La violación del artículo 168 de la CPE y la falaz interpretación del artículo 23 del Pacto de San José dieron origen a la inconstitucional candidatura de Evo Morales por un cuarto período. Las elecciones de 2019 terminaron de la misma manera que empezaron, viciadas de nulidad. No obstante, Evo Morales se declaró ganador de los comicios, lo que rebasó la tolerancia del pueblo que se levantó con protestas pacíficas pidiendo nuevas elecciones para restaurar el tan vapuleado orden constitucional.
En respuesta, el Presidente de Bolivia amenazó con cercar las ciudades privando de alimentos a la población civil, con la expresa advertencia de “veremos cuanto aguantan”. A confesión de parte relevo de pruebas, Evo Morales ha dispuesto ataques contra la población civil boliviana y esto también implica persecución política; ambos actos constituyen crímenes de lesa humanidad, de conformidad al artículo 7º del Estatuto de la Corte Penal Internacional.
Desde hace más de dos décadas ese ha sido el modus operandi de Evo Morales que en muchas ocasiones ha inviabilizado la gobernabilidad y restringido las libertades democráticas del pueblo boliviano. Recordemos el cerco a Sucre el año 2005 cuando grupos afines al MAS intimidaron a la población y a los parlamentarios, obligándolos a adoptar resoluciones que obstruyeron la sucesión presidencial de entonces. Hoy conculca los derechos de los bolivianos, deprecia el espíritu pacifista del pueblo y arteramente intenta dividirlo acusándolo de discriminación y racismo.
Sin embargo, todo el pueblo boliviano está firme y unido en el propósito de preservar la democracia. Por la naturaleza pacífica y democrática de las protestas, es fundamental que las Fuerzas Armadas del Estado aseguren el imperio de la Constitución Política y no sean instrumento de represión, y que la Policía Boliviana asuma la defensa de la sociedad, como expresamente dispone nuestra Carta Magna.
Con argumentos legítimos el pueblo boliviano ha rechazado terminantemente la auditoría que el gobierno del MAS y la Secretaría General de la OEA han acordado y el efecto vinculante que le han asignado. El pueblo ha advertido que el Gobierno únicamente representa los intereses del MAS y no el interés del pueblo boliviano, puesto que su voto le ha sido escamoteado y defraudada su confianza en las instituciones gubernamentales. De esa advertencia se infiere que la solución a la profunda crisis generada por el fraude electoral no devendrá de la auditoría que practica la OEA, sino de una concertación política que anule las elecciones y convoque a nuevos comicios.
Es inaceptable e incluso oprobioso pretender reconocer efecto vinculante a una simple auditoría administrada por 30 funcionarios internacionales, habiéndole negado imperio a la propia Constitución Política (art. 168) y al referendo del 21 de febrero de 2016, mandatos de incuestionable e insoslayable supremacía.
Lo cierto es que la confianza de los bolivianos en la Secretaría General de la OEA se ha roto después que Luis Almagro, a través de una declaración coludida con el Gobierno, aseveró que “no permitirle a Evo Morales postular a la reelección sería absolutamente discriminatorio”. Después de esa afirmación, cuyo efecto vulneró la Constitución Política Boliviana, el 21 F y la Convención Interamericana de Derechos Humanos, ni el gobierno ni el Secretario Luis Almagro pueden pretender que los bolivianos den fe a sus acuerdos.
Es fundamental que la OEA y la comunidad de países amigos midan en su verdadera dimensión las consecuencias de este fraude electoral. Minimizar esto entraña el peligro de acunar otra Venezuela en la región, con derivaciones inimaginables, no sólo para Bolivia, sino para el entorno que la rodea.
El pueblo invoca de todos los actores la debida transparencia y el respeto a la voluntad popular.
Karen Longaric R. es profesora de derecho internacional en la UMSA.
