Las redes sociales se han convertido en un canal muy interesante para hacer denuncias y viralizarlas. Desde entonces, los incidentes aéreos no pasan desapercibidos y son denunciados, incluso, en tiempo real.
Algo similar ocurrió esta semana con Boliviana de Aviación (BoA), cuando en Facebook se viralizó una denuncia sobre un incidente aéreo en el vuelo OB-583 que salió desde el aeropuerto Alcantarí.
Inmediatamente, algunos medios informaron que podría tratarse de un daño en las turbinas, hecho que fue desmentido por la empresa estatal en un comunicado en el que amenaza con procesos legales a quienes difundieron la “información falsa”, pero sin aclarar que fue lo que realmente ocurrió con el vuelo OB-583. El comunicado contradijo, además, el reporte del comandante Departamental de la Policía de Chuquisaca, Alberto Ramiro Paniagua.
El problema no radica en averiguar qué ocurrió en este incidente, sino en los que podrían ocurrir si las autoridades competentes no aplican los ajustes necesarios para evitar algún problema aéreo de magnitud. La seguridad operacional en Bolivia es altamente cuestionable si la empresa que monopoliza el mercado aéreo recibe constantes denuncias.
Llama la atención que el presidente Evo Morales reconociera «problemas estructurales» que afectan a BoA, mientras la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) minimiza la situación. Según el reporte de la unidad de Investigación y Prevención de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil, en 2018 sólo se reportaron 15 casos, de los cuales dos corresponden a líneas aéreas.
Es evidente que los niveles de registro de incidentes y accidentes de la DGAC se contradicen con las denuncias que los usuarios hacen recurrentemente a través de las redes sociales y lo peor de todo es que la ciudadanía queda expuesta a riesgos por falta de mayor control y sanciones drásticas.
