hizo una crítica a la justicia muy clara, como también lo hizo Diego García Sayán (Relator Especial sobre la independencia de magistrados y abogados), pero a las autoridades nacionales “eso les importa un bledo, pasan por encima, y ahí tenemos a las víctimas de octubre, noviembre y diciembre (de 2019), denuncian y no pasa nada, no se mueve nada”.
Sobre la capacitación al personal policial, Gautier indica que pese a las incontables veces que han recibido talleres y cursos sobre Derechos Humanos en los últimos 30 años, no se observa “ningún signo de cambio” sobre el respeto a los derechos de las personas. Señala que son muy pocos los policías interesados en estos cambios, pero “existe una jerarquía que no asume una posición clara”, y que está inmiscuida “en demasiados intereses y corrupción con la justicia”.
En ese sentido, agrega, el problema de la tortura no es solo la “alianza perversa” entre policías y fiscales, sino también “tiene que ver con gente incapaz y mucha ignorancia”.
La fiscal Sarina Guardia asevera que los funcionarios del Ministerio Público reciben “capacitación constante” en la Escuela de Fiscales sobre temas de tortura y otros, para cualificar sus conocimientos y su accionar profesional. Tras una revisión del portal web de la Escuela de Fiscales, no se encontró ningún curso referido a tortura.
Las víctimas advierten que los investigadores policiales y los fiscales en los casos de tortura carecen de empatía y las responsabilizan de no colaborar ni aportar pruebas. Temen que, por la constante rotación de los investigadores policiales, alguno que haya sido en otro caso un torturador, ahora investiga sobre tortura.
En estos casos que involucran a policías, la fiscalía también pierde pruebas, dilata el proceso, evita citar a otros fiscales implicados, no tiene voluntad para acumular indicios como denunció la abogada Lucy Rodríguez que defiende a Juan Bascopé Cari.
Otros casos mediáticos sin justicia son el de Reynaldo Ramírez, golpeado por cuatro policías y privado de comida y agua por tres días; David Olorio Apaza, muerto en la tortura; Jorge Valda, abogado que fue torturado para que revele el paradero de uno de sus defendidos; además de decenas de casos que ocurren en los centros penitenciarios, hospitales psiquiátricos, entre otros registrados por el Sepret. Estos son solo algunos de los 1.033 que se animaron a denunciar y continuar con el proceso, y siguen en una verdadera travesía de obstáculos en busca de justicia. Pero hay quienes nunca llegan a denunciar por encontrarse en una situación vulnerable y sin garantías.
Raúl España sostiene que la tortura “es expresión de la descomposición de una sociedad poco integrada y que cree que no hay necesidad de respetar las normas”, y por eso “es permisiva frente a estas situaciones que han naturalizado la violencia”.
Una reforma postergada por 20 años
Ledezma explica que el artículo 295 del Código Penal no reúne las condiciones ni los elementos de los estándares internacionales y mantiene penas muy bajas para los implicados en casos de tortura, que van desde los dos hasta 10 años de cárcel en caso producir la muerte. Agrega que el artículo no describe de manera adecuada los elementos de la tortura como el sujeto activo, el posible autor, y solamente lo circunscribe a funcionarios públicos. Sobre la víctima, indica, solamente la considera a la persona que tiene la calidad de detenida.
Sostiene que la modificación del artículo 295, que tipifica el delito de vejámenes y tortura, ya fue aprobado por el Conapes (Consejo Nacional de Política Económica y Social) y ahora debe pasar a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su tratamiento. Pero este proceso lleva más de 20 años de postergación.
"Es una modificación al Código Penal lo que se debe hacer, sin embargo, eso ya ha dejado de ser una justificación para el Estado, porque esta recomendación específica del tipo penal ya tiene 20 años de rezago, la primera vez que el CAT (Comité contra la Tortura) le recomendó a Bolivia que modifique el tipo penal ha sido el año 2001”. Juan Carlos Ledezma, coordinador del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura
Pero reconoce que en el país “no existe un marco legal amplio para prevenir la tortura” debido a que solo hay normas generales como la Constitución Política del Estado, que prohíbe la tortura, y el Código Penal, pero “no existe un marco normativo y menos una política pública, en general, de prevención de la tortura”.
Gautier considera que la reforma al artículo 295 del Código Penal no garantizará un cambio en el país sobre este delito, mientras exista falta de formación y no se rompa la cadena del “silencio encubridor” de funcionarios como policías, fiscales, jueces y hasta peritos forenses del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).
Propone la creación de una fiscalía especializada para atender los casos de tortura, es decir, con fiscales y jueces especializados para identificar este tipo de delitos desde un primer momento.
Ve también con preocupación los “malos tratos” que genera la justicia y que dejan secuelas y efectos psicológicos similares a la tortura, como el ocurrido con Marco Antonio Aramayo, sometido a más de dos centenares de procesos judiciales, que terminaron con su vida.
“Los factores de corrupción, de incompetencia, de no respetar la presunción de inocencia, de necesitar culpables para que la población esté satisfecha, como hicieron con Jhiery Fernández, tiene que ver con estos casos”, apunta.
Víctimas sin terapia ni reparación
“No hay ninguna institución estatal que brinde terapia por casos de tortura”, remarca Gautier y cuestiona al Estado que pretende que el SUS (Sistema Único de Salud), sin profesionales formados en traumatismo ligados a una extrema violencia, atienda a las personas que han sufrido tortura.
En los casos que llegaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) y requirieron asistencia psicológica, “el Estado no ha querido asumir el financiamiento de la psicoterapia frente al ITEI”, señala.
Para cubrir este apoyo a las víctimas, Ledezma refiere que el Mecanismo impulsa la participación de la sociedad civil y de una ONG especializada en el tema, con quien tiene un convenio de cooperación.
Señala que el Estado tiene la obligación de dar justicia y reparación integral a las víctimas en todos los aspectos, para tratar, en lo posible, que la persona vulnerada vuelva a su condición original o por lo menos aceptable. Este derecho es respaldado por los tratados internacionales y el derecho internacional.
Sin embargo, durante el proceso penal ninguna víctima de tortura recibe terapia y mucho menos reparación, y es mejor si no hay sentencia que obligue al Estado. Durante todo el proceso se puede observar que para la Policía y la Fiscalía estas personas son vistas como “malas víctimas”, a quienes se les juzga moralmente-por algo habrán sido detenidas-, para que nunca puedan conseguir ni justicia ni reparación en el país.
Actualmente, el caso más manifiesto es el de las torturas cometidas por la Policía en el conflicto poselectoral de 2019 en Senkata y Sacaba, además de otras regiones, donde las víctimas exigen justicia, pero “los fiscales no responden”.
Al no encontrar justicia en el país, muchas víctimas, como Freddy, acuden a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde radican varios casos.
