53 días de guerra interna unilateral, no fueron el inicio de un proceso conspirativo en contra de la democracia, fueron el efecto de la agonía de los residuos del autoritarismo instaurado hace mas 20 años atrás.
La estrategia del desgaste exigió de los bolivianos un sacrificio extremo y heroico, cuyas consecuencias políticas, sociales, económicas y morales aún no han sido evaluadas ni merecido un plan de contingencia que responda a sus consecuencias.
El gobierno se regodeó suponiendo que con solo desbloquear los caminos, todo estaba resuelto, que era más que suficiente para que el país vuelva a cobrar cierta normalidad, no aquilató que al haberse aislado el núcleo conspirativo e identificados con claridad sus lideres y aliados debía dárseles el golpe de gracia para que no haya posibilidad alguna de que en el futuro prosigan con su labor violenta en su intención de prolongar el fracaso del estado plurinacional que evita un cambio estructural.
El gobierno sigue en la linea cortoplacista carente de una visión articuladora de todos los factores, no comprende que la crisis no esta para parches y que debe ser atacada de manera integral con medidas políticas, sociales, económicas y morales.
La constatación de lo afirmado se produjo pocos días después de dictado el estado de excepción, en Villa Tunari un grupo afín de Evo Morales tomó instalaciones de UMOPAR indicando que reinician el bloqueo, luego dicen que es vigilia, para proteger al perseguido de la justicia, declarándose por decisión propia en cómplices y encubridores de los delitos cometidos por su jefe, de tal modo, vulneran lo dispuesto por el Decreto Supremo 5636 y la ciudadanía sigue sometida a la incertidumbre.
El ataque a UMOPAR fue en defensa de Morales pero también del perverso circuito del negocio del tráfico de drogas que fomenta y financia la conspiración, develando por enésima vez el nexo existente entre ambos.
Está claro que para combatir la economía de la coca-cocaína se requiere, inevitablemente, del uso de la fuerza y algo más. No sólo es coacción, porque como señala Hannah Arendt, la política desaparecería, de ahí que para liberar a Bolivia del yugo dictatorial conspirativo narcodelincuencial, se debe cerrar el circulo implementando una estrategia integral, que restablezca la ´presencia soberana del estado boliviano en el Chapare, se detenga a Evo Morales en cumplimiento de disposiciones emergentes de autoridades judiciales y se adopten políticas que reemplacen la economía de la coca-cocaína por una economía surgida desde el estado, cuyo propósito no puede ser otro que recomponer vínculos, valores, normas y prácticas democráticas entre los bolivianos.
Como resultado de ello se reconstruiría todo el andamiaje institucional recreador de la república y de la nación como factores cohesionadores de una sociedad fracturada.
El estado debe cobrar mayor protagonismo con decisiones oportunas, es hora de que los conductores políticos asuman su rol sin dubitaciones ni rezagos, la ciudadanía puso todo de su parte y no se le puede pedir mayor sacrificio, la estrategia del desgaste ya no es pertinente.
Paz Pereira no debe olvidar que le quedan cuatro años y algo más de gestión, los tiempos corren y lo obligan a responder con mayor prontitud y dejar sentadas las bases de un futuro democrático, urge que implemente un plan quinquenal que mire el horizonte, evitando medidas parciales que evadan una visión de periodo.
El escenario es complejo, rebrota la crisis de los hidrocarburos, el narcotráfico cobra nuevo protagonismo, el sector productivo está destrozado, la reactivación economica se deja esperar, no contamos con un cuerpo diplomático que represente al país, varios exfuncionarios y políticos bolivianos se ven comprometidos con escándalos de corrupción, los presos políticos del régimen anterior están abandonados a su suerte, en contrario se guarda consideración con los autores de delitos de lesa humanidad que no sufren las consecuencias de sus actos, la imagen del país no es saludable.
La paciencia ciudadana se agotó y exige del gobierno la toma de decisiones a tono con el nivel de las circunstancias, hasta aquí llego el aguante.
Los 53 días han marcado el periodo, el ciudadano no puede dar un minuto mas de su sacrificio ni el gobierno pedirlo.
